La OIT solicitó la liberación de Rodney Álvarez y la cruel respuesta del Estado venezolano fue condenarlo a 15 años de prisión en un juicio vil plagado de irregularidades. Fueron diez años de prisión para doblegarlo y tratar sin éxito de obligarlo a admitir un crimen que no cometió. Al no lograrlo, lo condenaron sin ninguna prueba y con argumentos que irrespetan el más elemental Estado de derecho.
Para los trabajadores venezolanos es de primordial importancia que cesen las persecuciones contra la dirigencia sindical autónoma y que se cumplan las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en resguardo de la libertad sindical, porque solo así se podrá restituir la negociación colectiva y alcanzar el ansiado SALARIO DIGNO.
Pero el Estado venezolano se niega a respetar la libertad sindical y se burla de la OIT: No se han adoptado medidas legislativas o de otra naturaleza para garantizar la aplicación efectiva de los convenios concernidos de conformidad con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.
El gobierno sigue ignorando la sugerencia de derogar todas las normas que restringen o criminalizan el ejercicio de la libertad sindical. Al contrario, aumentan las leyes contrarias a las recomendaciones de la Comisión, como es el caso de la ley constitucional sobre los consejos de trabajadores o la ley del odio.
Tampoco el Consejo Nacional Electoral ha derogado las disposiciones que le han permitido secuestrar las elecciones sindicales. En la agenda legislativa de la Asamblea Nacional no aparece ningún proyecto que modifique la actual legislación y no hay ninguna intención de que el Proyecto de ley orgánica de libertad sindical, negociación colectiva y diálogo social sea sometido al procedimiento de discusión previsto en la Constitución. Al contrario, la Asamblea Nacional ha comenzado a discutir una serie de proyectos de ley que niegan los derechos de los trabajadores, como el proyecto de ley de zonas especiales.
La ausencia de mecanismos reales de diálogo social es evidente. No deja de ser llamativo que el órgano estatal para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores y que contempla presencia de los actores sociales en su directorio no haya sido incorporado a la comisión presidencial para la prevención y control del Coronavirus (COVID-19). Esa ausencia refleja claramente la política estatal de no querer ni siquiera escuchar a los actores sociales que están en primera línea luchando contra la pandemia.
El parapeto de diálogo social que ha montado el actual ministro del trabajo queda en evidencia al analizar la real política laboral del gobierno. Contratos colectivos celebrados con organizaciones sindicales oficialistas, que entregan los derechos más sentidos de los trabajadores, como es la discusión de un real aumento salarial. No hay diálogo social y menos, negociación colectiva libre y voluntaria.
El gobierno continúa desconociendo a la legítima dirigencia sindical. Ha impuesto un contrato colectivo para el sector salud y ni siquiera convocó a los sindicatos no oficialistas. De igual manera, discute un nuevo convenio colectivo para el sector universitario con una federación minoritaria y desconoce a todas las legítimas organizaciones de los trabajadores del sector.
El gobierno mantiene una política de persecución, hostigamiento e incluso detención de líderes sindicales en el ejercicio de la actividad sindical. En el contexto del Estado de Alarma por la COVID-19, la excepcionalidad ha sido utilizada para ampliar la represión contra trabajadores de la salud y comunicadores sociales.
Aun así, los trabajadores continúan en la calle reclamando sus derechos aunque reprimidos a pesar de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT que instó al gobierno a dejar de criminalizar la actividad sindical.
(Prensa OVLIS)13-07-2021
