Por: Bernardo Moncada Cárdenas…
La segunda semana de Cuaresma en nuestra Mérida se ha caracterizado por la propagación de frecuentes conflictos estudiantiles. Dos motivaciones están siendo esgrimidas para justificar protestas que llegan a ser tan violentas como asaltos y secuestros, por parte de grupos comando de encapuchados armados, de dependencias como las facultades de Farmacia y Bioanálisis, Ciencias, Ingeniería, y Arquitectura y Diseño. Incide, por una parte, la recurrencia de choques debidos a aumentos progresivos del costo del transporte público, que desajustan los acuerdos logrados trabajosamente con la Alcaldía de Mérida sobre pasaje reducido para estudiantes y, por otra, la protesta de sectores estudiantiles políticamente afectos al régimen, contra decisiones legítimamente acordadas por los organismos de co-gobierno de la Universidad de Los Andes acerca del servicio de comedor para universitarios.
Las protestas escalan en agresividad y abusos, frente a la mermada efectividad de la Dirección de Vigilancia de la institución con creciente dificultad presupuestaria, mientras que es obvia la impunidad con la cual los politizados cuerpos del orden público permiten esas arremetidas de grupos oficialistas. Pareciera que un plan avieso contra la universidad va midiendo su capacidad defensiva antes de lanzar el ataque final.
Parte del operativo que va cercando la universidad se lleva a cabo en la opinión pública, particularmente en ese terreno aparentemente salvado para la libertad de expresión y el intercambio abierto de puntos de vista: las redes sociales. A eso se refiere la Columna de esta semana.
Así, respecto al tema de la licitación de los comedores universitarios, específicamente, circulan tres insidiosas “informaciones” en difusión para desprestigiar la gerencia de una de las pocas reservas morales que va quedando en Venezuela. La primera pretende convencer al público de que licitar dicho beneficio equivale a la satanizada privatización del mismo; la segunda calumnia a la universidad riega la especie de que el personal que actualmente participa en el servicio alimentario será echado a la calle inmisericordemente; la tercera, “denuncia” que el usuario estudiantil pasará a pagar un monto considerable por su ración, después de haberse mantenido la tradicional gratuidad con enorme esfuerzo por parte de la universidad.
Y dada la neurótica y moralista tendencia al canibalismo con que tantos navegantes en las redes sociales nuestras tienden a juzgar y desacreditar a cuanto mortal se eche encima la difícil responsabilidad de liderar cualquier iniciativa hoy día y en este país, es bueno contrarrestar cualquier ataque que recoja y difunda la campaña de desinformación ya descrita. Bueno es saber que: la universidad continuará siendo responsable y garante de prestar un servicio que, en las difíciles circunstancias que las políticas oficiales nos han colocado, es imprescindible para el estudiante y para la familia que lo mantiene aquí (dato importante es que el liderazgo estudiantil ha pedido que se dé el paso de licitar, y todas las universidades gobierneras licitan sus respectivos servicios de comedor); el personal que labora en los comedores será reubicado en la universidad misma, lo cual es un gran bien dada la necesidad de cubrir gran cantidad de puestos vacantes por jubilación que la institución no puede sustituir, y, por último, procurar un más eficiente uso del menguado presupuesto para servicios estudiantiles no puede resultar en encarecerlos, sino en mejorar calidad de la dieta en el comedor manteniéndolo libre de costo para el estudiante.
No prestarse alegre y torpemente a la ruina de la reputación de la universidad, del Alma Mater que ha logrado mantener su oferta de calidad y atención precisamente para sostener a Venezuela viva y esperanzada en el ominoso presente del proyecto que la oprime, requiere estar bien informados. No basta callar la mentira: es preciso decir la verdad.
