Por: Pedro Fernández…
La crisis del sistema eléctrico en nuestro estado, más allá de lo que dice la narrativa oficial, no es la consecuencia un fenómeno climático ni un problema natural que no se pudo evitar, es el resultado de un modelo centralista que ha asfixiado la competencia técnica y ha ignorado, de manera sistemática, las soluciones que los mismos merideños tienen listas para ejecutar.
Mérida vive hoy su vuelta a la realidad. Después del despliegue publicitario de la Semana Santa, en el que se intentó proyectar una imagen de normalidad operativa, la realidad ha regresado par recordarnos lo lejos que está nuestra región del progreso. Los cortes de seis y ocho horas, sin cronograma, sin explicación coherente y sin ningún remordimiento por los daños causados, han vuelto a ser la norma. Durante estos apagones se paraliza el comercio y la industria local, se pone en riesgo crítico la vida de muchos pacientes en nuestros hospitales y se aplica una barrera más para lograr la viabilidad de las cosechas del Páramo. Sin embargo, lo más grave no es la falta de megavatios, sino la persistencia en un modelo de gestión que prefiere administrar la oscuridad antes que permitir que el conocimiento técnico resuelva el problema.
El Sistema Eléctrico Nacional de hoy es producto de esquema agotado por el centralismo. No es posible, bajo ninguna lógica de ingeniería moderna, que la estabilidad de un estado con nuestra complejidad geográfica dependa exclusivamente de una línea de transmisión que recorre cientos de kilómetros desde el Guri hasta Mérida. Mientras el mundo avanza hacia sistemas de generación distribuida y redes inteligentes, nosotros seguimos anclados a una estructura que nos castiga por que nunca nos toma como prioridad al momento de realizar la llamada administración de cargas. La ingeniería enseña que la clave del éxito de un sistema eléctrico depende de su redundancia y de su capacidad de respuesta local, dos elementos que el modelo actual ha erradicado porque lo que les interesa es usar la energía como forma de control político y social.
Al mismo tiempo que vemos el retorno de los apagones, en la Universidad, muchos especialistas en la materia presentan diagnósticos y soluciones temporales y permanentes. La propuesta de creación de micro-redes de generación distribuida es, quizás, la respuesta más factible y eficiente para la crisis merideña. Este modelo plantea que Mérida puede dejar de ser un simple receptor pasivo de energía, sino un gestor de su propia demanda a través de pequeñas centrales hidroeléctricas, aprovechando nuestra orografía, y la incorporación de energías alternativas que alimenten centros críticos como los hospitales, centros de producción y cascos comerciales. Nos han dado las ideas, los planos, los estudios de flujo y hasta el capital humano para convertir a Mérida en un modelo de soberanía energética regional, ¿por qué seguimos a oscuras?
La respuesta la encontramos en la política, ya que la implementación de estas soluciones nunca se da en sistemas que nos respetan la autonomía de las regiones, que no rinde cuentas y que no permite la inversión privada bajo reglas claras de seguridad jurídica. El modelo actual rechaza estas propuestas porque la eficiencia técnica es, por naturaleza, enemiga del control social. Un ciudadano que depende de un operativo oficial para tener luz en su negocio es un ciudadano controlable. Por eso, el cambio que Mérida reclama no puede pasar solo por sustituir transformadores o un plan de podas, pasa por sustituir un sistema que ve en el saber una amenaza y usa los apagones como herramienta.
Es aquí donde debemos conectar la técnica con nuestra realidad política. No habrá ingeniería exitosa sin libertad. Para que Mérida progrese en materia energética, el país necesita una alternativa, un programa de desarrollo económico y social que contemple un cambio de paradigma, es decir, pasar del monopolio estatal ineficiente a un modelo de apertura y descentralización en el que el conocimiento guíe la inversión. Pero para que esos proyectos que se han diseñado en la universidad puedan finalmente encender las luces de nuestras casas, primero debemos cumplir con el mandato de cambio estructural que el país ya decidió.
La lucha que mantenemos por la recuperación de la democracia es, en esencia, la lucha por el derecho a aplicar la inteligencia a los problemas públicos. No nos dejemos distraer por el discurso de la «normalización» que solo busca que nos callemos ante la incompetencia. El reto de Mérida es transformar la indignación de cada apagón en la fuerza necesaria para rescatar nuestra capacidad de decidir. La alternativa técnica existe, los profesionales estamos listos y la hoja de ruta está trazada. Solo falta que el sistema operativo de nuestra política sea, finalmente, la libertad. En perspectiva.
19-04-2026
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