El gobierno del presidente Donald Trump pidió el jueves a la Corte Suprema autorización para poner fin al programa de permanencia temporal (conocido como parole) implementado en la administración de Joe Biden, el cual permite que ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela residan y trabajen temporalmente en Estados Unidos.
La solicitud de emergencia representa el intento más reciente de la administración de revertir fallos de tribunales inferiores que han obstaculizado los esfuerzos del presidente Trump por avanzar con su política migratoria.
En su apelación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó la eliminación del programa de parole como “una de las decisiones de política de inmigración más consecuentes de la administración”.
Las órdenes de tribunales inferiores que bloquean temporalmente ese esfuerzo, dijo el gobierno al alto tribunal, trastornaron “políticas de inmigración críticas que están cuidadosamente calibradas para disuadir la entrada ilegal, viciando prerrogativas centrales del poder ejecutivo y deshaciendo políticas democráticamente aprobadas que tuvieron un gran protagonismo en las elecciones de noviembre”.
El programa autoriza la estancia y el permiso de trabajo en Estados Unidos por hasta dos años para ciertos extranjeros que cuenten con un patrocinador estadounidense, superen los controles de seguridad y no hayan ingresado ilegalmente al país después de 2022. En su primer día en el cargo, Trump firmó un decreto para terminar unilateralmente con esta política.
Tras la demanda presentada por un grupo de beneficiarios del programa, la jueza de distrito Indira Talwani emitió una orden para bloquear temporalmente el intento del gobierno de eliminar el programa por completo. No obstante, la administración aún conserva la facultad de revocar el parole de manera individual tras una evaluación caso por caso.
A comienzos de este mes, un tribunal federal de apelaciones en Boston rechazó suspender la orden temporal emitida por la jueza Talwani. El resultado de este litigio podría tener implicaciones para más de 500.000 personas beneficiadas por el programa.
La decisión de un panel compuesto por tres jueces —dos nombrados por el expresidente Joe Biden y uno por el expresidente Barack Obama— reflejó dudas sobre si la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tenía la autoridad para cancelar de forma categórica el programa de permanencia temporal para migrantes.
Los tribunales federales aún no han resuelto si Trump puede cancelar el programa de manera generalizada, sino que se están centrando únicamente en lo que sucederá con los migrantes mientras se analiza el fondo de la cuestión.
El gobierno dijo a la Corte Suprema que las personas que se benefician del programa “aceptaron el parole con plena conciencia de que el beneficio era temporal, discrecional y revocable en cualquier momento”.
Es la más reciente disputa migratoria relacionada con el segundo mandato de Trump que llega al alto tribunal. Los jueces escucharán los argumentos el 15 de mayo en un caso relacionado con los esfuerzos del presidente para frenar la ciudadanía por derecho de nacimiento y si los tribunales inferiores se extralimitaron en su autoridad al bloquear esa orden en todo el país.
09-05-2025
