Por: Angélica Villamizar…
La pérdida de la institucionalidad democrática en Venezuela, un deterioro paulatino que se extiende desde hace más de dos décadas, no solo ha impactado a las estructuras del Estado regional y nacional, sino que ha permeado profundamente en el corazón de sus universidades autónomas. Frente a las dinámicas electorales en puerta, tanto en la arena política local y nacional como en el seno de la Universidad de Los Andes (ULA), se abre una ventana de oportunidad crucial. La llegada de nuevas autoridades locales y liderazgos universitarios plantea un desafío impostergable, reinstaurar una gobernanza legítima, plural y plenamente transparente.
Para iniciar la reconstrucción de políticas públicas efectivas y legitimadas, es imperativo trascender los esquemas tradicionales de gestión vertical. Un mecanismo con solvencia probada para articular a diversos actores es el modelo de Gobierno Abierto.
Conceptualizado formalmente desde inicios de la década del 2000, el Gobierno Abierto se define como un modelo de gestión pública orientada a transformar radicalmente la relación entre la administración, ya sea estatal o universitaria y la ciudadanía. Este modelo se cimienta sobre cuatro pilares indivisibles:
- Transparencia: Acceso oportuno, claro e irrestricto a la información pública.
- Participación ciudadana: Inclusión real de la comunidad en la toma de decisiones.
- Colaboración: Co-creación de soluciones conjuntas entre autoridades y sociedad civil.
- Rendición de cuentas: Fiscalización constante y justificación pública del ejercicio del poder y el gasto.
De acuerdo con datos documentados por la organización Transparencia Venezuela, en América Latina y el Caribe ya se contabilizan más de 80 planes de acción de Gobierno Abierto, abarcando experiencias de nivel nacional, regional y local. Estas iniciativas han centrado sus esfuerzos en la publicación proactiva de datos en formatos abiertos y accesibles; el establecimiento de mecanismos de supervisión y control independiente; la creación de espacios de protección y garantías para los denunciantes de actos irregulares; la transparencia y fiscalización rigurosa de los procesos de compras y contrataciones públicas y el fomento de diálogos estructurados y colaborativos con la sociedad civil, la academia y el sector privado.
A nivel normativo, Venezuela cuenta con instrumentos jurídicos que, de ser aplicados con verdadera voluntad política, pueden apalancar esta transformación tecnológica y administrativa. Entre ellos destacan la Ley de Infogobierno (2012) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público (2021).
No obstante, es indispensable destacar que la rendición de cuentas efectiva exige rescatar y profundizar propuestas normativas previas, como las contenidas en el proyecto de Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública de 2016, cuyos elementos de máxima publicidad y protección efectiva al ciudadano fueron omitidos en el texto sancionado en 2021. Asimismo, resulta vital restituir la independencia y el rigor técnico de órganos como la Contraloría General de la República y las Contralorías Internas Universitarias, vetando de forma definitiva la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.
Iniciativas previas demuestran la viabilidad del modelo en el contexto merideño. En el año 2018, en el municipio Rivas Dávila del estado Mérida, se impulsó una experiencia de Gobierno Abierto acompañada directamente por Transparencia Venezuela. En dicho marco, se capacitaron funcionarios públicos en transparencia, se aprobó una ordenanza municipal de acceso a la información, se abrió una oficina de atención ciudadana y el alcalde difundió balances del presupuesto público y ejecución presupuestaria mediante formatos audiovisuales cortos en redes sociales. Esta experiencia evidencia que la transparencia es factible incluso en entornos con limitaciones tecnológicas.
Asumir el paradigma de Gobierno y Universidad Abierta en la ULA y en las instituciones locales requiere afrontar una realidad innegable, las condiciones iniciales en materia de infraestructura tecnológica y apertura de datos se encuentran en un estado de alta precariedad.
El diseño de la política de transparencia no puede ser elaborado a puerta cerrada por los equipos rectorales o gubernamentales. Debe responder a mesas de trabajo conjuntas entre autoridades, gremios docentes, estudiantes, trabajadores y la sociedad civil.
Ante la contracción del espacio cívico en el país, el Gobierno Abierto en Venezuela se cimenta fuertemente en la formación de la ciudadanía. Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria para exigir cuentas de forma informada es la garantía clave de sostenibilidad institucional.
Se trata de promover una transformación de fondo en la conversación pública, instaurando la rendición de cuentas proactiva (portal de datos abiertos presupuestarios, auditorías públicas de adquisiciones, concursos públicos transparentes) como la norma y no como la excepción.
Ante el escenario de elecciones universitarias y el horizonte de cambios políticos en la región y el país, los aspirantes a la dirección de la Universidad de Los Andes y a los cargos de representación pública no pueden limitar sus propuestas a ofertas electorales vacías. La reinstauración de la institucionalidad democrática exige el compromiso firme de abrir las puertas de la gestión, someter el presupuesto al escrutinio público y erradicar las prácticas opacas.
El Gobierno Abierto representa, en última instancia, el puente necesario entre la modernización técnica, la probidad administrativa y la reconciliación democrática que la ULA y Venezuela demandan con urgencia.
20-08-2026 (182-2026)
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