Por Andrés E. Mora M…
“Caribear” es uno de los tantos venezolanismos aceptados por el Diccionario de la Lengua Española – modismo incorporado en la 22da edición de esta importante obra, año 2001, junto a un gran número de voces y acepciones del español de América – que de acuerdo al contexto en que aparezca puede significar: 1) ejercer dominio sobre alguien, o 2) engañar con astucia o picardía a alguien.
Asimismo, el Diccionario de venezolanismos elaborado por Daniel Castro Pumarega – un interesante aporte que consiste en “un pequeño tratado de las palabras y expresiones venezolanas más comunes y cotidianas”, como él mismo expresa – lo define como “apabullar, abusar de algo o alguien por su débil condición”. Definición esta que nos recuerda uno de los muchos consejos que nos dio nuestro padre cuando éramos muy pequeños, hace ya mucho tiempo: “No se dejen «caribear» por nadie y si tienen que darle su «coñazo», no lo piensen dos veces”.
Y es que “caribear” es lo que, precisamente, ha estado haciendo el régimen en sus casi 24 años de infeliz existencia para el pueblo venezolano, así lo demuestra la migración de más de 7 millones de paisanos. De ahí que no es de extrañar, entonces, su premeditada intención de “caribear” a su contraparte en el diálogo que, desde el lunes, 30-E, en la isla de Margarita, sostiene con los representantes de la OIT, empresarios y sindicalistas sobre incremento salarial y condiciones adecuadas de trabajo. Veamos.
El miércoles, 1-F, el economista José Guerra tuitearía un breve resumen de lo acontecido hasta entonces: “1. El Gobierno ha tenido una posición negada al aumento salarial argumentando que no tiene dinero. Ello ha sido desmontado por los técnicos de la oposición. 2. Los representantes de Maduro (Francisco Torrealba) no salen del ritornelo de las sanciones ante la falta de argumentos. 3. Han propuesto otorgar unos bonos sin precisar el monto. Los cuales han sido rechazados por los sindicatos”.
Con respecto al punto uno, recordemos que el mismo Guerra, el pasado 26-E, afirmaría vía Twitter: “Sí hay cómo financiar un aumento salarial del sector público como mínimo de $100 mensuales para pensionados del Seguro Social y trabajadores activos”, luego de estimar – partiendo de “supuestos razonables”, debido a la imposibilidad de obtener números “dado el oscurantismo estadísticos en Venezuela” – que ingrese al país un total de US$ 28.700 millones en 2023.
En cuanto al punto dos, y el trillado «cuentico» de las sanciones como responsable de la crisis argumentado por el ministro Torrealba – funcionario cuya credibilidad quedó, por lo menos, en «estado comatoso», al declarar en diciembre que el sueldo de los ministros ronda los Bs 700 –, dejamos a consideración de ustedes, amigos lectores, la conclusión del informe Sanciones internacionales, publicado por Transparencia Venezuela en 2020:
“Las sanciones han puesto un freno al abuso sin límites de los recursos públicos en Venezuela. Cabe recordar que entre 1999 y 2018 el gobierno dispuso de alrededor de un billón de dólares (USD 1.000.000.000.000). Si se compara esta cantidad con los ingresos brutos dejados de percibir después de las primeras sanciones, según las estimaciones de Luis Oliveros, USD 33.000 millones, representa 3% de los recursos administrados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es una importante cantidad en un país arruinado, pero insignificante en relación a la magnitud del despilfarro, ineficiencia y gran corrupción, que dejaron sin oportunidades a la mayoría de la población”.
No es casualidad, entonces, que en el “Índice de Percepción de la Corrupción 2022”, publicado por Transparencia Internacional desde Berlín el 31-E, Venezuela siga siendo percibida como el país más corrupto de América, al ocupar el puesto 177, entre 180 naciones, con solo 14 puntos de cien posibles. Únicamente Somalia (12), Siria (13) y Sudán del Sur (13) tienen peor desempeño. La gestión pública cleptocrática, ineficiente y autoritaria del régimen venezolano no deja margen de dudas.
La malversación de recursos, opacidad y ausencia de rendición de cuentas se encuentran corroborados en otro trabajo de investigación de Transparencia Venezuela: “Obras inconclusas”, https://transparenciave.org/obrasinconclusas/. Los resultados dan cuenta de la existencia de 246 obras sin concluir, en 22 estados de Venezuela, en los últimos 23 años. En 153 de ellas, es decir en el 62,19% del total, se han invertido US$ 316.023.985.748, cifra que representa 7 veces las estimaciones del PIB en Venezuela para 2021, de acuerdo con consultoras privadas, reseña el informe.
Los top 5 de obras inconclusas por sector son: hidrocarburos (US$ 113.780.034.286), salud (US$ 63.504.102.891), transporte (US$ 53.088.327.794), energía (US$ 20.043.135.885) y vialidad (US$ 16.934.570.949). Los top 5 por estado son: Lara 66 obras, Barinas 45, Zulia 22, Bolívar 21 y Mérida 17.
Entre las obras paralizadas para la fecha en que se publicó el informe, mediados 2022, estaba el Estadio Monumental Simón Bolívar, una de las dos sedes de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023.
Sin embargo, el régimen priorizó la finalización del majestuoso coso de La Rinconada – que albergó 35.691 aficionados, récord de asistencia en la historia de la segunda etapa del torneo, en el triunfal debut de los gloriosos Leones del Caracas, equipo del cual es fanático el buen amigo de esta columna, «capellán melenudo» y nuevo Arzobispo Metropolitano de Caracas, Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, a quien vimos enfundado en una cachucha del campeón venezolano en un tuit de @leoperiodista – por delante de la culminación de alguna de las 27 obras paralizadas del sector salud, que incluye 15 hospitales y dos Centros Nacionales Oncológicos.
Hoy, 4-F, Día Mundial Contra el Cáncer, el régimen no inaugurará centro oncológico alguno. Por el contrario, celebrará la nefasta «inoculación», en 1992, de aquel «cáncer» que esta acabando con Venezuela… Así pues, monta la Serie del Caribe “a todo trapo”… “caribeando” salario y salud…
Prof. Titular jubilado ULA – Cronista deportivo
aemora@gmail.com, @amoramarquez
04-02-2023
