Por: Germán Rodríguez Bustamante…
Venezuela atraviesa una profunda incertidumbre política y económica, tras la intervención militar de Estados Unidos, que resultó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Aún persisten interrogantes fundamentales, entre ellas, la viabilidad del plan de estabilización, recuperación y transición diseñado por Washington. En el reciente foro económico mundial diferentes expertos, visualizan el futuro del país desde variadas perspectivas. Para algunos la estabilidad política es represión y contención de demandas democráticas. Sus argumentos se fundamentan por la permanencia de presos políticos en prisión y la severa restricción de las libertades fundamentales. Se sostiene un clima de coerción interna, que disuadirá a los millones de venezolanos en el extranjero, de regresar para ayudar a impulsar la reconstrucción económica del país. Hasta el momento no se ha asomado una fecha para una elección, a pesar de que las disposiciones constitucionales, exigen que las autoridades interinas convoquen a votaciones en un plazo de 30 días. Esto socava la legitimidad del gobierno interino, para redactar un marco legal creíble para las inversiones.
Otros expertos sustentan su perspectiva en la fortaleza petrolera del país, sin embargo, se han mostrado cautos ante un posible regreso a la época dorada de la producción petrolera en Venezuela. Las compañías petroleras internacionales que permanecieron en el país podrían generar ganancias relativas a corto plazo, si sus activos fueran reparados y optimizados, lo que aumentaría la producción potencialmente en un tercio. No obstante, saben que reconstruir la industria petrolera venezolana requeriría decenas de miles de millones de dólares y años de inversión sostenida. Por otro lado, quieren ver una transición hacia un gobierno estable, con el apoyo del pueblo venezolano, un régimen de inversión estable, estado de derecho y una política de transparencia sobre cómo funcionará eso. La evidencia en sociedades posconflicto y en transiciones democráticas en América Latina, sugiere que, para tener éxito, la recuperación tras estos procesos requiere de un amplio respaldo de las élites del país.
Algunos señalan que en el contexto actual los políticos, los militares, los líderes empresariales y los intermediarios de poder en Venezuela, han encontrado la manera de seguir beneficiándose del statu quo. La tarea de reunirlos y convencerlos de que, si trabajan juntos y comparten una visión, todos se beneficiarán porque el pastel será más grande, esto es en realidad, más difícil de lo que parece. El desafío como una apuesta colectiva, es pedir a las élites que renuncien a los beneficios inmediatos del sistema actual, a cambio de una ruta de prosperidad a largo plazo. Sin embargo, esto es posible, como han demostrado otros países. Si la comunidad internacional y los actores regionales, actúan en una coordinación política que cree las condiciones necesarias para alcanzar un consenso nacional.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), habló sobre el papel de la institución en la reconstrucción de Venezuela. Goldfajn subrayó el compromiso del BID con la región, pero señaló que la intervención del banco solo es posible bajo condiciones de sostenibilidad creíbles. Explicó que, para operar en Venezuela, el BID requiere la autorización de sus 48 miembros y un marco de relaciones económicas normalizadas, requisitos que hoy no se cumplen parcialmente. Lo cierto es que la inversión es consecuencia directa de la estabilidad. La historia ofrece muchos casos en los que gobiernos autoritarios, proporcionaron entornos predecibles aceptables para la inversión extranjera; sin embargo, es posible que esto no sea suficiente en el caso venezolano. La verdadera interrogante, es si Venezuela puede lograr estabilidad sin la transición democrática y la restauración de derechos, requisitos esenciales para algunos expertos. El futuro de Venezuela depende de las decisiones tomadas en Caracas y Washington. Sin embargo, el énfasis en la estabilidad puede resultar ilusorio para las perspectivas a largo plazo del país. Dadas las profundas restricciones estructurales que complican cualquier acuerdo político, el desafío de reconstruir la confianza en la recuperación de Venezuela sigue pendiente.
En concreto, el alivio de sanciones puede permitir acceso a mercados y respaldo para una transición, pero no está claro si la actual administración estadounidense está preparada para priorizar un proceso de democratización. Las perspectivas del FMI estiman un crecimiento del PIB por arriba del 7 %, aceleración impulsada por la flexibilización de licencias energéticas y mayor estabilidad operativa en la producción petrolera. Inflación promedio anual cercana al 170 %, a pesar de la reducción el indicador sigue haciendo una presión elevada sobre el poder adquisitivo. El riesgo país cercano a 6.000 puntos básicos, puede disminuir de forma significativa el costo de capital de deuda futura. Estos datos generan mejores condiciones para ejecutar un plan de recuperación, pero el diferimiento en la ruta de transición política, debilita estas estimaciones. El FMI instaló mesas de trabajo con equipos técnicos propios y del gobierno interino, en las cuales se está priorizando la estandarización y auditoría de las estadísticas oficiales, requisito exigido por los mercados financieros globales, para estructurar cualquier futuro programa de asistencia financiera o reestructuración de la deuda externa soberana.
A pesar del optimismo reflejado por la métrica de JPMorgan, economistas internacionales y agencias financieras advierten que la baja del EMBI no significa un acceso inmediato y barato a nuevo financiamiento internacional. Dado que Venezuela permanece en default desde 2.017, este indicador solo refleja cuánto valora el mercado las obligaciones pasadas, pero el país no podrá emitir nueva deuda formal de forma económica hasta que no se concrete el canje definitivo de los bonos atrasados y se levanten por completo las restricciones legales vigentes.
En conclusión, el futuro de Venezuela depende de variados elementos, desde aspectos políticos como económicos. La flexibilización de licencias o eliminación total de sanciones, genera condiciones para gestionar inversiones, pero lamentablemente no son suficientes para recuperar la confianza del país, mientras los gestores del desastre sigan controlando el Estado. Es fundamental una ruta de recuperación institucional pronta, para que los ciudadanos puedan confiar en la mesa de diálogo instalada, desafortunadamente los avances son muy pocos y extremadamente lentos, mientras la miseria arropa a los venezolanos, con salarios de hambre y servicios públicos destruidos. La transición no puede diferirse, la comodidad americana y de las elites conectadas, contradice las penurias y vicisitudes que padecen los venezolanos. En este momento la proeza del 03 de enero es parte de la condena preexistente,
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18-10-2026
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