Por: Angélica Villamizar…
Las sanciones internacionales impuestas desde el 2008 a funcionarios civiles y militares, empresas e instituciones del sector público venezolano, han aumentado en gran medida la crisis que ya se venía padeciendo desde por lo menos cinco años en el país, producto del deterioro de la capacidad productiva de PDVSA que inició a partir de 2003 por el mal manejo de la empresa y la Gran Corrupción que solo ha beneficiado a funcionarios concentrados en las esferas que detentan el poder y sus aliados.
Del mismo modo, han ayudado al discurso de que Estados Unidos es el responsable de la crisis en Venezuela, como un pequeño ejemplo, se podría mencionar la problemática en el servicio eléctrico. Un representante del Estado afirmó que la termoeléctrica ubicada en la ciudad de El Vigía en Mérida estaba en mal estado por falta de un repuesto que solo se podría comprar si se levantaran las sanciones impuestas, y en realidad es que se encuentra en total deterioro producto de la gran corrupción, por falta de mantenimiento y descuido desde el año 2009.
Estas medidas que persiguen cambios políticos en un país que enfrenta una Crisis Humanitaria Compleja están sujetas también a intereses de muchos actores de varios países, es decir, que no solo afecta las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, porque suman ya 44 países, Canadá y de la Unión Europea.
La prohibición de negociar la deuda, transacciones con activos del gobierno y transacciones de exportar oro entre otras riquezas naturales, así como la suspensión de vuelos comerciales y de carga y sanciones a empresas, han agravado la crisis social, económica y política en Venezuela.
Habían serias expectativas sobre si el nuevo presidente de Estados Unidos sería más flexible y posiblemente levantaría por lo menos algunas sanciones, sin embargo, los últimos días se ha conocido de la continuidad de la presión a través de las sanciones para lograr el cambio político necesario lo que conduciría a un cambio social y económico en el país.
No obstante, estas sanciones han perjudicado seriamente también a toda la población en general en sus actividades diarias, lo que ha cercenado la calidad de vida de todos, especialmente de la población más vulnerable. Se afectó la actividad económica general.
La reducción en los ingresos de las rentas petroleras han generado el déficit en la energía eléctrica, el suministro de agua potable, la crisis en el sector agroalimentario, la salud, el transporte, así como la dependencia de las importaciones, la escasez de combustible, además de la hiperinflación, por ser un país que históricamente ha dependido del petróleo. En suma, la crítica situación de los servicios públicos, que previamente a las sanciones, ya venía creciendo el desmejoramiento, producto de la mala gerencia y la corrupción.
La destrucción de los salarios y la poca o inexistente oportunidad de empleo han generado el aumento de la migración forzosa, lo que conlleva a la dolorosa separación de los grupos familiares.
Los ciudadanos que están en el país así como los que tuvieron que irse, esperaban que las sanciones restablecieran las garantías constitucionales diariamente vulneradas, pero por el contrario, el autoritarismo y la represión han sido la respuesta por parte del Estado.
No se ha visto ningún impacto positivo con las sanciones impuestas al gobierno venezolano y su cúpula de poder, pero si hay más pobreza, y más destrucción del aparato productivo; no se ha abierto aún el camino hacia la transición, se ha dilatado el resultado que todos queremos y necesitamos para la reconstrucción del país.
Lo único que se puede notar es que los corruptos no tienen la gran facilidad de seguir despilfarrando los recursos públicos, que solían tener, porque ya no disponen de grandes cantidades de divisas percibidas. Ya no cuentan con recursos para seguir manipulando a la población a cambio de bolsas de comida y bonos disfrazados de “programas sociales”, lo que ha generado la pérdida progresiva del apoyo popular. Además, según expertos, se está comenzando a reactivar la actividad económica del sector privado y esto se evidencia cuando el Estado ya está llamando a los inversionistas extranjeros, por lo que se puede decir que las sanciones no han logrado ceder espacios en el poder pero si en la economía.
Los ciudadanos ven que los culpables siguen disfrutando de todo lo robado, “siguen como reyes”, y cada día aumenta más su poder, producto de las alianzas estratégicas con regímenes autoritarios, por lo que exigen otros tipos de mecanismos para ejercer más presión para lograr un cambio político y la restitución de derechos y garantías de todos.
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11-03-2021 (35)
