La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Bárbara Gabriela César Siero denunció que fue sometida a coacciones mientras ejercía como vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa para que firmara decisiones relacionadas con las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores, entre ellas la de María Corina Machado.
En un video divulgado a través de su canal de YouTube bajo el título «Cautivos del poder», César Siero aseguró que sus dos hermanos y su cuñada, todos integrantes de la Fuerza Armada, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 15 de diciembre de 2023 y posteriormente utilizados como rehenes para presionarla.
Ese día vencía el lapso establecido para que dirigentes políticos solicitaran ante el TSJ la revisión de las inhabilitaciones administrativas, como parte del procedimiento acordado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Barbados. María Corina Machado, que dos meses antes había ganado las primarias opositoras, presentó ese día su solicitud de revisión mediante su abogado Perkins Rocha.
César Siero relató que paralelamente fueron detenidos sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, así como su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo. «A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa», aseguró.
La exmagistrada afirmó que durante los días posteriores desconoció dónde se encontraban sus familiares y tampoco pudo comunicarse con ellos. Según su relato, informó sobre las detenciones a la entonces presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, y al fiscal general, Tarek William Saab. También sostuvo que consultó al entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien le habría respondido que desconocía su paradero.
«Procedí a firmarlas»
Bárbara César Siero señaló que el 22 de diciembre de 2023, siete días después de las detenciones, una asistente del presidente de la Sala Político-Administrativa acudió a las inmediaciones de su despacho con varias decisiones relacionadas con recursos contra inhabilitaciones políticas y permaneció allí hasta que fueran firmadas. «Teniendo a mis hermanos y a mi cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, las de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas», dijo.
Entre los expedientes mencionó los correspondientes a Machado, Henrique Capriles, Pablo Pérez, Leocenis García, Richard Mardo, Rosa Brandonisio de Scarano y Vincenzo Scarano, entre otros dirigentes. Según César Siero, aquellas decisiones no fueron publicadas inmediatamente.
La exmagistrada afirmó que volvió a ser requerida para firmar las decisiones el 26 de enero de 2024. Para entonces, aseguró, llevaba 46 días sin conocer el paradero de sus familiares. Ese día, el TSJ publicó las decisiones relacionadas con varios de los dirigentes que habían solicitado la revisión de sus casos. La Sala Político-Administrativa ratificó las inhabilitaciones contra Machado y Capriles, mientras otros dirigentes recuperaron la posibilidad de ejercer cargos públicos.
César Siero sostuvo que esa secuencia demuestra que la privación de libertad de sus familiares fue utilizada como una herramienta para condicionar su actuación dentro del máximo tribunal.
«Como magistrada principal y vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, fui víctima de un secuestro y violencia institucional, psicológica y patrimonial donde la vida de mis seres queridos se usó como rehenes para forzarme a firmar decisiones claves», afirmó.
Operación Brazalete Blanco fue un invento
Los familiares de César Siero fueron posteriormente vinculados por el Ministerio Público con la llamada «Operación Brazalete Blanco», presentada por las autoridades en enero de 2024 como un supuesto plan dirigido contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La exmagistrada rechazó esa versión y sostuvo que se trató de una causa fabricada para incriminar a militares y ejercer presión sobre ella. «Esos hechos no ocurrieron ni esos delitos: no hubo fallecidos, ni heridos, ni disturbios, no hubo robo de armas en cuarteles militares», afirmó.
A su juicio, el expediente fue construido para perjudicar a su familia, forzarla a abandonar el TSJ y enviar un mensaje al resto del Poder Judicial y de la Fuerza Armada. «La Operación Brazalete Blanco (…) no fue más que un libreto fabricado para perjudicar a mi familia y a muchas otras, para obligarme a renunciar y enviar un mensaje de terror al estamento militar y judicial», señaló.
César Siero también denunció que sus familiares fueron sometidos a desaparición forzada, incomunicación, torturas y otros tratos crueles durante su detención.
Presiones para abandonar el TSJ
La exmagistrada aseguró que las presiones continuaron después de hacerse pública la denominada Operación Brazalete Blanco. Según su testimonio, el 22 de enero de 2024 la entonces nueva presidenta del TSJ le exigió que renunciara al cargo. César Siero afirmó que se negó inicialmente y que recibió como respuesta que debía hacerlo porque podía «irle peor».
Relató además que en la carta mediante la cual intentó separarse del cargo hizo referencia a la situación de sus hermanos, pero le exigieron eliminar esa mención. «Al recibirla, la leyó y me exigió que no mencionara a mis hermanos, que solo renunciara, por lo que tuve que subir nuevamente a modificarla», afirmó.
César Siero sostuvo que ninguna autoridad de la directiva del TSJ tenía atribuciones para obligar a otro magistrado a renunciar y calificó estos hechos como abuso de poder y extralimitación de funciones. Dijo que presentó posteriormente una nueva renuncia, el 5 de febrero de 2024, después de haber sido interrogada por Saab debido a que estuvo presente durante el allanamiento de los apartamentos de sus hermanos.
Finalmente, fue retirada administrativamente del TSJ en octubre de 2024. Aseguró que tampoco le fue reconocida la jubilación, pese a las solicitudes que presentó ante el organismo.
Torturas y violaciones al derecho a la defensa
César Siero también denunció irregularidades durante el proceso penal contra sus familiares. Afirmó que durante 965 días se impidió que pudieran juramentar abogados privados de su elección y se les impusieron defensores públicos. También aseguró que fueron sometidos a períodos de incomunicación y a condiciones de reclusión que considera violatorias de los derechos humanos.
Parte de su relato se refiere a las condiciones de las visitas en El Rodeo I, donde permanecieron recluidos sus hermanos. «Fui de visita al Rodeo 1, lugar en el que se violan los derechos humanos de los presos políticos y de quienes los visitamos», expresó.
En ese lugar los familiares de los detenidos eran obligados a utilizar capuchas negras durante el ingreso al centro penitenciario. Las visitas, agregó, se realizaban durante aproximadamente 15 minutos, con los detenidos esposados y separados de sus familiares por un vidrio, mientras se comunicaban mediante teléfonos cuyas conversaciones eran grabadas.
César Siero denunció además obstáculos para presentar solicitudes en favor de sus familiares al amparo de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática promulgada en febrero de 2026.
El 1 de octubre, el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo condenó a Guillermo Enrique César Siero a 12 años de prisión por conspiración. Guillermo Henry César Siero y Diana Desirée Victoria Justo recibieron penas de tres años por encubrimiento. Fueron absueltos de otros delitos que les habían sido imputados.
La exmagistrada explicó que decidió hacer público su testimonio después de culminar el juicio y afirmó que anteriormente había guardado silencio por temor a represalias contra ella y su familia.
Responsabilizó al Estado venezolano, a funcionarios que ocuparon cargos relacionados con su caso y a integrantes de la Dgcim de cualquier amenaza, persecución o daño contra ella o sus familiares.
También solicitó protección ante organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.
César Siero pidió que sean anuladas las sentencias contra sus familiares y reclamó además que el TSJ reconozca su derecho a la jubilación. «Esto evidencia que en Venezuela no existe autonomía ni independencia judicial ni debido proceso», afirmó.
Su denuncia se conoce mientras está en marcha un proceso político para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, uno de los asuntos incluidos en la actual mesa de diálogo entre representantes del gobierno y de la oposición. «Cuando los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo», concluyó César Siero.
07-10-2026
