Por: Germán Rodríguez Bustamante*
Las crisis financieras ocurridas en Venezuela produjeron situaciones de insolvencias importantes en el sector bancario, que impidieron que las instituciones cumplieran sus compromisos con los clientes, fundamentalmente fueron consecuencia de un insuficiente control por parte de las instituciones responsable de la supervisión del sistema, esto promovió que las entidades se dedicaran ha actividades distintas a la intermediación financiera elevando los riesgos. Esto como consecuencia de realizar inversiones de muy lenta conversión en dinero que afectaron su liquidez, siendo vulnerables ante una corrida masiva de clientes. Adicional a estas circunstancias se sumo la escasa participación patrimonial de los banqueros, quienes al disponer de información privilegiada protegieron sus inversiones afectando a los ahorristas. Hasta el presente el estado ha adoptado varias formas para intentar resolver la crisis: una por vía de los auxilios financieros para hacerle frente a las obligaciones de las instituciones con los clientes; dos por la intervención a puertas abiertas, en la cual el banco sigue operando bajo la tutela de una nueva junta directiva nombrada por la superintendencia; tres intervención a puerta cerrada, el banco deja de operar comercialmente, la cual puede ser transitoria o definitiva. En todo caso el estado debe aportar recursos para proteger el ahorro de los ciudadanos.
En este contexto debemos reconocer que la superintendencia de bancos esta en mejores condiciones, para afrontar situaciones puntuales de insolvencia del sistema, de hecho en el mes de octubre de este año se presento una situación delicada que prendió las alarmas, ya que, los volúmenes de financiamiento interbancario diario, llego a niveles de 10.000 millones de bolívares y la tasa del overnigt alcanzo el 19 %, de acuerdo a las pocas estadísticas que publica el Banco Central de Venezuela; sin conocer las situaciones individuales lo cierto es que existían bancos con necesidades urgentes de dinero y otros dispuestos a prestar a esos niveles de interés; aparentemente el temporal fue superado, sin embargo es posible que en el corto plazo se pueda presentar nuevamente. Durante este año el ente emisor ha efectuado una masiva emisión de dinero inorgánico, para financiar gasto del gobierno central y PDVSA, el cual llego a su punto de irresponsabilidad mayor en la semana del 07 y el 14 de noviembre, al colocar en el torrente de dinero la cantidad de 106.660 millones de bolívares, razón por la cual la presión sobre los precios es bestial y de igual manera sobre el dólar paralelo que alcazo la cifra record de 150 bolívares por dólar el viernes 28 de noviembre; toda esa cantidad ha ido a parar en las entidades bancarias disminuyendo su posición patrimonial, sin que exista un mecanismo expedito para exigir a los banqueros reponer su patrimonio, en consecuencia puede producirse estrategias bancarias para captar que obligue a elevar el costo de la tasa overnigt nuevamente. La emisión de dinero inorgánico destruye el poder de compra del salario, colocando a los ciudadanos ante la disyuntiva, sí pagar las deudas o mantener el nivel de consumo postergando las obligaciones, incluyendo las bancarias, bien sean por vivienda, vehículos, línea blanca o marrón, independientemente del instrumento financiero utilizado; la sensación de ilusión monetaria se diluye en el momento que acudimos a los locales a adquirir los bienes, ya que los billetes se derriten ante los precios. Es posible mantener este coctel sin que esto tenga repercusión en el sistema financiero?, considero que la interrupción de flujo de dinero hacia los bancos para cancelar obligaciones, tanto personales, empresariales y corporativas, impulsadas por la contracción económica futura a partir del mes de enero, es a toda luces posible y viable. Lamentablemente este gobierno pondera las decisiones económicas y financieras con cristales políticos e ideológicos, sometiendo a todos los venezolanos a padecer las penurias, expresadas en: interminables colas ahora para comprar absolutamente todo; destrucción del poder compra del salario, convirtiéndonos en cazadores de ofertas de productos regulados; calificados como delincuentes, obligados a demostrar nuestra inocencia, ya que la arquitectura legal condena anticipadamente al ciudadano; presión de la delincuencia que obliga al retiro forzado en nuestras casas; mientras esto ocurre una elite corrupta actúa con total impunidad, sin que exista una ley, ministerio o estado mayor contra la corrupción que los sancione.
*Profesor Germán Rodríguez Bustamante
ULA-FACES
