Organizaciones de derechos humanos, familiares y representantes de la sociedad civil exigieron este miércoles la liberación plena e incondicional de los presos políticos y advirtieron que la vida de decenas de detenidos corre grave peligro luego del doble terremoto del 24 de junio. Denunciaron deterioro de las condiciones de reclusión, falta de atención médica y ausencia de respuestas del Estado.
La declaración fue presentada en rueda de prensa convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), con el respaldo de organizaciones como Provea, Cofavic, Justicia, Encuentro y Perdón, Defiende Venezuela, Foro Penal, Cepaz, Civilis, Acceso a la Justicia, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza y Voces de la Memoria, JEPVzla, entre otras.
La directora de Justicia, Encuentro y Perdón (JEPVzla),Martha Tineo, fue la encargada de leer el comunicado suscrito por las organizaciones y los familiares de los presos políticos, en el que advierten que la emergencia provocada por los terremotos no puede servir para relegar la agenda de derechos humanos ni las obligaciones del Estado frente a privados de libertad.
“La emergencia humanitaria que vive Venezuela no puede utilizarse para relegar la agenda de derechos humanos. Por el contrario, confirma que la protección de la vida depende del restablecimiento de las garantías constitucionales, del funcionamiento de las instituciones y del respeto irrestricto a los derechos fundamentales”, manifiestan.
Las organizaciones sostuvieron que a casi un mes de la tragedia el Estado venezolano no ha informado sobre la situación de los recintos penitenciarios ni sobre las condiciones en las que permanecen los presos políticos, pese a las reiteradas solicitudes de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Alertan sobre estado crítico de presos políticos y exigen atención médica
La activista Andreina Baduel alertó que más de 40 presos políticos se encuentran en estado crítico de salud y aseguró que de no recibir atención médica inmediata, sus vidas corren peligro.
“Las instituciones del Estado siguen siendo cómplices de la tortura, la opacidad y la violencia”, denunció Baduel.
Recordó que su hermano, Josnars Baduel, continúa necesitando cuatro intervenciones quirúrgicas como consecuencia de las torturas que, afirmó, ha sufrido en reclusión, y responsabilizó al Estado por cualquier desenlace derivado de la falta de atención médica.
“Exigimos atención médica inmediata para todos los presos políticos y que se garantice su vida e integridad. El Estado venezolano será responsable de cualquier consecuencia derivada de la falta de atención”, manifestó la activista.
La representante de Clippve denunció que familiares de presos políticos han sido presionados por autoridades penitenciarias para retirar las denuncias públicas y dejar de exigir justicia como condición para obtener respuestas institucionales. Calificó como revictimizantes los encuentros mantenidos con funcionarios, al considerar que buscan imponer silencio frente a la crisis carcelaria.
La organización señaló que centros de reclusión como El Rodeo I, Guaicaipuro, Yare y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) presentan condiciones que incumplen estándares internacionales, al exponer a los detenidos a riesgos estructurales, tratos crueles y ausencia de atención médica oportuna.
Exigen cese de persecución contra defensores de derechos humanos
El coordinador jurídico de Cofavic, Ronnie Boquier, denunció que la falta de respuestas institucionales prolonga el sufrimiento de las familias, y rechazó las acciones de intimidación y criminalización contra quienes acompañan a las víctimas y documentan violaciones de derechos humanos.
“Le decimos al Estado, una vez más, que defender derechos humanos no es delito, y las organizaciones tenemos toda la legitimidad de acompañar a las víctimas”, señaló.
La organización sostuvo que cualquier proceso de transición democrática deberá garantizar el libre funcionamiento de las organizaciones sociales y el cese de la persecución contra defensores de derechos humanos, además de derogar normas restringen el ejercicio de las libertades fundamentales.
Provea insiste en liberación de presos políticos y garantías de derechos
En representación de Provea, el coordinador general, Óscar Murillo, afirmó que la emergencia derivada del terremoto no puede utilizarse para postergar las exigencias de justicia. Sostuvo que la reconstrucción del país debe desarrollarse bajo criterios técnicos, profesionales y democráticos.
“En Venezuela no hay voluntad política para atender el dolor de las familias víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos”, dijo Murillo.
Y agregó: “Hemos dirigido solicitudes al Ministerio Penitenciario, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Estas instituciones pueden tomar medidas con voluntad política, pero ninguna ha respondido”.
La rueda de prensa concluyó con llamado conjunto a la comunidad internacional para mantener la atención sobre la situación de los presos políticos en Venezuela y exigir al Estado garantías para su vida e integridad.
Los participantes insistieron en que la liberación de los detenidos por razones políticas, junto con la supervisión internacional de los centros penitenciarios, constituye una condición indispensable para proteger los derechos humanos en el país.
22-07-2026
