En los hospitales públicos venezolanos, la falta de insumos y equipos no solo ha dejado servicios esenciales al límite de su capacidad, también ha abierto espacios para que empresas privadas entren en una estructura que, según la Constitución, debería garantizar atención gratuita y accesible a los pacientes. Laboratorios privados que envían personal para tomar muestras dentro de los centros asistenciales o empresas a las que se remite a pacientes para adquirir insumos quirúrgicos y proveedores de equipos médicos forman parte de las denuncias que representantes del sector salud han presentado ante las autoridades y que hasta el momento no han sido escuchadas.
María Cabrera, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Distrito Federal y Estado Miranda, aseguró que han recibido denuncias de familiares de pacientes sobre hospitales donde determinados laboratorios privados tienen autorización para prestar servicios. En esos casos, explicó, no necesariamente se instala físicamente un laboratorio dentro del centro asistencial, pero personal de una empresa entra al hospital y toma muestras directamente a los pacientes hospitalizados.
La dirigente señaló que también se han presentado situaciones en las que médicos indican a los pacientes que determinados exámenes solo serán aceptados si son realizados en un laboratorio específico.
“Eso es ilegal y eso lo hemos denunciado”, afirmó Cabrera en una entrevista con El Nacional.
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, también denunció que hay casos de pacientes que necesitan una intervención quirúrgica y reciben de los médicos tratantes listas con batas, suturas, adhesivos, alcohol, povidona y otros materiales que deben adquirir antes de regresar al hospital. En algunos procedimientos también se solicitan equipos especializados.
En esas listas, aseguró, aparecen nombres y números de contacto de empresas privadas a las que los pacientes deben acudir para comprar los productos.
Contreras mencionó al Hospital Domingo Luciani, el Hospital de Lídice, el Hospital Universitario de Caracas y el Hospital Miguel Pérez Carreño entre los centros en los que ocurre esta situación.
Las representantes gremiales cuestionaron que a través de estas prácticas el paciente queda condicionado a utilizar un proveedor determinado para poder acceder a un procedimiento o servicio dentro de un hospital público.
La gravedad de estas denuncias aumenta porque ocurren dentro de una red pública de salud con servicios de laboratorio severamente limitados, déficit de insumos, equipos sin mantenimiento, infraestructura deteriorada y una pérdida sostenida de profesionales.
La propia Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela calcula que 79,89% de los servicios de bioanálisis del sector público presenta severas limitaciones de operatividad, según cifras publicadas por la organización en el mes de septiembre.
Así, mientras los hospitales pierden capacidad para ofrecer determinados servicios, los pacientes encuentran cada vez más necesario recurrir al sector privado para completar una atención que debería ser gratuita porque comenzó dentro del sistema público.
Empresas privadas aparecen ante la escasez en hospitales
La presidenta del Colegio de Bioanalistas cuestionó que si el hospital tiene un laboratorio que debería atender a los pacientes, la prioridad debería ser recuperar su funcionamiento y garantizar los exámenes sin costo para quienes están hospitalizados, no dar espacio al funcionamiento de empresas privadas.
La dirigente denunció casos en los que los pacientes han recibido indicaciones para realizarse los estudios únicamente con determinados laboratorios. Incluso, algunas personas han presentado exámenes de otras empresas y se han encontrado con que el personal médico los rechaza y les exige repetir las pruebas en un establecimiento específico.
Cabrera, que evitó formular acusaciones sobre posibles acuerdos entre empresas y autoridades hospitalarias, dijo que el gremio ha denunciado estas situaciones ante el Ministerio de Salud, pero no han recibido respuesta.
“Eso es grave porque estamos jugando con la salud de los pacientes”, afirmó, e insistió en que estas denuncias ameritan que se lleve a cabo una investigación interna en los centros asistenciales.
Una enfermera del Hospital Dr. Domingo Luciani, que habló en condición de anonimato, confirmó que algunos especialistas solicitan exámenes de laboratorios y otros estudios de proveedores específicos o de lo contrario no avanzan con la evaluación médica.
«Me ha tocado ver a personas que no tienen dinero pidiendo prestado para poder mandar a hacer una simple hematología porque el médico le exigió que debía realizarse el examen en un lugar en específico. Yo entiendo y vivo de cerca lo que es no tener insumos para atender a los pacientes. Yo misma me he visto en la obligación de pedírselos para poder atenderlos. Pero me parece descabellado que, además de exigirles insumos que deberían ser gratuitos, también se les exija que acudan a un proveedor específico que, cabe destacar, no siempre representa la opción más económica», dijo a El Nacional.
La mayoría de los médicos que incurren en estas prácticas alegan que exigen los laboratorios y otros exámenes de una empresa específica porque confían en la calidad de los resultados. Sin embargo, la enfermera señaló que esto limita en muchas ocasiones la posibilidad del paciente de recibir atención sanitaria.
«Sí es cierto que algunos laboratorios, por ejemplo, los tenemos mal etiquetados en el hospital porque los resultados suelen ser poco confiables. Pero exigir al paciente que acuda a un lugar en específico es una locura. La mayoría busca precios y trata de irse por la opción más económica. Si el hospital no puede garantizar la atención gratuita, al menos debe permitirle al paciente ajustarse a sus posibilidades. Algunos optan simplemente por irse a otro hospital o buscar atención médica en otro lugar porque no puede costear los exámenes con las empresas que piden los médicos«, señaló la enfermera.
Ana Rosario Contreras afirmó que la práctica lleva meses. En el caso de los procedimientos quirúrgicos que ameritan equipos médicos que no están disponibles en los hospitales, también se les entrega el nombre de una empresa y un número de contacto para que soliciten el alquiler del aparato.
Un joven, cuya identidad pidió mantener en reserva por seguridad, contó a El Nacional que cuando su madre recibió un diagnóstico cardíaco que incluyó la indicación de colocarle un marcapasos, exploró diversas opciones para conseguir el dispositivo a menor precio, ya que en ningún hospital público podían proporcionarlo.
Una de las alternativas que estudió fue adquirirlo en Colombia, pero encontró restricciones para importarlo directamente. La familia también buscó apoyo en instituciones públicas, presentó solicitudes, cartas y fue inscrita en programas gubernamentales de asistencia, pero no obtuvo la ayuda esperada.
Finalmente, el joven decidió adquirir el dispositivo en Venezuela a través de una casa comercial recomendada por médicos del Hospital Universitario de Caracas. Antes de pagar, el proceso estuvo marcado por la incertidumbre, consultas y dificultades. Una vez realizado el pago, la programación del procedimiento comenzó a avanzar con rapidez.
La empresa, relató, coordinó directamente con el hospital el proceso para la intervención, aunque la primera fecha programada no se concretó. En esa oportunidad, la paciente permaneció en ayunas desde las 6:00 am y no fue hasta casi las 2:00 pm que le informaron que no sería operada. También sufrió complicaciones durante el intento de canalización de una vía, lo que le provocó un hematoma.
La intervención se realizó de manera exitosa en una segunda oportunidad.
Además del costo del marcapasos, el joven también asumió la compra de otros insumos médicos para la operación de su madre, así como exámenes y estudios que los doctores solicitaron repetir en varias ocasiones. En total, calcula, gastó unos 3.000 dólares en la intervención.
Contreras destacó que este tipo de casos demuestra cómo una cirugía dentro del sistema público puede terminar dependiendo de la capacidad económica de una familia.
“El que no tiene medio económico tiene que quedarse en su casa viendo cómo evoluciona la enfermedad sin poder tener ninguna intervención”, dijo.
Informó que, ante la gravedad de la situación, el gremio de enfermería solicitó ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República que se investiguen estas actividades lucrativas que se desarrollan alrededor de los hospitales públicos.
Laboratorios públicos enfrentan severas limitaciones
El crecimiento de estas alternativas privadas ocurre en medio de una pérdida sostenida de capacidad de los laboratorios públicos. La Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela señaló que los servicios públicos de bioanálisis presentan severas limitaciones de operatividad debido a la discontinuidad en el suministro de reactivos y materiales, la falta de mantenimiento de los equipos y el deterioro de las condiciones laborales.
La presidenta del Colegio de Bioanalistas del Distrito Federal y Estado Miranda recordó que el gremio denuncia desde aproximadamente 2012 o 2013 la progresiva pérdida de capacidad de los laboratorios públicos. Primero desaparecieron los reactivos para pruebas especiales, después comenzaron a faltar equipos y el mantenimiento y, con el tiempo, el deterioro alcanzó procedimientos básicos.
Hoy, aseguró, hay hospitales públicos donde no se realizan hematologías, exámenes de orina, pruebas de heces, glicemias, urea, creatinina o perfiles de colesterol y triglicéridos. De los resultados de estas pruebas básicas depende buena parte de las decisiones que toma el médico.
“De allí deriva el verdadero diagnóstico de la enfermedad que pueda tener el paciente”, afirmó.
La crisis de los laboratorios no se limita a la ausencia de reactivos. Cabrera describió problemas de infraestructura, agua, electricidad, iluminación y equipos de protección personal.
En algunos establecimientos, explicó, no existe un suministro constante de agua dentro de los espacios donde se procesan muestras. Cuando se interrumpe el servicio, los trabajadores recurren a recipientes para almacenar agua.
La electricidad constituye otro riesgo. Los equipos utilizados para procesar muestras dependen de un suministro estable y algunas muestras deben ser centrifugadas en un tiempo determinado o, de lo contrario, el resultado puede no reflejar las condiciones reales del paciente.
«El tema eléctrico ha estado empeorando en los últimos meses. De las pocas veces que llegan reactivos a los laboratorios, me ha tocado ver que los bioanalistas pierden las muestras porque nos quedamos horas sin electricidad. Se pierden tanto el trabajo como los insumos. Y eso se traduce en que el paciente no recibe la atención que merece», añadió la enfermera.
Esto pone a los bioanalistas ante una decisión delicada, pues el informe lleva su firma y constituye un documento legal. Si no existen condiciones para garantizar la calidad del resultado, el profesional puede negarse a procesar la muestra.
Los terremotos de junio llevaron esta crisis a una situación límite. Los hospitales que recibieron la mayor cantidad de pacientes afectados necesitaban procesar pruebas de manera inmediata. Sin embargo, algunos de sus laboratorios no estaban funcionando.
El gremio de bioanalistas respondió mediante un Plan de Contingencia y una Sala Situacional con participación de voluntarios, estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la UCV y casas comerciales. La iniciativa permitió dotar y activar temporalmente núcleos de atención.
Fue una respuesta extraordinaria para una situación extraordinaria. Pero no se convirtió en una solución permanente.
La Federación de Colegios de Bioanalistas advirtió que, una vez agotados los insumos entregados durante la emergencia, los laboratorios reactivados volvieron a quedar en riesgo de inoperatividad.
La expectativa era que posteriormente el Ministerio de Salud asumiera la continuidad de esos servicios y contratara a los profesionales necesarios; sin embargo, esto no ocurrió.
Salud / Gremio de bioanálisis
Situación de los servicios de bioanálisis en el sector público
Evaluación técnica de la operatividad y respuesta a la demanda de estudios diagnósticos en Venezuela.
Nivel de inoperatividad en servicios de bioanálisis
Factores críticos de la red pública:
Tres meses después de los terremotos, aseguró, algunos de los laboratorios que habían sido reactivados durante la emergencia volvieron a enfrentar déficits de reactivos, equipos y personal.
La Federación de Colegios de Bioanalistas reiteró que el apoyo privado durante la emergencia fue una medida coyuntural y que la responsabilidad de garantizar la operatividad permanente de la red corresponde al Estado.
La crisis empuja a los profesionales fuera de los hospitales
Cabrera estima que el déficit de bioanalistas en los hospitales públicos supera 65%. Algunos profesionales migraron y otros se trasladaron al sector privado porque sus ingresos en el sistema público no les permiten cubrir sus necesidades.
La dirigente puso como ejemplo a un bioanalista con más de 20 años de experiencia, estudios de posgrado y maestría cuyo sueldo mensual, sin considerar bonos, no llega a 900 bolívares.
Para Cabrera, la salida de los profesionales tiene además una dimensión emocional. Los bioanalistas formados en hospitales públicos desarrollan un vínculo con esas instituciones, pero la necesidad económica termina imponiéndose.
La Federación de Colegios de Bioanalistas reclama no solo mejores salarios, sino la recuperación de las convenciones colectivas, seguros, beneficios laborales, condiciones de bioseguridad, mantenimiento de equipos y actualización tecnológica.
La dirigente insiste en que no basta con recibir un cargamento de reactivos que dure unos días. “Esto tiene que ser un suministro constante, seguro y suficiente para cubrir siempre todos los días del año las necesidades de nuestros pacientes”, afirmó.
En enfermería, la situación descrita por Contreras es similar, aunque no disponen de cifras oficiales. Como referencia, mencionó la Maternidad Concepción Palacios, donde, según sus cálculos, deberían trabajar unas 1.500 enfermeras y actualmente no llegan a 300. Eso representa, de acuerdo con la estimación gremial, un déficit superior a 60%.
La falta de profesionales incrementa la carga de quienes permanecen en los hospitales. Contreras señaló que una enfermera puede tener bajo su responsabilidad hasta 80 pacientes.
La situación se agravó durante los terremotos, cuando la capacidad de respuesta de los hospitales dependió en buena medida del voluntariado de médicos y enfermeras que acudieron a apoyar la emergencia.
Para Contreras, la precarización salarial es una de las causas de la pérdida de personal. Explicó que el salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022 y que los ingresos de los trabajadores de enfermería incluyen otros componentes y bonos. También afirmó que una enfermera puede tener dos cargos y, aun así, recibir del Estado un único ingreso por determinados conceptos.
La consecuencia, sostuvo, es que algunos profesionales terminan abandonando el ejercicio para dedicarse a actividades informales.
“Nadie puede vivir con vocación nada más”, afirmó.
Trabajar sin equipos pone a los trabajadores en riesgo
Contreras considera que la falta de insumos no solo perjudica a los pacientes, también expone a médicos, enfermeras, bioanalistas y otros trabajadores.
La ausencia de barreras de bioseguridad puede incrementar el riesgo biológico, pero la falta de equipos adecuados también puede generar situaciones en las que el trabajador debe improvisar para resolver una emergencia.
Destacó que aunque el trabajador puede tener conocimientos y voluntad para ayudar a los pacientes, esto no puede sustituir los recursos que debe proporcionar el sistema.
“Nosotros podemos tener todos los conocimientos, pero si no tenemos los insumos no podemos hacer nada”, dijo.
Ante la problemática que enfrentan desde hace años, los trabajadores de la salud comenzarán nuevamente a tomar acciones de calle para exigir respuestas. Cabrera informó que los bioanalistas participan en la intergremial de salud y que han acudido a instituciones como la Defensoría del Pueblo para plantear sus reclamos.
La Federación de Colegios de Bioanalistas pidió al Ministerio de Salud garantizar la sostenibilidad de los laboratorios reactivados, ejecutar un plan nacional de dotación y equipamiento y establecer mesas de trabajo técnico con los gremios.
Contreras anunció, por su parte, la recolección de firmas de trabajadores de la salud para presentar un documento ante el Ejecutivo nacional. La actividad, según explicó, busca incluir reclamos sobre salarios, pensiones, condiciones laborales, insumos y capacidad de atención.
https://www.elnacional.com/2026/10/empresas-privadas-ganan-espacio-en-hospitales-publicos/
08-10-2026
