Caracas, 29 de mayo de 2014
Ciudadana
GABRIELA RAMÍREZ
Defensora del Pueblo
SU DESPACHO.-
En nombre de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), nos dirigimos a Usted en su condición de titular de la Defensoría del Pueblo que forma parte del Poder Ciudadano como Órgano del Poder Público Nacional.
La Constitución de 1999 decide la creación de la Defensoría del Pueblo quien tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por la República, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos y ciudadanas (Art. 280 de la CRBV).
Entre las atribuciones del Titular de la Defensoría del Pueblo se establece (Art. 281 de la CRBV), entre otras cosas:
- La investigación de oficio o a instancia de parte de las denuncias que lleguen a su conocimiento.
- Amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas, contra la arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos por funcionarios públicos.
- Interponer acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas data o cualquiera necesaria de conformidad con la Ley, cuando sea procedente.
- Instar a la Fiscalía General de la República a intentar los recursos o acciones necesarias contra los funcionarios públicos responsables por la violación o menoscabo de los Derechos Humanos.
- Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto a los funcionarios públicos por la violación de los Derechos Humanos.
- Solicitar ante los Órganos competentes las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los Derechos Humanos al público usuario (pueblo de Venezuela).
Es el caso, que el sector estudiantil venezolano y otros miembros de la sociedad venezolana, iniciaron desde el 4 de febrero 2014 una serie de protestas pacíficas para rechazar ciertos hechos y/o situaciones irregulares, así como para exigir reivindicaciones que expresan su sentir, que sería el mismo de la mayoría del pueblo venezolano, sobre: la inseguridad, asaltos, atracos, muertes violentas, expropiaciones, deterioro del poder adquisitivo, escasez de productos básicos, desabastecimiento generalizado, precariedad de los servicios básicos, ocupación de los puestos de trabajo por mano de obra extranjera y militarización del gobierno; en fin, una constante violación de los derechos humanos y otros, consagrados en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Venezuela como firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos incorpora estos Derechos en el Texto Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Art.19 de la CRBV. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los Órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen.
Art. 23 de la CRBV. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.
Desde el mismo momento que se iniciaron las protestas estudiantiles pacíficas, los estudiantes y la sociedad venezolana en general han sido duramente reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuerpos policiales (PNB) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), con armas de fuego, gases tóxicos, muertes, torturas y encarcelamiento de estudiantes, negándoles el legítimo derecho a la defensa. La situación más grave se ha presentado por la participación de grupos civiles armados que actúan como organismos parapoliciales o en representación gubernamental, y que de manera abusiva atentan contra la vida de los manifestantes con gran impunidad:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) garantiza en su Art 2 la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; en el Art. 3, el cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en ella, y en el Art. 68, establece el derecho a manifestar y prohíbe “el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones”. Sin embargo, durante 114 días de protesta, hemos visto como se han violado repetidamente la CRBV y la CIDH: 43 muertos, centenares de heridos, miles de detenidos, algunos aún con medida privativa de libertad y la mayoría de los liberados con régimen de presentación, torturados, irrespetados, violados en sus derechos fundamentales. Esos estudiantes merecen ser escuchados.
El Estado venezolano criminaliza la protesta pacífica y reprime brutalmente a los estudiantes violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que ha traído como consecuencia el fortalecimiento de la protesta estudiantil y el que se generen actos de violencia por parte de las comunidades que protestan contra los Órganos represivos del Estado y los colectivos y/o grupos de civiles armados.
A las Universidades venezolanas, con autonomía constitucional, “les corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”, (Artículo 2, Ley de Universidades).
En las últimas semanas las Universidades, públicas y privadas, sus profesores y estudiantes, se han convertido en blanco de los ataques de los cuerpos represivos del Estado y grupos de civiles armados que actúan como organismos o grupos paramilitares o parapoliciales, a pesar de las garantías constitucionales sobre su autonomía e inviolabilidad de sus recintos (Artículo 109 de la CRBV).
Durante las protestas en Venezuela, 18 universidades, públicas y privadas, han sido atacadas, saqueadas y quemadas, con destrucción parcial o total de archivos que guardan la data académica estudiantil, bibliotecas, laboratorios, aulas de clase, estacionamientos, áreas comunes, vehículos de trabajadores y estudiantes, destrozados y quemados; miembros de sus comunidades atacados, perseguidos, heridos, vejados, torturados y detenidos. Es decir, no solo se ha sembrado un clima de inseguridad total entre los universitarios sino que se han destruido documentos personales e institucionales muy valiosos e insustituibles, documentos que garantizan la información para los Actos Académicos, se ve afectado el patrimonio universitario y del Estado venezolano; en otras palabras, el presente y el futuro académico están en riesgo, es muy grave la situación.
La violación inconstitucional de los recintos universitarios, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano y grupos parapoliciales, el uso abusivo de gases prohibidos, de armas de fuego y perdigones, en áreas universitarias, ha traído como consecuencia la ausencia de estudiantes y trabajadores, que se sienten aterrorizados y que no quieren exponer sus vidas, resultar heridos o detenidos.
A los Profesores universitarios nos corresponde: “La enseñanza y la investigación, así como la orientación moral y cívica que la Universidad debe impartir a sus estudiantes” (Artículo 83, Ley de Universidades) y “la enseñanza universitaria que debe estar inspirada en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y abierta a todas las corrientes del pensamiento universal”, (Artículo 4, Ley de Universidades).
La Federación y nuestras Asociaciones agremiadas, rechazamos la violencia venga de donde venga y, particularmente, aquella que es fomentada mediante el lenguaje que descalifica y desconoce a una parte de la población y se ejerce, principalmente por actores políticos y funcionarios públicos.
Los profesores universitarios que cumplen en estos momentos, de manera circunstancial, cargos como Autoridades Universitarias y Autoridades Gremiales están siendo amenazados por los Tribunales, en flagrante violación a la autonomía universitaria y a la libertad de Asociación.
Los Consejos Universitarios y Juntas Directivas de Asociaciones de Profesores, de acuerdo a la CRBV, Ley de Universidades, LOPCYMAT, LOT, Ley de Seguridad Social y Actas Convenio Institucionales, son los responsables de proteger nuestras Instituciones, de garantizar a sus comunidades (estudiantes y trabajadores), condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales; están obligados, además, a garantizar ambientes libres de sustancias que por su naturaleza, toxicidad o condición físico-química pudieran afectar la salud de esas comunidades. Es asombroso, que los Tribunales encargados de impartir justicia, estén amenazando a las Autoridades Universitarias y Presidentes de Asociaciones de Profesores, con sancionarlos, queriendo obligarlos a pisotear la autonomía y a desconocer decisiones de Consejos Universitarios, Juntas Directivas de Asociaciones y Asambleas Generales de Trabajadores.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), Organización Nacional Gremial que agrupa a los Miembros del Personal Docente y de Investigación de las Universidades Nacionales, tiene entre sus FINES (Artículo 3, literal m, de nuestros Estatutos) el deber de “Propiciar y mantener los Principios de respeto a los Derechos Humanos y a las Instituciones Democráticas”.
Como docentes universitarios tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestros estudiantes; por lo tanto,FAPUV ratifica su respaldo total al movimiento estudiantil venezolano, a la Universidad venezolana y a nuestros agremiados, en sus justas demandas, en sus protestas pacíficas y en defensa de los derechos colectivos y difusos de la sociedad venezolana en general, por lo que hemos asumido el deber de presentar ante Usted la solicitud de medidas de protección para las Universidades, para los estudiantes, profesores y otros miembros de la sociedad civil, que aún permanecen encarcelados o bajo régimen de presentación; para ellos solicitamos la “libertad plena”.
PETITORIO. Por lo antes expuesto, solicitamos a Usted, como Defensora del Pueblo, que en el uso de sus atribuciones constitucionales proceda a:
1. Exigir al Poder Público Nacional el irrestricto respeto a los Derechos Humanos y el otorgamiento de todas las garantías para su cabal ejercicio.
2. Exigir a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el cese inmediato de la brutal represión, a través del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas, en el control de las manifestaciones de aquellas personas que ejercen su derecho constitucional a la protesta.
3. Exigir a los cuerpos militares y policiales que se concentren en defender la soberanía nacional y defender a la ciudadanía del hampa desbordada y no en reprimir al pueblo de Venezuela.
4. Tramitar ante los Tribunales de Justicia la libertad plena para los estudiantes y demás miembros de la sociedad civil venezolana detenidos en el ejercicio de su derecho constitucional a la protesta.
5. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto a que se detenga la criminalización y judicialización de la protesta, garantizando el debido derecho a la defensa.
6. Solicitar ante el Poder Público Nacional el desarme de los grupos violentos parapoliciales que causan terror en la sociedad venezolana.
7. Exigir a la Fiscalía General de la República un comportamiento imparcial para que el pueblo tenga alguna garantía de defensa cuando se violentan sus derechos fundamentales.
8. Exigir ante los organismos competentes el castigo para los culpables de asesinatos, lesiones y torturas que se han producido como respuesta a la legítima protesta estudiantil y de otros miembros de la sociedad civil venezolana.
9. Solicitar al poder Público Nacional y al Poder Judicial el respeto a la autonomía universitaria y la inviolabilidad de su recinto, hoy con rango constitucional.
10. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas necesarias para exigir el cese de los actos de intimidación contra las autoridades universitarias y gremiales.
11. Exigir ante los organismos competentes el cese de los ataques y destrozos ocasionados a las Universidades públicas y privadas.
12. Solicitar ante los organismos competentes, que se investigue quiénes son los responsables de los ataques a las Universidades y se establezcan las sanciones correspondientes.
13. Exigir al Poder Público Nacional el inicio de un proceso auténtico de diálogo social constructivo, inclusivo y público por el respeto a los derechos humanos, la justicia y la paz, frente a la crisis política, social y económica que vive el país.
La crisis se profundiza en Venezuela y la represión no va a resolver los males que hoy azotan a la sociedad venezolana. El único camino sensato tenemos que abordarlo como Nación y es el camino democrático, reafirmando nuestro compromiso por la vida la libertad y la justicia.
El gobierno venezolano, el Poder Ciudadano y nosotros, como docentes universitarios, como educadores, tenemos el compromiso con el país de defender los derechos humanos fundamentales del pueblo de Venezuela y de proteger las Universidades, sus bienes y sus comunidades; en especial, de proteger a nuestros estudiantes y a la juventud venezolana en general, que son los más afectados. Los invitamos a hacerlo de manera franca y responsable.
Seguros de su receptividad y apoyo, para poder construir, de manera conjunta, una paz verdadera y duradera, nos suscribimos de Usted.
Atentamente,
POR LA JUNTA DIRECTIVA
C.C. Asociaciones
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