Por: Angélica Villamizar…
Cuando se analiza el problema del hambre, América Latina y el Caribe presentan un panorama más preocupante de lo que suele asumirse. Lejos de la imagen de una región que “no pasa hambre”, los datos muestran que sus niveles de inseguridad alimentaria superan el promedio mundial y solo son inferiores a los de África. Diversos estudios revelan que una proporción significativa de la población ha experimentado situaciones como quedarse sin alimentos, reducir las porciones o saltarse comidas por falta de recursos económicos, lo que cuestiona narrativas complacientes sobre el bienestar alimentario regional.
Este deterioro no puede entenderse sin considerar el contexto macroeconómico. La inflación persistente y la incertidumbre económica han erosionado el poder adquisitivo de los hogares, particularmente en países como Argentina, Venezuela, Bolivia y Haití, donde episodios de inestabilidad cambiaria han sido recurrentes. En estos escenarios, el acceso a los alimentos deja de depender únicamente de su disponibilidad y pasa a estar condicionado por la volatilidad de los precios y la fragilidad de los ingresos.
En este marco, la encuesta FIES (Food Insecurity Experience Scale) ofrece una aproximación más compleja al fenómeno, al medir la inseguridad alimentaria desde la experiencia de los hogares. Este instrumento no solo captura la falta efectiva de alimentos, sino también la ansiedad asociada a la incertidumbre sobre su acceso. Así, una familia que aún logra alimentarse adecuadamente, pero teme no poder hacerlo en el corto plazo, también está clasificada como vulnerable. Esto permite visibilizar dimensiones subjetivas del problema que suelen quedar fuera de los indicadores tradicionales.
Sin embargo, la interpretación de estos datos debe considerar las condiciones sociopolíticas en las que se recogen. En contextos autoritarios o de alta vulnerabilidad social, el temor al estigma o a represalias puede llevar a subestimar las dificultades alimentarias que existen realmente. En consecuencia, el FIES no solo refleja la magnitud del problema, sino también la capacidad de las personas para expresarlo, lo que introduce un elemento adicional de complejidad en su análisis.
A pesar de esta evidencia, varios gobiernos de la región, en particular aquellos con orientaciones populistas, tienden a destacar avances basados exclusivamente en el indicador 2.1.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que mide la prevalencia de subalimentación. Este énfasis parcial conduce a diagnósticos incompletos, ya que ignora las dimensiones críticas de la inseguridad alimentaria. Reducir el hambre calórica mediante transferencias o programas asistenciales no equivale a garantizar una alimentación adecuada, estable y nutritiva.
Este error de diagnóstico tiene implicaciones directas en el diseño de políticas públicas. Mientras que la desnutrición calórica puede abordarse con intervenciones focalizadas, la inseguridad alimentaria experiencial exige respuestas estructurales, como estabilidad macroeconómica, generación de empleo de calidad y sistemas de protección social robustos. La falta de esta distinción limita la efectividad de las políticas y perpetúa las condiciones de vulnerabilidad.
La coexistencia de niños con retraso en el crecimiento y adultos con sobrepeso dentro de los mismos hogares, fenómeno conocido como desnutrición dual, ilustra con claridad la complejidad del problema. Este escenario refleja dietas de baja calidad nutricional, generalmente asociadas a alimentos ultraprocesados más accesibles económicamente, y pone en evidencia la insuficiencia de los enfoques tradicionales centrados únicamente en la cantidad de calorías.
Frente a este panorama, resulta imprescindible fortalecer los sistemas de medición, incorporando indicadores más precisos y frecuentes sobre antropometría y diversidad dietética. La articulación entre gobiernos, academia y organismos internacionales es clave para armonizar estas herramientas y comprender las causas estructurales de las disparidades en la región. Sin una medición adecuada, cualquier estrategia de intervención estará inevitablemente limitada.
En última instancia, la seguridad alimentaria debe entenderse como un derecho humano cuya garantía depende, en gran medida, de su correcta medición. Medir de forma incompleta conduce a exigir de manera insuficiente, y esto perpetúa una realidad en la que millones de personas no padecen hambre extrema, pero tampoco acceden a una alimentación adecuada. En este contexto, insistir en lecturas parciales del problema no solo distorsiona el diagnóstico, sino que también retrasa la implementación de soluciones efectivas.
El hambre en América Latina tiene múltiples dimensiones, y centrado únicamente en aquellas que resultan más favorables para el discurso político implica invisibilizar a millones de personas que viven en condiciones de inseguridad alimentaria severa. Reconocer esta complejidad no es solo un imperativo analítico, sino también una condición necesaria para avanzar hacia políticas públicas más justas y sostenibles.
21-05-2026 (169-2026)
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