Por: German Rodriguez Bustamante…
En contextos de crisis, como ocurre en Venezuela, el sector informal y las actividades paralelas a menudo actúan como mecanismos indispensables de supervivencia y acceso a bienes básicos para la población. Estos regímenes secuestran el Estado y buscan con ello controlar todos los aspectos de la producción y distribución. En ese marco inevitablemente surgen medios paralelos que actúan como mecanismos de supervivencia y, paradójicamente, demuestran la persistencia de las leyes de oferta y demanda, a pesar del control ejercido. Es una respuesta inevitable a la escasez, el control de precios y la represión de la iniciativa privada. Los enfoques modernos sobre la economía paralela e informal, pasaron de verla como un simple problema de evasión, a entenderla como una respuesta estructural a las fallas del Estado.
La informalidad no es un problema de delincuencia, sino una reacción a un sistema legal hostil, ineficiente y corrupto. Por definición, la economía paralela busca mantenerse oculta de las autoridades estatales para evadir impuestos o regulaciones. Schneider postula que, dado que no se puede medir de forma directa a través de encuestas confiables o auditorías, la única manera de conocer su tamaño real, es rastreando las huellas o síntomas que deja en la economía real. El Enfoque parte de la premisa, que las transacciones en la economía paralela se realizan casi en su casi totalidad, utilizando dinero en efectivo para no dejar registros bancarios. Utiliza ecuaciones econométricas para medir el exceso de demanda de billetes y monedas en circulación. Si la demanda de efectivo es mucho mayor de lo que justifican las variables oficiales como el PIB legal, las tasas de interés o el uso de tarjetas de crédito, Schneider atribuye ese excedente directamente a la actividad del mercado negro y la evasión fiscal. Las investigaciones de Schneider confirman que el tamaño de la economía paralela, crece de manera directamente proporcional al aumento de la carga tributaria, las contribuciones a la seguridad social y la burocracia laboral.
Economistas como Dominik Enste y Leandro Medina, advierten que intentar eliminar al 100% la economía informal, puede destruir el espíritu emprendedor. Sostienen que gran parte del dinero ganado en el sector informal, se gasta inmediatamente en la economía formal, actuando como un amortiguador social en tiempos de crisis. La CEPAL aborda la economía paralela, bajo el concepto estructural de heterogeneidad estructural, argumentando que no se trata de un simple problema de evasión fiscal individual como plantea Schneider, sino de una consecuencia directa del modelo de desarrollo desigual de la región. La realidad es que al no generarse suficiente dinamismo económico estructural, ni inversiones productivas de gran escala, el mercado formal es incapaz de absorber a la fuerza laboral. En consecuencia, la economía informal y paralela funciona como una válvula de escape de subsistencia, generando empleos de muy baja o nula productividad.
En algunos países aparece una nueva realidad, la CEPAL advierte que el auge del crimen transnacional y las economías ilícitas, debilitan de manera directa la gobernanza, distorsionan el Estado de derecho y restan credibilidad internacional a las instituciones del continente. Venezuela muestra la mayor cantidad de flujos financieros ilegales y una economía criminal regional. Los estudios evalúan cómo las actividades ilícitas, desvían recursos del desarrollo, generan pérdidas tributarias y distorsionan los mercados legales. El organismo advierte que los capitales provenientes de la delincuencia organizada, lavan recursos en sectores como el inmobiliario, el comercio y el turismo. Producen efectos de corto plazo, que imprimen un dinamismo económico, generando empleos en zonas marginales, pero producen fuertes distorsiones en la competencia y el alza de precios.
Algunos estudios privados realizados durante estos 26 años, muestran como las rentas ilícitas generadas principalmente por el negocio ilícito del oro, el narcotráfico, el contrabando de combustible y la extorsión, llegaron a representar más del 15 % del PIB venezolano. En este momento por la presión y el seguimiento de la tutela, ha disminuido, sin embargo la estructura cambió y se instala en negocios de consumo masivo, líneas de hogar y vehículos. Los recursos acumulados por años de economía ilícita, difíciles de ser colocados en mercados financieros internacionales. Son utilizados para financiar negocios de consumo a nivel nacional, ofreciendo productos importados que sirven como grandes lavadoras, alimentando una economía paralela. Consumidores integrados por élite gobernante, funcionarios cercanos con salarios dolarizados y comerciantes integrantes de esta nueva economía. Marginalmente en el esquema quedan los asalariados públicos, con ingresos bonificados quienes realizan ejercicios de malabarismo financiero, utilizando plataformas de financiamiento para adquirir, lo que su perfil le permite.
Los capitales inyectados en circuitos comerciales legales, como el sector inmobiliario, automotriz de lujo o bodegones, generan un dinamismo comercial superficial. Esto eleva artificialmente el costo de vida en divisas, sin traducir ese dinero en inversión productiva real ni en empleos de calidad. El flujo de divisas en efectivo proveniente de rentas ilícitas, estimula un mercado transaccional opaco e informal que escapa al control cambiario y de las estadísticas oficiales del Banco Central de Venezuela. A pesar de la presencia en el territorio de funcionarios americanos, regiones funcionan bajo el control paramilitar de sindicatos mineros y grupos armados irregulares. Estos actores dictan sus propias leyes de facto, gestionan la seguridad e imponen el oro, como la única moneda de cambio válida para la subsistencia.
En concreto, mientras un sector minoritario ligado a las élites económicas e intermediarios de esta economía ilícita, se benefician de estas rentas, la gran mayoría de la población cuyos salarios o pensiones están desvalorizados, enfrenta dificultades extremas para cubrir la canasta alimentaria en una economía dolarizada bajo dinámicas especulativas. La mesa de negociación debería abordar este drama social, antes de exigir el manejo de activos extranjeros, por una estructura acostumbrada a moler todo lo entre en el trapiche de la corrupción y destrucción. La necesidad de ventilar los saqueos es también una urgencia de la mesa, no se puede utilizar para ocultar y olvidar lo robado y a los ladrones.
@germanrodri
17-08-2026
