Los recursos solicitados ascienden a un monto de 5 millones 308 mil 794 bolívares con 63 céntimos
Pese a los esfuerzos hechos por el Gobierno regional para conseguir ante las instancias nacionales los recursos presupuestarios y financieros que permitan la cancelación de las deudas con los docentes activos, jubilados y pensionados, originadas por los aumentos salariales por contratación colectiva, la respuesta ha sido negativa.
“Hasta ahora no hay recursos para saldar las deudas con los docentes adscritos al Ejecutivo regional”. Así lo hizo saber la directora de Presupuesto y Planificación, María Antonia Altuve, quien, junto al director de Educación, Jorge Carvajal Callejas, y el representante de los sindicatos que amparan a los educadores, Humberto Atencio, acudió tanto al Ministerio del Poder Popular para la Educación para hacer las gestiones pertinentes, como a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Luego de la visita al Ministerio de Educación y por recomendación de la directora de Asuntos Gremiales, la comisión acudió a la Onapre para la solicitud de recursos donde indicaron que esta oficina no otorga créditos a los entes públicos si no están autorizados por el Gobierno nacional.
“Allí fuimos atendidos por el responsable de dirigir las entidades político-territoriales, Lara Ferrer, quien manifestó que la Onapre no aprueba créditos adicionales a los organismos públicos, solo se encargan de hacer las estimaciones o cálculos de los recursos que ordene la vicepresidencia y el presidente de la República”, informó Altuve.
Los recursos solicitados, que ascienden a un monto de 5 millones 308 mil 794 bolívares con 63 céntimos, serán distribuidos en el pago por deudas contempladas en las cláusulas de la Segunda Convención Colectiva Única y Unitaria de los trabajadores del sector educación, que por homologación les corresponde a los docentes activos y jubilados de la Gobernación del estado Mérida.
Estas obligaciones están consideradas desde el mes de marzo del presente año, fecha en la que fue aprobada la referida convención, hasta el 31 del mes de agosto de 2018, precisó la directora de Presupuesto y Planificación.
Recordó María Antonia Altuve que los trámites en busca de estos recursos se han hecho en reiteradas oportunidades. En el mes de abril el gobernador Ramón Guevara entregó el primer punto de cuenta relacionado con la solicitud de los recursos para la homologación de docentes activos y jubilados con los beneficios contemplados en la referida Convención Única y Unitaria, durante la gestión del ex vicepresidente Tareck El Aissami, y no hubo respuesta.
Luego, en el mes de mayo se introdujo otro punto de cuenta ante los ministerios de Interior, Justicia y Paz y Educación.
Posteriormente, en el mes de junio, en una reunión conjunta entre la gobernación, los representantes de la Onapre y el Viceministerio de Economía y Finanzas fue tratada y analizada esta deuda, así como otras demandas importantes del Ejecutivo regional y tampoco hubo respuesta.
El punto de cuenta presentado más recientemente ante la Vicepresidencia de la República se hizo el 3 de septiembre, signado con el número 017-2018, “igualmente no se ha recibido una respuesta, ni siquiera han llamado al gobernador a pesar de haber solicitado varias audiencias para tratar estos aspectos”, expresó Altuve.
Es importante destacar que este jueves el gobernador Ramón Guevara informó a la vicepresidencia a través de una comunicación sobre el pliego conciliatorio que introdujeron ante la Inspectoría del Trabajo los representantes de los sindicatos Sitraenseñanza, SILE, Sinprodo y Suma, miembros de la tercera convención colectiva de trabajo, contrato colectivo suscrito por la Gobernación del estado Mérida.
Este petitorio plantea —detalló Altuve— que una vez la Inspectoría del Trabajo admita el pliego conciliatorio, declare la inamovilidad laboral de los trabajadores adscritos a la Dirección de Educación con el objeto de activar la participación de las partes para armonizar los puntos de vista e intereses con el fin de que este conflicto no derive consecuencias irreparables o de difícil reparación. “Ante esta situación pido al Ejecutivo nacional tome el interés debido para no perjudicar a los niños y jóvenes escolares”. /Prensa OCI /Foto: Fernando Moreno
