En el complejo entramado de la crisis humanitaria compleja venezolana, pocas políticas han generado tanto debate y han tenido un impacto tan profundo en la cotidianidad del ciudadano como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Creados en 2016 bajo una narrativa de «emergencia económica» y «soberanía alimentaria», el CLAP no es una política alimentaria, sino que se ha caracterizado por ser un sofisticado mecanismo de control político.
El Estado venezolano tiene obligaciones claras consagradas en el artículo 305 de la Constitución y en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estas obligaciones exigen respetar, proteger, garantizar y promover el acceso a una alimentación adecuada. Sin embargo, la operatividad del CLAP constituye una vulneración sistemática de estos mandatos. Como señala el abogado Angello Peña, investigador del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, la seguridad alimentaria requiere disponibilidad, accesibilidad, adecuación y sostenibilidad. Por el contrario, el CLAP falla en todas estas dimensiones, un ejemplo de ello es que la disponibilidad es artificial y se caracterizó por mucho tiempo por ser dependiente de importaciones desde países como México, Turquia, Brasil, Guyana, que llegaron a representar el 80% del contenido de cada bolsa de alimentos distribuidas a las comunidades; la accesibilidad ha estado sujeta a la discrecionalidad política, la adecuación nutricional es inexistente y la sostenibilidad es nula debido a la opacidad y corrupción que rodeó al programa, estas irregularidades fueron detectadas por investigaciones de la organización Transparencia Venezuela.
Lo que el Estado presentó como una «ayuda» es, en términos técnicos, una «ración de supervivencia» que socava la dignidad de la persona al tratar el hambre como una oportunidad para la caridad estatal y no como un derecho exigible.
Es alarmante ver la transformación de la comida en un instrumento de coacción política. La literatura y los testimonios coinciden en calificar al programa como un mecanismo de «clientelismo y patronazgo». El clientelismo aquí no es accidental, es el diseño mismo del programa. Al delegar la distribución en activistas del partido (UBCH y Consejos Comunales), el Estado creó una red de vigilancia microlocal donde el acceso a las calorías depende de la lealtad política.
El término «apartheid alimentario», acuñado por la organización Provea y retomado por la economista Christi Rangel, describe con precisión esta realidad. Dicha noción alude a la exclusión de personas del acceso a la distribución de alimentos por razones partidistas. En la implementación de este programa alimentario, se evidenció una exclusión deliberada de ciudadanos basada en motivos ideológicos o en la falta del denominado «Carnet de la Patria». Aunque esta práctica fue perdiendo intensidad con el tiempo, no solo constituyó una violación del derecho a la alimentación, sino que también desmanteló los fundamentos mismos de la ciudadanía, transformando al sujeto político en un dependiente del Estado que debe intercambiar su autonomía por una bolsa de carbohidratos. El uso electoral del programa, documentado mediante la entrega de alimentos a la salida de los centros de votación y el monitoreo de la asistencia a las urnas, evidenció que el CLAP se había consolidado como una maquinaria política paralela, incrustada en el entramado de control social.
El impacto más doloroso de analizar es el daño irreversible al capital humano. El Dr. Jorge Alvarado médico pediatra fue enfático en explicar que el cuerpo humano puede producir carbohidratos a partir de grasas, pero no proteínas a partir de harinas. La dieta del CLAP, compuesta casi exclusivamente por carbohidratos refinados y procesados, con proteínas de bajísimo valor biológico (como la mortadela enlatada o granos de difícil absorción), creó una población «falsa» en términos de salud.
Fuentes indican que el programa sirvió como una plataforma de enriquecimiento para una élite en el poder y sus intermediarios, mediante compras a sobreprecio, productos de baja calidad nutricional y la triangulación de pagos con petróleo. La definición de Venezuela como un «Estado cleptocrático», donde los gobernantes capturan las instituciones para enriquecerse y mantenerse en el poder, encuentra en el CLAP uno de sus ejemplos más depurados. La opacidad es la norma, no hay presupuestos públicos, no hay rendición de cuentas y cualquier intento de contraloría ciudadana es bloqueado por la naturaleza misma del programa.
Incluso la constitucionalización del CLAP en 2018 es vista por los expertos como un acto de propaganda y manipulación mediática para blindar un modelo clientelar y opaco, sin que ello haya mejorado en absoluto la seguridad alimentaria de la población.
El CLAP ha agotado su función de manipulación política y hoy es un programa en declive, caracterizado por la intermitencia y la pérdida progresiva de contenido. Sin embargo, el daño social ya está hecho.
La solución no pasa por mejorar el CLAP, sino por formular una política alimentaria basada en derechos, transparencia y ciencia nutricional. En ese sentido, una hoja de ruta para la reconstrucción nacional debe empezar por cuatro acciones fundamentales: primero, una focalización extrema que atienda prioritariamente a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores en situación de abandono mediante programas diseñados por expertos en nutrición, como comedores escolares y sistemas de asistencia directa; segundo, la institucionalización, que implica recuperar la transparencia, publicar estadísticas oficiales y permitir la auditoría ciudadana junto con el monitoreo de organismos internacionales; tercero, la despolitización, es decir, desvincular absolutamente el acceso a los alimentos de cualquier carnet, militancia o vigilancia partidista; y cuarto, el incentivo a la producción local, pues en lugar de importar cajas de Turquía o México, se debe fomentar la producción nacional de proteínas frescas (huevos, carne, leche), lo que generaría empleo y una dieta realmente adecuada.
El derecho a la alimentación es el derecho a la vida, y en Venezuela, ese derecho sigue siendo una asignatura pendiente y una deuda histórica que debemos saldar con urgencia académica y moral.
Pltga. Angélica Villamizar
Investigadora en Ciencias Sociales
IIES-ULA
10-05-2026
