América Latina lleva décadas discutiendo las claves del crecimiento económico, pero los avances continúan siendo modestos y, en demasiados casos, decepcionantes. La región posee recursos naturales abundantes, una población joven y un acceso privilegiado a mercados internacionales; sin embargo, estos atributos no han logrado traducirse en prosperidad sostenida. La razón es más profunda que un mal cálculo económico o una coyuntura adversa: el verdadero problema radica en nuestras instituciones. Mientras países como Corea del Sur, India o China diseñaron marcos institucionales estables que permitieron orientar inversiones, coordinar expectativas y sostener políticas de largo plazo, América Latina sigue atrapada en ciclos políticos volátiles, reformas inconsistentes y Estados que prometen mucho y entregan poco.
La experiencia comparada lo confirma. Según los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, la región continúa rezagada en Estado de derecho, control de la corrupción y calidad regulatoria. Y esos factores no son detalles técnicos: son los cimientos del desarrollo. En ausencia de reglas estables, la inversión pierde horizonte, la innovación se estanca y la política se convierte en un ejercicio cortoplacista. El caso argentino, donde un giro electoral basta para pasar del déficit al superávit fiscal sin un consenso técnico detrás, es un ejemplo de cómo las políticas sin continuidad terminan minando la credibilidad y la capacidad de cualquier país para sostener un proyecto de crecimiento.
A ello se suma un debate fiscal que, en demasiados países latinoamericanos, se desarrolla en un plano más ideológico que práctico. Se insiste en la progresividad como solución única a la desigualdad, pero en contextos de informalidad elevada y debilidad institucional ocurre lo contrario: una progresividad excesiva empuja a empresas y trabajadores fuera del sistema tributario. Colombia lo ilustra con claridad: mientras la clase media formal soporta la mayor carga impositiva, los capitales de mayor tamaño encuentran vías para minimizar su aporte. El resultado es un Estado que recauda poco, castiga a quienes cumplen la ley y termina reforzando la desigualdad que intenta combatir.
Lo que América Latina necesita no es más presión tributaria, sino sistemas fiscales más simples, estables y transparentes. Autores como Tanzi han insistido durante décadas en que los países en desarrollo deben ampliar la base, reducir distorsiones y favorecer la formalidad; no perseguir ingresos rápidos a costa de castigar a los pocos contribuyentes que permanecen visibles. Es una reforma tan evidente como políticamente difícil, pero imprescindible.
A la vez, nuestras sociedades padecen los rigores de tener Estados elefantiásicos en materia de gasto, pero ineficientes en capacidad de respuesta. El asistencialismo ha terminado por sustituir a la inversión en bienes públicos, que es precisamente la que eleva la productividad y permite competir globalmente. La región necesita autopistas, puertos, policía eficaz, justicia rápida, escuelas técnicas de calidad e instituciones dedicadas a la investigación y al desarrollo tecnológico. Es imposible dar el salto hacia la economía del conocimiento sin fortalecer esas bases. Países que lo entendieron Irlanda, Finlandia o Corea del Sur empezaron por allí antes de cosechar los frutos del crecimiento.
La desigualdad, un rasgo persistente en el continente, tampoco se corrige con impuestos progresivos en sociedades sin movilidad social. Se corrige con capacitación, con sistemas educativos flexibles, con industrias tecnológicas y manufactureras capaces de absorber talento, con ecosistemas productivos que permitan a un joven de bajos ingresos económicos convertirse en un profesional bien remunerado o en un emprendedor innovador. Igualar por decreto nunca ha generado desarrollo; crear oportunidades sí. Israel, Finlandia o Canadá no redujeron la desigualdad castigando el éxito, sino expandiendo las capacidades de su población.
Finalmente, está la cuestión democrática. Sin instituciones sólidas, sin pesos y contrapesos efectivos, sin independencia judicial y sin una ciudadanía informada, ningún programa de desarrollo puede sostenerse en el tiempo. Noruega, ejemplo de gestión responsable de recursos naturales, no prosperó gracias al petróleo, sino gracias a la calidad de sus instituciones y a su capacidad para proteger decisiones estratégicas como su fondo soberano de las presiones del ciclo político y del cortoplacismo electoral. En América Latina, en cambio, la democracia suele convertirse en un escenario donde proyectos opuestos se neutralizan entre sí, en lugar de un espacio para construir políticas de Estado basadas en consensos duraderos.
La región tiene una nueva oportunidad en la transición energética, en la digitalización y en la demanda global de minerales estratégicos. Pero para aprovecharla debe asumir que no hay atajos: sin instituciones estables, sin una reforma fiscal seria, sin inversión masiva en bienes públicos y sin una democracia capaz de moderar los ciclos políticos, el crecimiento seguirá siendo frágil y desigual. América Latina no está condenada al estancamiento; está atrapada en él por decisiones políticas que pueden corregirse. La prosperidad no llegará con discursos, sino con instituciones que funcionen, con reglas que se respeten y con Estados que inviertan en aquello que realmente transforma: conocimiento, seguridad, infraestructura y libertad económica. Solo entonces la región podrá abandonar la repetición eterna de sus diagnósticos y, finalmente, escribir una historia distinta.
Dr. Armando José Urdaneta Montiel
IIES-ULA
07-12-2025
