Por Andrés E. Mora M…
Todo hace pensar que el bochinche rojo-rojito alrededor de la inauguración del «Estadio de Béisbol de La Guaira» – en principio denominado «Carlos “Café” Martínez», pero al que súbitamente decidieron cambiarle el nombre – finalizará mañana, 5-E, a las 4:00 pm cuando se presume se realicen – ¡por fin! – los actos protocolares de su apertura formal. La información de Jorge Luis García Carneiro, gobernador del otrora estado Vargas – entidad que fue objeto, como el nuevo coso deportivo o el país mismo, de la política de cambio de identidad implementada por la pesadilla «revolucionaria» desde su inicio, práctica común en el CNE desde la época que lo presidió «Jorgito», aunque más perversa y sofisticada por tratarse de casos de múltiple identidad que han abultado el REP y ¡los votos oficialistas, también! – fue suministrada a través de un video insertado en un «tweet» que envió el 27-D. Sin embargo, no fue el primer anuncio que en ese sentido hizo el militar retirado. Fue el tercero, los dos anteriores finalizaron en glamorosas «echadas de carro».
Pero ese «despelote» no es nuevo. Viene de atrás, casi desde que se «colocó la primera piedra» en diciembre 2012. “El Estadio de Tiburones en Vargas fue prometido por Maduro y Carneiro para finalizar en 2015, 2 años y 20 millones de dólares después, no existe”, expresaría el 29-09-2017 vía «Twitter» el diputado Juan Guaidó, para entonces presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN. Recordaría a través de la popular red social, el ahora presidente interino, que las obras comenzaron en el primer trimestre de 2013 con un anticipo de Bs. 350.000.000.
La situación con el estadio «litoralense», nos rememora a lo ocurrido con la ejecución de las obras de la Copa América que tuvo a Venezuela como sede en el 2007. En aquella ocasión, se partió con un presupuesto inicial de unos US$ 40 millones que, con los órganos contralores del momento «haciéndose de la vista gorda», se disparó a US$ 900 millones, monto que convertiría, por mucho, a la edición criolla en la más costosa en la historia de esta competición hasta la fecha. En esta oportunidad, habiendo sido declarada en desacato la AN por el ilegítimo TSJ – una de las tantas decisiones emanadas de esa institución secuestrada por la inmoralidad que, además de abonar el camino a la ilegitimidad del usurpador, ha abonado con mucho esmero el de la corrupción – y ante una Contraloría General de la República dedicada solamente a inhabilitar opositores, los gobernadores oficialista no le rinden cuentas a nadie. Así las cosas, el escenario es más que propicio para que – «hechos los Willy May» – suceda un incremento desproporcionado del monto presupuestado.
Se hace evidente, entonces, que la tardanza en la ejecución de las obras e inclusive, más común aún, su no culminación, es – junto a los escandalosos sobreprecios – una cuestión rutinaria en el «Socialismo del siglo XXI» carcomido como está, «de cabo a rabo», por la corrupción más dantesca conocida por la humanidad. Hay infinidad de casos que ejemplifican muy bien la voracidad de este flagelo en cualquier área, señalaremos dos icónicos en la de infraestructura. El primero se refiere al sector eléctrico. El segundo a Odebrecht. En cuanto al primero, un informe presentado por Transparencia Venezuela en noviembre de 2018, es elocuente: “…entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones para aumentar la generación termoeléctrica. Solo en esos casos se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones”. Con respecto al segundo, Juan Guaidó en una entrevista concedida a la Agencia Anadolu el 18-08-2018, fue contundente: “El daño patrimonial ocasionado por la constructora brasileña asciende a los 30.000 millones de dólares”. Igual de categórico había sido días antes el TSJ en el exilio al condenar a 18 años y tres meses de prisión al usurpador “por incurrir en los delitos de corrupción y legitimación de capitales por el caso de corrupción”, además de tener que resarcir US$$ 35 mil millones al Estado.
Es satisfactorio saber que, al menos, Odebrecht no esté involucrada en el nuevo estadio. Pero, según «tweet» de Roberto Deniz, las empresas de Alex Saab, sí. ¡Qué vaina! «Si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz».
Es indudable que la corrupción – precursora de la Emergencia Humanitaria Compleja que padece Venezuela desde hace más de un par de años y que tantas vidas ha costado – es la «marca registrada» de la gestión «revolucionaria» de estos 21 años. Teniéndola como aliada, el usurpador ha comprado conciencias y garantizado lealtades. Empero, fracasó en su intento de chantajear un número relevante de diputados de cara a la elección de la Junta Directiva de la AN a realizarse mañana. Apenas un minúsculo grupo de ellos se dejó seducir por el millón de dólares ofrecido. Las otras alternativas usadas, la intervención del TSJ – anulando las modificaciones del RIDE y allanando inmunidades parlamentarias – y el amedrentamiento policial, tampoco funcionaron. Por el contrario, la desaparición forzosa del diputado Gilber Caro y del periodista Víctor Ugas, de manos de una comisión conjunta Faes-Sebin el 20-12-2019, ha puesto en alerta, una vez más, a la mirada escrutadora de la comunidad internacional.
De tal manera que, a diferencia de la incertidumbre que rodea la inauguración de mañana, la reelección de Juan Guaidó como presidente de la AN es inminente. Y eso tiene nervioso al régimen usurpador. El 2019 vio su margen de maniobra disminuir ostensiblemente como consecuencia del interinato de Guaidó y sus alianzas internacionales. El 2020 pinta, al ser reelegido el responsable de su arrinconamiento, como el de la estocada final para escucharle decir «¡A correr piojo que llegó el peine!».
(٭) Prof. Titular jubilado ULA – Cronista deportivo
aemora@gmail.com, @amoramarquez
