Por: Angélica Villamizar…
Casi toda la información que está en manos del Estado es pública, por lo tanto, el ciudadano debe conocerla sin necesidad de pedirla y si la solicita, quien la maneja, debe compartirla sin ningún tipo de trabas. Incluso, el acceso a la información pública, según instrumentos legales nacionales e internacionales, es un derecho fundamental para todos los ciudadanos que deseen buscar y recibir información y datos que maneje el sector público.
Sin embargo, en Venezuela éste es un derecho que ha sido muy vulnerado, y urge la necesidad de contar con instituciones transparentes que garanticen el acceso y que estén prestas a atender a las solicitudes de información de los ciudadanos. Para ello, es fundamental que se modifiquen las leyes, para garantizar el derecho de cada uno a recibir la información solicitada.
Una de las ventajas de que se esté bien informado y que se cuente con datos y cifras verdaderas, es que ayuda a que se tomen mejores decisiones, además hace que la función pública sea más transparente. Para ello, toda institución pública, tiene la obligación de facilitar la información que es solicitada por un ciudadano u organización de la sociedad civil, y no por eso el funcionario debe sentirse amenazado.
La opacidad en la información que es pública debe erradicarse, debemos exigir que la información que se nos da sea oportuna y veraz. Es importante que los que manejan los recursos públicos nos mantengan informados de cuánto se invierte en cada uno de los sectores sociales, ya que toda información en poder de las autoridades públicas debe estar sujeta a la divulgación, y también sirva para que haya coparticipación con los ciudadanos en la toma de decisiones.
La desinformación causa daño, por ejemplo, durante la pandemia por el Covid-19, la mejor opción que tenemos los ciudadanos es conocer la situación real de lo que está sucediendo, con cifras reales, sin embargo, sucede todo lo contrario; a diario vemos cómo los números oficiales no coinciden con los que ofrecen algunas organizaciones o grupos de la sociedad civil. Han sido reiteradas las denuncias por no contar con la información real. Asimismo sucede con la situación de los servicios públicos. Nadie nos informa la razón de las fallas en la distribución de agua potable, gas doméstico, electricidad e internet. No hay estadísticas confiables de ningún tipo. Además se amenaza a quienes intentan mostrar la verdad y en consecuencia se atenta contra la democracia y los derechos humanos.
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28-01-2021 (29)
