Así lo planteó la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) en comunicación dirigida a José David Cabello, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); la cual fue consignada en su despacho, este martes 8 de marzo, por una representación del gremio docente universitario.
Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de FAPUV, manifestó que “no solo es injusto y confiscatorio el cobro del ISRL, sino que los universitarios simplemente no podemos pagarlo por la precaria situación económica que presentamos debido a nuestros bajos salarios y a la alta inflación que enfrentamos en Venezuela”.
Ramírez de Viloria explicó las razones por las cuales el profesorado universitario considera que “no debería proceder con todo rigor la aplicación del citado Artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, debido a que los enriquecimientos netos recibidos en el año 2015 han venido reduciéndose significativamente en términos de su poder adquisitivo con respecto a periodos anteriores. Hecho verificado a través del método de deflación y en función de cifras oficiales presentadas en el INPC y porque obligar a pagar el impuesto sobre la renta por ingresos relativos al bono vacacional o bono de fin de año, violenta el Estado Constitucional de Derecho”
“Tal violación –prosiguió- se evidencia en lo que respecta al principio de supremacía de la «Carta Magna» (Artículos 7, 31, 333, 334 y 335); la supraconstitucionalidad de los tratados y acuerdos sobre «Derechos Humanos (Artículo 23); la irrenunciabilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales (cónsonos con la institución del «derecho adquirido»): cualquier acción, acuerdo o convenio queda sin efecto si contraviene o menoscaba estos derechos (artículos 87, 89 y 91), el principio de la irretroactividad de las leyes, a menos que sea para beneficiar a la persona (Art. 24), el derecho a la información veraz y oportuna (Artículos 28 y 58), y en particular lo que refiere al «costo de la canasta básica» (Art. 91)”.
En tal sentido –precisó- y en concordancia con las consideraciones formuladas con base en criterios de hecho y de derecho, FAPUV solicita de manera clara, precisa y contundente:
Respetar el Estado Constitucional de Derecho, toda vez que el artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta representa un quebrantamiento del principio de jerarquía constitucional, y en todo caso violenta los derechos humanos de los trabajadores en general y de los docentes en particular. Tal como está establecido en la sentencia N° 301 del 27-02-2.007 emanada de la Sala Constitucional del TSJ, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) en su Artículo 104, al igual que en el Artículo 133 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de 1997, considerar como base imponible de los trabajadores en general y de los docentes en particular el «Salario Normal».
“En función del impacto negativo sobre el patrimonio de los trabajadores universitarios en general y de los docentes en particular, de este tributo a todas luces de carácter regresivo, es menester que de forma inmediata se proceda a revisar y corregir la manera como se ha aplicado la retención del impuesto en nuestras universidades, dado que el salario integral, considera rubros como las primas por hogar, por hijos y lo correspondiente a caja de ahorro, consideradas éstas como aportes laborales que no deberían pagar impuesto de acuerdo con el mismo marco legal vigente. Así mismo, es de recalcar que en lo que respecta al salario básico, el mismo estaría doblemente considerado en el cálculo definitivo de dicho impuesto”, dijo.
“Por último, el gremio solicita en el documento presentado que el Ciudadano Presidente de la República proceda a la aplicación del Artículo 197 del Decreto N° 1.435, de fecha 17-11-2014, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que textualmente dice: «El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, dentro de las medidas de política fiscal requeridas de acuerdo a la situación coyuntural, sectorial y regional de la economía del país, podrá exonerar total o parcialmente del impuesto establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los enriquecimientos obtenidos por sectores que se consideren de particular importancia para el desarrollo económico nacional o que generen mayor capacidad de empleo, así como también los enriquecimientos derivados de las industrias o proyectos que se establezcan o desarrollen en determinadas regiones del país».
Prensa FAPUV
