Esta restricción forma parte de una prueba piloto implementada en agosto del año pasado. La norma afecta principalmente a solicitantes de países de África occidental y oriental -como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda-, además de cuatro naciones de América: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela, reseñó Efe.
Los funcionarios consulares -según el documento oficial- tendrán la discreción de fijar el monto exigido a cada postulante. Los fondos serán custodiados por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, organismos que reembolsarán el dinero una vez que el visitante abandone EE UU dentro del plazo autorizado.
Impacto en la concesión de visados
El gobierno justificó la medida como un esfuerzo central para frenar la inmigración no reglamentada en países cuyos nacionales suelen sobrepasar el tiempo de estancia permitido. De acuerdo con el balance del Departamento de Estado, el programa ya ha generado impacto directo en el flujo de solicitudes durante su primer año de prueba:
- Abandono de trámites: De 20.000 solicitudes identificadas para el pago de fianza, la mitad de los aspirantes decidió desistir del proceso.
- Caída en aprobaciones: La exigencia económica derivó en una reducción del 83 % en la emisión de visas de turismo y negocios en las naciones incluidas.
Rechazo de organizaciones civiles
Pese a los argumentos de la administración estadounidense, activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes cuestionaron la norma al considerar que impone un filtro discriminatorio. Colectivos denunciaron que estas fianzas levantan una barrera económica desproporcionada para acceder a vías legales de ingreso, afectando de forma directa a ciudadanos procedentes de países en desarrollo.
31-07-2026
