Venezuela es una República definida en el Preámbulo y en los Principios Fundamentales entre los que destacan que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que los órganos del Estado emanan de dicha soberanía popular.
Fortunato González presidente emérito de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional sostiene que así lo señalan expresamente los artículos 5 y 6. Estos principios son los que permiten distinguir una República de las monarquías y de las dictaduras. El artículo 7 dispone que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, y que todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sometidos a ella. Se incluye por supuesto al Tribunal Supremo de Justicia y a su Sala Constitucional que como todos los tribunales, tienen el deber de asegurar la integridad de la Constitución (artículo 334). Cuando la Constitución señala que el máximo intérprete de la Constitución es el TSJ y que esa interpretación, si emana de la Sala Constitucional es vinculante, lo es para el Poder Judicial, no para los otros poderes mucho menos cuando dicha interpretación desnaturaliza la República y el gobierno democrático y desconoce la voluntad popular.
Para este docente de la Universidad de Los Andes las sentencias de la Sala Constitucional han sido dictadas en acatamiento a las instrucciones del gobierno anulando su autonomía e independencia, y su argumentación desnaturaliza lo que el Poder Constituyente dispuso al señalar en el artículo 136 que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional; y éste se divide en Legislativo (el primero), Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, cada uno autónomo e independiente.
Al desconocerse estos valores y principios de la República Constitucional y Democrática, se produce un desconocimiento integral de la Constitución pues transforma el Estado y el gobierno en no democrático. Ya el ejercicio de la soberanía mediante el voto no existe puesto que no se han realizado las elecciones de los gobernadores y ni de los legisladores que tienen los períodos vencidos, ni el revocatorio del Presidente, ni tampoco las elecciones en las Universidades, ni en colegios profesionales, ni en los gremios, ni en ningún organismo intermedio de la sociedad civil por impedimentos dictados por el TSJ.
Si aún había algún resto de democracia, las últimas sentencias de la Sala Constitucional que habilita al Ejecutivo para ejercer el poder de facto y asume las funciones de la Asamblea Nacional, terminan por eliminarlo. No queda entonces la posibilidad de elecciones sino de la desobediencia cívica conforme al artículo 333 de la Constitución que prevé el caso de la ruptura constitucional al disponer textualmente lo siguiente: “Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”


