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jueves, noviembre 19, 2026

Emergencia económica o economía en emergencia

Por: Germán Rodríguez Bustamante…

El presidente Maduro y la élite gobernante, en virtud de haberse vencido el Decreto de Emergencia Económica, en vigencia desde el 14 de enero y ratificado por una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, violentando el control político que le corresponde a la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 337 de la CRBV, emite un nuevo Decreto de Emergencia Económica en el marco de estados de excepción. A pesar de que la Constitución no clarifica el número de oportunidades para la declaratoria de estados de excepción que justifican una emergencia en materia económica, no dudo que la inefable Sala Constitucional del TSJ corroborará la vigencia del decreto independientemente de la opinión de la Asamblea Nacional, en consecuencia el Ejecutivo gestionará el prepuesto 2016 sin el control de la Asamblea por la vía de créditos adicionales.

Las justificaciones para la declaratoria de emergencia económica rayan en lo ridículo: la protección del pueblo de los ataques por la caída abrupta e inducida de los precios petroleros, la guerra económica, el cerco financiero internacional son las razones que alimentan la supresión temporal de garantías constitucionales; lo grave de la situación es que el decreto no especifica de forma taxativa los derechos temporalmente suspendidos, como obliga la Constitución en los estados de excepción.

Este gobierno mantiene su intención de ocultar la verdad endosando la responsabilidad por los problemas que vivimos los venezolanos a enemigos externos; esta ficción artificiosa esconde el profundo grado de deterioro de la gestión pública que simula favorecer a los desprotegidos pero en la práctica terminan siendo los más afectados por este modelo. No se cansa el gobierno de decir que la guerra económica es la causante del desabastecimiento, la escasez y del incremento brutal de los precios de los bienes y servicios; sin embargo, son las políticas adoptadas por el régimen, que fundamentalmente han facilitado la actuación libre de burócratas, sin que las instituciones cumplan con su labor de contrapeso de la gestión, las causantes de las distorsiones.

No existe una guerra económica, lo que de verdad ocurre es una economía de guerra, expresada en interminables colas para adquirir prácticamente todos los bienes, alza de precios sostenidos y generalizados, restricciones para la compra, criminalización del ciudadano y de los empresarios e improductividad del aparato productivo; mientras esto ocurre el gobierno-partido busca crear el enemigo para deleitar al pueblo, sin asumir los errores de sus políticas y con una arquitectura legal de control totalmente inútil.

Las medidas incompletas e ineficientes tomadas en el marco del Decreto de Emergencia se pudieron tomar sin su cobijo; su verdadera intención es: la ejecución presupuestaria sin control; asignación de recursos a proyectos no previstos en la Ley de Presupuesto; agilizar las compras del Estado violentando el marco legal de contrataciones públicas; importaciones desordenadas violando las normas fitosanitarias; tránsito de mercancías desaplicando normas legales; manejo aún más centralizado de las divisas a través de una estructura pública de compras nacionales; intervenciones de empresas públicas y privadas de producción, distribución y comercialización violando los derechos de propiedad; generar espacios para la inversión extranjera solo para el beneficio de individualidades comprometidas con el régimen; intervención del sistema financiero nacional limitando montos máximo de ingreso o egreso en efectivo, así como restricciones a operaciones financieras particulares y utilizar las Fuerzas Armadas para implementar las medidas.

Es muy poco lo que el Consejo Nacional de Economía Productiva ha hecho para mejorar la situación económica del país: el plan número 50 para garantizar rubros vitales sigue sin funcionar, los 14 motores productivos sin combustible ni lubricantes limitados a deseos y anuncios y el Congreso de la Patria condicionado a obedecer directrices políticas, en consecuencia no hay solución a los problemas presentes. Las acciones desean detener el desplome del Socialismo del siglo XXI y la protección de los beneficios financieros adquiridos en revolución por la élite.

En conclusión, existen circunstancias económicas extraordinarias que afectan gravemente la vida económica de la nación; sin embrago, eso no justifica el Decreto de Emergencia Económica para eludir los controles que los ciudadanos en un proceso electoral delegamos en la Asamblea Nacional y que están establecidos en nuestra Constitución. El país está en crisis y particularmente su economía en emergencia, la cual requiere un franco y sincero diálogo de todos los actores políticos, empresarios, trabajadores, ciudadanos y ciudadanas para diseñar y edificar acciones que corrijan en el corto plazo los niveles de escasez y desabastecimiento, el crecimiento de los precios, el desastre en los canales de distribución y comercialización, sobre todo en los bienes que integran la cesta alimentaria y medicamentos esenciales. Así y solo así, en el largo plazo, podríamos comenzar a recuperar la confianza para que se estimulen las inversiones.

ULA – FACES

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