Zoraida Martínez lleva una semana durmiendo en una acera de la avenida México, en el centro de Caracas, junto a otras 269 familias del edificio Continente. La estructura no muestra grietas visibles desde fuera, pero por dentro sufrió daños serios en la base que la sostiene. Ocho inspecciones de Protección Civil, bomberos e ingenieros universitarios no han bastado para que alguien les entregue un documento firmado que certifique si pueden volver a entrar. «No hemos recibido ayuda de ningún ente del Estado», resume Martínez, quien anotó en una hoja de cuaderno a sus vecinos en espera: 155 adultos, tres embarazadas, ocho ancianos y 88 niños.
Su caso ilustra la distancia entre la magnitud del desastre y los recursos que el país ha logrado movilizar hasta ahora para atenderlo. Según cifras dadas a conocer por la propia Delcy Rodríguez, 189 edificios se desplomaron por completo de un total de 855 edificaciones afectadas, lo que dejó a suficientes damnificados como para llenar 46 «campamentos transitorios» de refugio.
Sin embargo, estimaciones de la NASA, basadas en análisis satelital, apuntan a que el número de edificaciones afectadas podría rondar las 58.000. La distancia entre ambas cifras —oficial y satelital— reproduce, a otra escala, la misma brecha que separa los 200 millones de dólares del fondo gubernamental de los dineros que harán falta para la reconstrucción según organismos internacionales.
Un informe técnico de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Undrr), elaborado junto con las firmas Ingeniar CAD/CAE y ERN, estima los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura en unos 37.000 millones de dólares, cifra que corresponde a un evento con un periodo de retorno de 180 años. El propio documento advierte que ese monto no incluye pérdidas económicas indirectas, interrupciones productivas, costos de emergencia ni los gastos de reforzamiento estructural y reconstrucción, por lo que el impacto económico total sería previsiblemente mayor.
Una evaluación satelital del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con una metodología distinta y de carácter más preliminar, sitúa los daños en viviendas y activos económicos en 6.700 millones de dólares.
Frente a esas cifras, el Ejecutivo nacional ha anunciado un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares, cuyo destino ha variado según el momento y el interlocutor. La encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, lo presentó en los primeros días como un fondo para la reconstrucción de hospitales y viviendas, financiado con una cuenta abierta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Este jueves, en declaraciones a medios internacionales, la funcionaria situó ese mismo fondo casi exclusivamente en el terreno de la vivienda, sin mencionar ya el componente hospitalario.
El giro no es menor si se atiende a lo ocurrido con la red sanitaria. La vicepresidenta de Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, confirmó esta semana que los hospitales Francisco Antonio Rísquez y el Periférico de Coche, en Caracas, recibieron clasificación «roja» tras las evaluaciones estructurales y debieron cesar toda actividad asistencial, con el consiguiente traslado de pacientes a otros centros. Otros hospitales, como la Maternidad Concepción Palacios y el J.M. de los Ríos, obtuvieron clasificación «verde» pero con restricciones de ingreso mientras se reparan daños menores en mampostería y cielos rasos. El episodio muestra que la infraestructura pública no colapsada, pero sí dañada, también reclama una inversión que hoy no está garantizada por ningún fondo específico.
La cooperación internacional con montos menores
La cooperación internacional, aunque activa, se mueve en órdenes de magnitud muy alejados de las necesidades estimadas. El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo anunció una donación de al menos un millón de dólares, repartidos entre asistencia humanitaria inmediata y evaluación de daños. La CAF activó un fondo con un millón de dólares de capital semilla, además de una donación previa de 300.000 dólares, y se comprometió a no cobrar comisión por la administración de los recursos que reciba de terceros.
Rodríguez ha señalado además conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para «recuperar recursos» en cuentas del país en ese organismo y destinarlos a la infraestructura de viviendas, así como con el Banco Mundial, que habría ofrecido cooperación no reembolsable y líneas de crédito, aunque sin cifras concretas hechas públicas hasta ahora.
Mientras los montos se negocian en despachos y organismos multilaterales, la reconstrucción física avanza a un ritmo muy distinto sobre el terreno. En la urbanización Las Américas, en Caracas, más de cien familias conviven con el temor de que los tanques de agua fracturados en cuatro edificios terminen de colapsar. Una inspección oficial concluyó que la demolición no puede correr a cargo de los vecinos y que su costo debe asumirlo el Estado, sin que haya fecha para esa intervención.
En El Junquito, veintidós familias que llevaban dieciséis años esperando una reubicación tras derrumbes causados por lluvias hace más de tres lustros vieron sumarse a otras cuatro después del terremoto, y ahora acampan en un terreno donde aguardan materiales de construcción que, según denuncian, solo les ha ofrecido la sociedad civil. En Pericoco, una comunidad rural del estado La Guaira, cinco viviendas colapsaron por completo y sus habitantes, como Noel Hernández, piden ayuda para reconstruir sin que la asistencia oficial haya llegado todavía a la zona.
03-07-2026
