Según un comunicado del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, las medidas fueron acordadas por los tribunales, a petición del Ministerio Público, luego de que el programa solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por supuestos «delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República».
El anuncio se produce dos días después de que culminara la primera ronda de la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen chavista promovido por Estados Unidos.
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14-08-2026
