Por Germán Rodríguez Bustamante…
A partir del año 1999 el país ha sufrido un proceso signado por el centralismo que ha concentrado el poder, las decisiones, las competencias y los recursos en el poder ejecutivo, con lo cual se han afectado las atribuciones tanto de gobernaciones como de alcaldías y comunidades organizadas, generando un grave deterioro de todos los servicios públicos. Hecho que ha ocasionado un malestar generalizado en la población venezolana. Esta estrategia deliberada líquido el artículo No. 4 de nuestra constitución, el cual señala que: La República de Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Con la oferta engañosa del Estado Comunal, vendido como la institucionalidad de la liberación y emancipación de los pueblos, el régimen utiliza la definición marxista de Estado, para manipular el aparato institucional, jurídico y político para dominar una clase. En otras palabras utilizan la estructura del Estado para producir una supuesta lucha de clases, mientras una elite cada día más reducida, disfruta de las riquezas de la Nación, condenando a la gran mayoría a la miseria colectiva.
El inicio del proceso de descentralización del Estado venezolano ocurrió en la década de los años noventa del siglo pasado. Es el punto de partida de los grandes cambios que ha experimentado el orden institucional en nuestro país. Después de más de un siglo de centralización en todos los órdenes de la vida del Estado, se abrieron las puertas a un proceso para acercar el poder al ciudadano. Partiendo de la decisión, de elegir en forma directa a los gobernadores de estado, de crear la figura del alcalde y elegirlo en forma directa, y además de comenzar la redistribución de las competencias entre los diferentes niveles de gobierno mediante la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. La descentralización se convirtió entonces, en un proceso de renovación y adecuación del sistema político, ante los reclamos que derivaron en los lamentables acontecimientos de febrero de 1.989. Era necesario para el sistema democrático modernizarse y prepararse para evitar las intentonas futuras.
Sin embargo, todo el avance en cuanto a la descentralización y a la puesta en práctica de la municipalización de competencias y responsabilidades, así como en los roles y en la forma de ser y actuar del ciudadano, se borraron debido a la implantación colectiva y compulsiva por parte de la revolución, de ideas centralizadoras y conceptos ideológicos contrarios a la Constitución aprobada durante este régimen. Hay que destacar que en todos los países donde se han aplicado dichas ideas, terminan por fracasar de forma definitiva. Se pretende instaurar una estructura denominada Estado Comunal. Bajo la excusa de la creación de un nuevo poder denominado “el Poder Popular”, se busca reemplazar al Estado Federal, por uno en el cual, el Ejecutivo Nacional maneja toda la administración pública en forma centralizada y personalista, sustituyendo las instituciones autónomas, independientes y soberanas del Modelo Federal (estados y municipios) por formas socio-territoriales sin autonomía llamados Comunas, Consejos Comunales y/o Ciudades Comunales, coordinados teóricamente por un Consejo Federal de Gobierno.
Las reformas de modernización del Estado y las estrategias de reestructuración productiva que vienen adelantándose en los países de América Latina, apuntan a la progresiva importancia de las economías locales. El desarrollo económico de los distintos países sigue siendo territorialmente concentrado e inequitativo, razón por la cual no ha sido posible aprovechar el potencial productivo de los distintos territorios, lo que a su vez constituye una de las causas de aumento de la pobreza. En las últimas dos décadas se ha generado un importante cambio en la conceptualización del desarrollo económico. Frente a la visión del desarrollo exógeno, de carácter redistributivo, que incentivaba la atracción de capitales y empresas externas para impulsar el crecimiento económico de las regiones periféricas, se ha ido abriendo camino a la aproximación del desarrollo endógeno que considera que las economías de las regiones y localidades pueden crecer utilizando el potencial de desarrollo existente en el territorio. Existe una íntima relación entre la política de descentralización y uno de los problemas fundamentales del país: la pobreza, ya que en la medida en que el país se descentraliza, las gobernaciones, alcaldías y las mismas comunidades organizadas podrán combatirla de manera más eficaz, eficiente y efectiva.
La Asamblea Nacional vigente el 07 de julio del 2.016, aprobó un acuerdo para el rescate y profundización de la descentralización en Venezuela, en el cual ella se compromete a asumir la descentralización como una medular política de Estado, que permita que la solución de los problemas esté donde los problemas se producen y que produzca a la población venezolana una mejor calidad de vida. En consecuencia el gobierno de transición debe impulsar un proceso de legislación que priorice leyes para el desarrollo del Estado federal descentralizado, y así se sustituya el estado comunal socialista y centralizado que se ha venido imponiendo de manera inconstitucional, con lo cual se debe: sancionar la Ley Orgánica del Estado Federal Descentralizado; sancionar la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal; reformar la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; reformar la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno; Sancionar Leyes para el Desarrollo de Zonas Geográficas Especiales de Desarrollo; y cualquier otra que se requiera para el desarrollo económico local.
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