Por: German Rodriguez Bustamante…
En Venezuela la política salarial ha fracasado en asegurar la dignidad laboral, caracterizándose por la desalarización gradual de las remuneraciones del sector público y en menor grado en el privado. La bonificación sin impacto prestacional y un salario mínimo inalterado en bolívares desde marzo 2.022, producen estragos en la clase trabajadora, violando lo que establece el artículo 91 de la CRBV, el cual expresa que: se debe garantizar a todo trabajador el derecho a un salario digno y suficiente que permita cubrir necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud) para sí y su familia. El Estado debe establecer un salario mínimo vital ajustado periódicamente según la canasta básica. La referencia establecida por parte del régimen en este momento, equivale a menos de 1$ mensuales, pulverizando el poder adquisitivo, provocando pobreza laboral extrema y el éxodo masivo de profesionales.
El salario mínimo perdió más del 90% de su poder adquisitivo real, con ingresos que no cubren ni una mínima fracción de la canasta básica. Por otro lado, al eliminar el carácter salarial de los ingresos, las pensiones y prestaciones sociales se volvieron prácticamente inexistentes, obligando a los trabajadores a depender de ayudas o emprender en la economía informal. La política salarial implementada es una forma perversa de abaratar la fuerza de trabajo y reducir el gasto público, resultando en una precarización absoluta del empleado público venezolano. A pesar de esta situación, los cargos públicos se mantienen con una alta ausencia, improductividad y nóminas paralelas para sostener el clientelismo político. En este escenario es absolutamente imposible una recuperación económica con estos niveles de incapacidad y corrupción de la estructura de trabajo del sector público.
La política salarial actúa como una bisagra imprescindible al equilibrar la competitividad empresarial con el poder adquisitivo de los trabajadores. Define la distribución de la riqueza y la estructura de costos, impactando directamente en la productividad, el consumo interno, la retención de talento y la inflación, siendo crucial para el crecimiento económico y la justicia social. Lamentablemente en Venezuela en manos del presidente obrero, de forma deliberada o por ignorancia el puente entre la necesidad de las empresas de reducir costos y la necesidad de los trabajadores de mantener su poder de compra, fue dinamitado generando éxodo masivo de profesionales al extranjero, cierre empresarial y una improductividad laboral peligrosa.
En Latinoamérica la política salarial era un instrumento central de la política macroeconómica, y la intervención del Estado en ella era muy importante. Al comenzar los años noventa, en cambio, los países en su mayoría, están en una situación macroeconómica más equilibrada y su proceso de apertura comercial se ha intensificado. Ambos factores refuerzan la importancia de los costos ante la necesidad de mantener la competitividad de la producción nacional, de modo que la búsqueda de instrumentos que flexibilicen los costos, entre ellos los laborales, es hoy una constante. Estos cambios de circunstancias y enfoque han reducido el rol del Estado en el ámbito salarial y han llevado la discusión al nivel de la empresa. Por desgracia en Venezuela ante la omnipresencia del Estado, esa orientación no se dio, por el contrario el rol asumido fue mayor destruyendo las condiciones del empleo. Por ello las remuneraciones dejaron de ser un estímulo a la productividad, en consecuencia los impactos macroeconómicos son nulos.
Los salarios dignos son esenciales para el desarrollo económico y social y para reducir la pobreza y la desigualdad, así como para garantizar una vida digna y mejorar la justicia social. Sin embargo, a pesar de las tendencias positivas a largo plazo de los salarios medios, millones de trabajadores de todo el mundo, siguen ganando salarios muy bajos y siguen viviendo en la pobreza. Cuando las políticas salariales están bien diseñadas y se aplican de manera eficaz, pueden ser una poderosa herramienta para proteger a los trabajadores contra los salarios bajos y para garantizar una participación justa de todos en los frutos del progreso. Las políticas salariales bien elaboradas también pueden tener efectos positivos sobre la productividad laboral, tanto a nivel de empresa como a nivel de toda la economía. Por el contrario, si se diseñan mal, pueden poner en peligro el bienestar de los trabajadores, socavar su aplicación efectiva y fomentar la economía informal.
Esta descripción ilustra de forma clara la tragedia que ha vivido la clase trabajadora venezolana. En este momento la necesidad que la política salarial sea revisada es una demanda urgente, los trabajadores no soportan un día más con esos salarios en el marco de un incremento de precios sostenidos, impulsados por la política cambiaria del Banco Central. No existe remuneración pública y ni privada que soporte la inflación desatada, los efectos de la intervención comercial y financiera en PDVSA no llegan al ciudadano. Los sindicatos y gremios están en una situación grave de representatividad, minimizando sus capacidades de presionar y exigir mejores condiciones laborales. Está más que demostrado que el sistema de salario mínimo es inadecuado y no han podido contrarrestar los efectos de la inflación sobre el costo de la vida. Mostrar el salario más bajo del continente y posiblemente del planeta, no es un logro, es una desdicha para una Nación supuestamente rica con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. La precarización del salario y por ende del trabajo es un reflejo de la economía en su conjunto. Para intentar derrotar la pobreza y la desigualdad presente en Venezuela en este momento, es necesario una política salarial integral que recupere gradualmente el poder de compra de las remuneraciones, acortando la brecha entre los ingresos y la cesta básica.
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02-03-2026
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