Representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos se reunieron este sábado 19 de septiembre con la Comisión de Transición de la Asamblea Nacional electa en 2015, encabezada por su presidenta, Dinorah Figuera. Durante el encuentro, los voceros expusieron la situación de sus allegados y demandaron respuestas precisas ante el avance de los procesos de excarcelación.
Durante la jornada, los allegados documentaron irregularidades en los expedientes judiciales, que incluyen detenciones arbitrarias, falta de comunicación, traslados sin notificación a los parientes y el deterioro en el estado de salud de los recluidos. Sandra Hernández, familiar de un efectivo militar detenido en la prisión de Ramo Verde, expresó la urgencia de obtener información clara sobre las gestiones y resaltó que la representación de la AN-2015 debe actuar como un canal efectivo para concretar resultados en las mesas de negociación.
La audiencia se produce de forma paralela al desarrollo del segundo ciclo de conversaciones entre la delegación opositora liderada por Figuera y el sector oficialista representado por Jorge Rodríguez. Esta nueva ronda de negociación en la capital aborda aspectos vinculados a las garantías civiles, la libertad de expresión y la supervisión del proceso de reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia.
Previamente, el comité dirigió una comunicación a ambas partes en la que documentó al menos 400 casos de privación de libertad por razones políticas, de los cuales 37 corresponden a personas que padecen patologías de salud severas sin recibir atención médica adecuada. La organización reiteró su rechazo a que el estatus de los privados de libertad sea tratado como un elemento de canje en las negociaciones políticas, calificando de insuficientes los anuncios de excarcelaciones acordados tras la primera fase de conversaciones.
Las acciones desplegadas por los familiares forman parte de una agenda de protesta continua denominada «Ruta de las Respuestas Pendientes», mediante la cual han presentado peticiones ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la sede del Ejecutivo, insistiendo en que el proceso de liberación debe aplicarse de manera incondicional y verificable para la totalidad de los detenidos.
19-09-2026
