A objeto de explicar a la opinión pública en general las diversas violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por qué la Asamblea Nacional Constituyente decretada por el Presidente Nicolás Maduro es un acto viciado de nulidad, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (Facijup-ULA) redactaron un documento donde se asegura que “esta Asamblea Nacional Constituyente convocada solo busca ignorar la realización de estos comicios regionales”.
Además establece que el planteamiento realizado por el Ejecutivo transgrede lo dispuesto en el artículo 347 de la Carta Magna ya que el mismo consagra que el pueblo es “depositario del poder Constituyente Originario”. De igual manera el comunicado considera la mala interpretación que el gobierno le dio al artículo 348 y explica que “en base a lo planteado en el artículo 348 constitucional el presidente de la República solo posee la iniciativa a la asamblea nacional constituyente, hecho por lo cual se requeriría de un referéndum consultivo, para consultar al pueblo si desea cambiar su Carta Magna. Por lo que el ejecutivo nacional al atribuirse la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente está usurpando los derechos que posee el soberano y por lo cual dicha convocatoria es un acto viciado de nulidad al transgredir el ordenamiento constitucional vigente”.
Asimismo el pliego difundido por los futuros abogados, politólogos y criminólogos del país condena la forma en cómo, según el mismo presidente Maduro, serán escogidos los constituyentistas, dicha forma es vista por los estudiantes como un “acto que usurpa las funciones del Poder Electoral y por lo cual constituye otro motivo para su nulidad, ya que dicha Asamblea Nacional Constituyente estará conformada en un 50% por asambleístas elegidos en los denominados Consejos Comunales, Comunas y UBCHs; instituciones que actualmente no gozan de un reconocimiento por la Constitución, transgrediendo los principios democráticos consolidados en el preámbulo de nuestra Carta Magna, cuyo fin máximo ha sido consolidar una sociedad democrática, participativa y protagónica para alcanzar un Estado de Justicia, lo que vendría a contrariar principios elementales como el sufragio universal, directo y secreto”, reza la misiva al respecto.
En el mismo documento los estudiantes expresan su rechazo rotundo a la represión ejecutada por los Cuerpos de Seguridad del Estado en manifestaciones que desde su óptica se han realizado de manera pacífica, en tal sentido, refiere se encuentran en contra de las “evidentes violaciones a los Derechos Humanos constitucionalmente establecidos, reflejadas en las fuertes represiones perpetradas por los Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellas personas que ejercen libremente y de forma pacífica su derecho a protestar y expresarse”.
Y también indica que están “profundamente preocupados por el hecho de que tribunales militares juzguen a civiles por acciones enmarcadas en el ejercicio de sus derechos, violando así el debido proceso y las disposiciones establecidas en el artículo 49 de nuestra Constitución, en virtud de las cuales toda persona debe ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad y de igual forma, tendrá el derecho de ser juzgada solo por sus jueces naturales en las jurisdicciones correspondientes”.
En atención a lo antes expuesto y ante el panorama socio-político en Venezuela los estudiantes de talante democrático de la Facijup-ULA acuerdan:
Rechazar de forma contundente la convocatoria a la Asamblea Constituyente realizada por el Ejecutivo Nacional, puesto que el ejecutivo solo se encuentra facultado para realizar la iniciativa para una posible convocatoria tal como lo establece el Art. 348 CRBV, y además por ser la misma una notoria violación a nuestra Constitución Nacional actual, al pretender derogarla, estableciendo así nuevas disposiciones que puedan ir en detrimento de los Derechos que han sido reconocidos desde constituciones anteriores, y que de acuerdo al principio de progresividad, los mismos no pueden ser desmejorados.
Objetar la actuación de los organismos de Seguridad del Estado, cuyo comportamiento ha sido completamente inconstitucional e ilegal, pues han obrado en funciones de intereses partidistas, sin considerar la seguridad de todos los civiles que protestan libre y pacíficamente en ejercicio de sus derechos constitucionales.
Convocar a la sociedad civil en general a la protesta pacífica derecho el cual se consagra en el artículo 68 constitucional y además sumarse a la activación de los Artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, puesto que es la ciudadanía investida o no de autoridad, quienes tendrán el deber de restablecer la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y de desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que menoscabe los Derechos Humanos, garantías, principios y valores democráticos.
Exhortar a todos los factores de la sociedad democrática, y en especial a las Universidades Nacionales, sus autoridades, profesores y estudiantes, así como también los distintos gremios de trabajadores y en especial a los Colegios de Abogados de los estados de la República, a que se pronuncien ante la flagrante violación del orden constitucional y el continuado detrimento de nuestro Estado de Derecho.LP.


