Por: Angélica Villamizar
En Venezuela el derecho a la alimentación no está siendo garantizado, millones de venezolanos no pueden adquirir alimentos que les proporcionen una dieta balanceada, a razón de la crisis que atraviesa el país y el inmenso déficit acceso económico de la mayoría, y así lo indican las cifras rojas de estudios de organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos (2020) o la encuesta Encovi, que afirman que hay desnutrición especialmente en niños y adultos mayores.
El Derecho a la Alimentación es vulnerado cuando el grupo familiar no puede consumir todos los alimentos indispensables para satisfacer sus necesidades nutricionales.
Desde hace varios años, la mayoría de los habitantes de los sectores populares, simplemente esperan por una bolsa de alimentos subsidiados, para poder completar de alguna manera sus comidas diarias.
En el país, estos alimentos son distribuidos a través de programas sociales que, en teoría, están destinados a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable y que son desarrollados por el Estado, para garantizar entre otras cosas, el mínimo riesgo de desnutrición de la población venezolana.
Actualmente, uno de estos programas que continúa en vigencia es el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que es una forma de organización popular creada para estar encargada de la distribución de los productos regulados de primera necesidad en sectores populares del país. Es un sistema de distribución de alimentos que arrancó el 12 de marzo de 2016, y que según las autoridades cumple con lo dispuesto en el Plan de la Patria 2019-2025. Por tanto, este programa se convirtió en política alimentaria para paliar el hambre, especialmente de las personas que residen en los sectores populares del país.
Sin embargo, los alimentos que vende este comité a precios solidarios no garantizan una buena alimentación, ya que lo que distribuyen es harina precocida, azúcar, arroz, pasta y granos. En efecto, la última entrega en algunos sectores del municipio Libertador de Mérida durante el mes de mayo contenía 5 kilos de arroz, 1 kilo de pasta, 1 kilo de azúcar, 3 hilos de harina y 900g de granos. No se distribuye, frutas ni vegetales, ni mucho menos proteínas como carne, pollo o huevos.
Por otra parte, es un programa que en muchas ocasiones excluye, porque sólo aquellos que están registrados en el sistema Patria y que poseen un carnet pueden adquirir los productos, sin respetar los criterios de distribución establecidos al momento de iniciar el programa, que solían ser a las personas más vulnerables y en riesgo de desnutrición, sin distinción de ningún tipo.
Sobre este tema, en el año 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo en un informe que el programa CLAP no cumplía con ciertas normas vinculadas con el derecho a una alimentación adecuada, ahora que la bolsa contiene menos cantidad de alimento que al inicio de la creación de este programa, tampoco se cumple con los estándares establecidos.
Además, la producción interna quedó solo en el nombre del Comité, puesto que la mayoría de los alimentos todavía son importados de países como, Turquía, Guyana y Brasil.
Por todas estas razones, se puede afirmar entonces que el Derecho a la Alimentación en Venezuela está comprometido, a causa de la existencia de una dieta deficiente en nutrientes, que además, según lo que dicen los beneficiarios, los alimentos que reciben del clap son de mala calidad, algunos han manifestado malestar a raíz del consumo de la harina de maíz, situación que afecta el estado nutricional de las personas que la consumen.
Es necesaria la exigencia por parte de la ciudadanía a un control y mejoramiento de este programa, plan o política de Estado, que realmente resuelva el problema de la mala alimentación que sufren los venezolanos.
Correo: amvs286@gmail.com
16-06-2022 (82)
