La extensión de la cuarentena por el COVID-19 significa que no habrá vuelta a las aulas por ahora. El Ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, ha anunciado un plan “Universidad en Casa” que se extendería hasta el mes de agosto. Al respecto, lo primero que hay que señalar es que no existe tal plan. El anuncio fue hecho sin que concurran las mínimas condiciones para darle cumplimiento al supuesto plan, ni iniciativa alguna para crearlas, ni presupuesto definido para tal fin.
Ofrece el Ministro garantías de formación de los futuros profesionales por parte de los profesores universitarios desde sus hogares, en los próximos meses, sin preguntarnos primero si podemos y queremos hacerlo, ni consultar con las universidades. Porque corresponde a las universidades definir su estrategia de prosecución de la labor docente, en virtud de la autonomía universitaria; y corresponde al profesorado decir si estaría dispuesto, o no, ya que no hay salario, ni seguridad social, ni dotación de equipos que puedan justificar ese “plan” como una obligación para el personal docente.
Queda claro, entonces, que el Ministro no tiene cualidad para ofrecer un “Plan de Universidad en Casa”. Tampoco tiene elementos para afirmar, como lo ha hecho, que el 95% de las universidades se han sumado a dicho “plan”. Las universidades no tienen como hacerlo. En las actuales condiciones del país, es imposible la “Universidad en Casa”, por múltiples razones, todas ellas atribuibles a la pésima gestión del Ejecutivo Nacional y de su Ministerio de Educación Universitaria.
Una elevada proporción de estudiantes y profesores no tienen conexión a internet. Muchos sufren largos cortes del servicio eléctrico todos los días. Los salarios pulverizados, la salud precaria, el peligro de contagio por COVID-19, la cuarentena sin producción, sin ingresos, sin alimentos, sin gasolina y sin agua, son el contexto de la fantasía ministerial de unas supuestas clases a distancia, a ser dictadas sin internet, sin electricidad y sin dotación de equipos de computación. Esta grave situación demuestra lo negativa y peligrosa que resultó para la Nación la política de cerco económico y de hostigamiento permanente contra las universidades y sus comunidades.
Por otra parte, muchas asignaturas solo son posibles en la modalidad presencial. Y en el caso de las demás materias, la educación a distancia no se puede improvisar. Pasar de regímenes presenciales a la modalidad virtual requiere de plataformas que muchas universidades no tienen, y supone un trabajo extra para el docente, tanto de formación, para poder montar y trabajar con un aula virtual, como de adaptación de los cursos y de atención a los estudiantes. El “Plan de Universidad en Casa”, depende, entonces, de un trabajo enorme por parte de un profesorado, cuya labor académica no viene siendo remunerada.
El contacto académico que en la actualidad mantenemos con nuestros estudiantes, busca preservar su ritmo y disposición al estudio; pero para garantizar la formación de calidad que conduzca a un título profesional, las universidades van a tener que analizar la situación, considerar las condiciones reales de las instituciones, sus profesores y sus estudiantes, y con base en ese análisis, reprogramar.
La reprogramación del período académico en las universidades debe incluir la reconsideración de las remuneraciones. Desde que comenzó la cuarentena hemos advertido por todas las vías posibles, de manera permanente, la debilidad con que nuestros agremiados están afrontando esta situación, al carecer de un ingreso que garantice la alimentación del núcleo familiar, y al estar imposibilitados de generar un ingreso alternativo a través del ejercicio libre de sus profesiones, toda vez que las actividades económicas están en su mayoría paralizadas. No ha habido respuesta, de nadie, ni siquiera para decir “lo vamos a tomar en cuenta”. Así pagan el compromiso y la entrega de una comunidad docente que, a pesar de la emergencia humanitaria compleja, ha logrado mantener la calidad de la formación en las universidades públicas y que ellas sean reconocidas en los rankings internacionales, a través de lo que no puede ser calificado de otra manera sino como trabajo voluntario.
Es por eso que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), organización gremial constituida por las Asociaciones de Profesores de las 18 universidades públicas venezolanas de mayor prestigio nacional e internacional, acuerda:
1. Rechazar la pretensión de obligar a los profesores universitarios a desarrollar actividades virtuales de docencia que sustituyan los programas presenciales interrumpidos por la cuarentena por el COVID-19.
2. Demandar el pago de un bono especial mensual, durante el tiempo que dure la cuarentena por el COVID-19, que cubra el costo total de la canasta básica, para todos los profesores universitarios, activos y jubilados.
3. Instar a las universidades a reprogramar el período académico cuando finalice la cuarentena por el COVID-19, garantizando la calidad de la educación y el desarrollo de la investigación científica.
4. Anunciar que cuando finalice la cuarentena por el COVID-19, volveremos a las aulas con salario digno, a definir de común acuerdo entre las partes.
“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”
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12-04-2020
