Por: Germán Rodríguez Bustamante…
En Venezuela en estos fatales años de revolución, la gerencia pública fue asaltada por un régimen de corte militarista, que utilizo a los integrantes de las fuerzas armadas, como gerentes forrados de valores morales superiores y quienes con esa reserva tomaron la conducción de ministerios, empresas e instituciones con resultados desastrosos para la salud del Estado. La rapiña militar, comenzó con el famoso Plan Bolívar 2000, que significo la asignación de recursos a los jefes de los destacamentos militares regionales, sin los controles para verificar la eficiencia del gasto y sin la rendición de cuenta obligada. Hasta el presente no se ha podido medir los beneficios del plan y los más grave no hay responsables por el saqueo.
Los jerarcas militares salvo muy raras excepciones no estuvieron, ni están preparados para lidiar con un entorno cambiante y con estructuras burocráticas, que requieren la construcción de negociaciones y acuerdos. Organizaciones que no obedecen a órdenes militares cual batallón de soldados subordinados. Desde la época del expresidente Chávez y estos años miserables de Maduro, los militarista han tomado el mando de instituciones sin la calificación requerida para impulsar procesos de mejoras continua de las mismas; en estos últimos seis años la situación se ha acentuado, tenemos militares activos al frente de la economía, las finanzas públicas, la salud, la alimentación, seguimiento y control del aparato burocrático, producción y distribución de cemento y cabillas, presidentes de fondos para el desarrollo, presidentes de bancos públicos, SENIAT, producción y comercio, PDVSA, Energía y paremos de contar. Pareciera que la capacitación demostrada para el ejercicio de un cargo en particular no es necesaria, es suficiente ser militar, estar vinculado con la proeza golpista de los años noventa y demostrar una subordinación a la pandilla que maneja el país. Con estos criterios para la selección de los funcionarios públicos que ocupan cargos de alta gerencia, era previsible anticipar los resultados dañinos que muestra la gestión revolucionaria.
Amparado en el Artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Maduro y su pandilla decretaron un estado de excepción, sin definir con claridad cuales garantías constitucionales podrían ser restringidas, ni la temporalidad de la medida. Entre las circunstancias que promueven el estado de excepción se encuentran las económicas y las sociales, que puedan afectar la seguridad nacional. Este decreto facilito la creación de estructuras militares territoriales, que actúan con poderes superiores a las autoridades escogidas por el pueblo en procesos electorales. Toda la estructura de poder civil, pasa a ser una agregado de los cuarteles. En pocas palabras la nación tomada por un ejército de ocupación. Para todos los venezolanos está claro que los hechos que ocurren en la frontera, como son: el narcotráfico, el contrabando y la violencia, no son situaciones nuevas, las mismas han ocurrido con la mirada cómplice de las autoridades creadas para combatirlas. Es inadmisible pensar, que estos hechos ocurren por la habilidad suprema de los actores, que impiden que los custodios de la soberanía nacional, no se den cuenta de su existencia. Lamentablemente la ignorancia para entender y comprender las dinámicas económicas y sociales que se producen de manera natural en zonas fronterizas, potenciaron los fenómenos. Circunstancias que no fueron anticipadas por esta banda de piratas y filibusteros. El País no diseño políticas para mitigarlos, por el contrario, se instrumentaron subsidio internos a los bienes, que originan negocios altamente lucrativos. Derivados de la existencia de precios diferenciados de bienes, razón por la cual la existencia del contrabando fundamentalmente es la consecuencia de esta distorsión de precios, pretender atacar el problema con un estado de excepción es hacer más lucrativa la actividad.
Para colmo de males, Maduro mediante el decreto 2.367 otorga facultades extraordinarias a la fuerza armada, asumiendo los militares el control formal sobre el gobierno venezolano, convirtiendo al ministro de defensa, en el jefe del gabinete de facto, con poderes por encima de los ministros y fundamentalmente sobre la economía. Desplazando al vicepresidente en su rol de coordinador de la administración pública nacional, y la supervisión directa de los ministros, quienes ahora pasan a reportarle directamente al ministro de la defensa. La gran mayoría de los integrantes del estamento militar ha demostrado una inmensa codicia y su total incompetencia para dirigir ministerios, empresas públicas y cualquier ente de la estructura organizativa del Estado, quedando su uniforme enlodado por casos de corrupción e ineptitud. Manchas que no servirán como camuflaje y poder así retirarse sin asumir las consecuencias de sus acciones.
Lejos quedaron los valores del militar nuevo: de ser responsable en todo momento por sus actos u omisiones en los cuales incurra directamente o como consecuencia de sus funciones; ser justo en citrato con sus subalternos y no ordenar nada que atente contra la dignidad e integridad moral; ser honesto en todos los actos de la vida profesional y privada; entre otros. El asalto de la gerencia pública fundamentada en la reserva moral y la capacidad profesional de los integrantes de la fuerza armada, quedo seriamente cuestionada, sometiendo al componente a un deslave marcado en su credibilidad por parte de la sociedad. Están en este momento a tiempo, de recuperar algo de la fe que los ciudadanos tenemos por su fuerza armada, no nos defrauden y cumplan su juramento, como garantes de nuestra Constitución.
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