El fracaso de la política cambiaria

Por:  Germán Rodríguez B…

La política cambiaria forma parte de la política económica y comprende el conjunto de acciones que toma el Banco Central en procura de que el comportamiento del tipo de cambio sea  congruente con las condiciones que priven en el mercado cambiario y la evolución de las variables que determinan el valor de la moneda en el largo plazo. En el caso venezolano, el BCV es una institución en la cual la sociedad delegó la capacidad de emitir dinero y de regular el nivel de crédito de la economía; en consecuencia debe adoptar medidas de política monetaria y cambiaria  para procurar una inflación baja y estable para preservar el valor de la moneda. El artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. También rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que le soliciten e incluirán los análisis que permita su evaluación. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas, de acuerdo con la ley. El Banco central de Venezuela estará sujeto al control posterior de la Contraloría General de la República y a la inspección y vigilancia del organismo público de supervisión bancaria, el cual remitirá a la Asamblea Nacional informes de las inspecciones que realice. El presupuesto de gastos operativos del Banco Central de Venezuela requerirá la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional y sus cuentas y balances serán objeto de auditoria externa en los términos que fije la ley.

A pesar que la anterior Asamblea Nacional en diciembre del año 2015, en el marco de los poderes habilitantes modifica la Ley del Banco Central y que el intento de restituir el espíritu de la Constitución en la reforma presentada por la nueva asamblea, fue declara como inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el articulado de la Constitución vigente es claro. Los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad pública deben ser cumplidos por el ente emisor. La declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional por parte del TSJ, no exime al BCV del cumplimiento de sus objetivos.

No puede el BCV refugiarse en el secreto de seguridad nacional, para no informar a los ciudadanos sobre el comportamiento de las variables económicas y el resultado de las políticas instrumentadas. La reserva sobre la clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones a la seguridad de la Nación, es única y exclusiva del ejecutivo nacional (artículo No. 325, CNRBV), en consecuencia el BCV no puede cobijarse con ese manto para eludir sus responsabilidades. En la reforma aprobada en diciembre del 2015, el directorio tiene la potestad para suspender transitoriamente, la publicación de información por el período durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la Seguridad Nacional y a la estabilidad económica de la Nación, no existe fundamento constitucional para esa atribución otorgada al Directorio. Toda la reforma arreglada en el marco de los poderes habilitantes, elimina la autonomía del BCV y establece una subordinación total al poder ejecutivo, violentando el andamiaje de soporte de la Constitución vigente referida a: los contrapesos de los poderes, la participación ciudadana y la sociedad, la información pública como un derecho humano y la carga del Estado para satisfacer las reivindicaciones sociales.

En este marco desde el año 2003 se organizó el régimen de control cambiario, con la finalidad de evitar supuestamente la fuga de capitales, sin embargo la medida ha permitido la salida de más de 350.000 millones de dólares, de acuerdo a información suministrada por el Ministro de Comercio Exterior Jesús Farías. La nación ha naufragado en una serie de medidas de control cambiario que ha producido maxidevaluaciones, saqueo de las divisas producidas por la actividad petrolera y por el exagerado endeudamiento externo. El desempeño del directorio del BCV en materia de administración de las reservas internacionales, no deja ninguna duda de su actuación negligente, las mismas muestran una caída pronunciada llegando a la cifra ligeramente por arriba de 10.000 millones de dólares al 15 de mayo de 2017, limitadas en su disposición por las prendas sujetas a una porción del Oro Monetario. La información de soporte que justifique el desplome y los detalles sobre los financiamientos negociados, utilizando parte de las reservas como garantía son fundamentales para los venezolanos, y no pueden calificarse como secreto.  Es conocido por todos los venezolanos, la improvisación en el diseño e instrumentación de la política cambiaria,  los sistemas adoptados se han convertido en nidos fecundos para la corrupción, sin que el directorio del BCV presente a los venezolanos las razones técnicas que fundamentan la adopción de nuevas modalidades de control de divisas. La Contraloría General como órgano del Poder Ciudadano,  en  el ejercicio de sus funciones, verificará la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control, incluyendo al BCV. Estimados integrantes del directorio del Banco Central de Venezuela, son ustedes conscientes del daño que están haciendo por el fracaso de la política cambiaria y que a pesar de saberlo no lo evitan, hagan un acto heroico ante la sociedad y no la defrauden ¡RENUNCIEN!

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