Las remuneraciones de personal obrero, profesionales y gerentes del sector formal de la economía se mantuvieron en niveles precarios en el primer trimestre de este año, mientras las empresas acusan un bajo uso de la capacidad instalada y enfrentan problemas que van desde la brecha cambiaria hasta la baja demanda, revela una encuesta del gremio empresarial Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).
La minuciosa “Encuesta Cualitativa a Cámaras Empresariales” se levantó entre 136 gremios privados nacionales y en seis regiones del país, en los sectores de agricultura, manufactura, comercio, construcción, restaurantes y hoteles, servicios inmobiliarios y otros servicios, los cuales representaban en 2018 alrededor de 65% del valor agregado del sector privado.
El salario mensual promedio de un obrero u operario fue equivalente a 223 dólares; el de un empleado profesional, 471 dólares; y el de un gerente llegó a 806 dólares. Esto lleva el sueldo promedio mensual en el sector privado nacional a 283 dólares. En el trimestre, los salarios de los obreros registraron el mayor aumento medido en dólares oficiales, con 13,7% respecto al año pasado.
Los mejores salarios se verifican en el sector de manufactura, con 274 dólares para obreros u operarios; 604 dólares para profesionales y 1.144 dólares para los gerentes en la cima de la pirámide, respectivamente. Los más bajos están en el comercio —segmento de alta generación de empleos menos calificados— con 203 dólares, 388 dólares y 677 dólares mensuales en la misma escala.
De acuerdo con otras fuentes, los bajos niveles de ingresos formales son una enorme barrera que impide un crecimiento sostenido y con mayor equidad de la economía, pues la demanda interna se mantiene crónicamente baja. Esos salarios también desalientan a muchos migrantes hoy asentados en países de acogida cuando ponen sobre la balanza la decisión de regresar o no a Venezuela.
El riesgo macroeconómico y financiero es el más preocupante para 50,9% de los encuestados. En esta categoría se inserta la brecha cambiaria (15,2%) y la falta de financiamiento bancario (14,4%). Después siguen la falta de divisas, la alta presión fiscal, la situación política y la incertidumbre jurídica, así como la situación de los servicios públicos, la política arancelaria, la escasez de combustible, el contrabando, la falta de mano de obra calificada, la presión fiscal y la incertidumbre legal que impacta la confianza para invertir a largo plazo.
En cuanto a los colapsados servicios públicos, 86% de las empresas se vio afectado por los apagones súbitos y el racionamiento programado de electricidad, y para 74% de ellas el impacto en la producción es alto o muy alto. La escasez de gasolina y diésel afectó a 40% de las cámaras consultadas.
Estos problemas limitan el desempeño en las empresas y su entorno inmediato, señala el estudio, que detecta, no obstante, un leve crecimiento de 0,9% en el volumen de negocio del sector privado en el primer trimestre de 2026 en comparación con el primero de 2025.



