Por: Angélica Villamizar…
El presupuesto público es un documento mediante el cual se prevén los ingresos y gastos, para un periodo determinado, generalmente de un año y debe responder a una planificación de actividades y metas.
Los principales ingresos que alimentan el presupuesto son los impuestos, la venta de recursos naturales no renovables como el petróleo, la adquisición de deuda y donaciones. Por su parte, los gastos son aquellos que son necesarios para satisfacer las necesidades de la población en cuanto a obras públicas, salud, educación, defensa, sueldos y salarios de funcionarios.
Es necesario que el gobierno de cualquier nivel, nacional, regional o local, elabore el presupuesto ciudadano, que es una presentación más amigable para que cualquier ciudadano lo pueda leer y entender, es decir, que está diseñado para su fácil interpretación y análisis, para que los ciudadanos puedan estar bien informados de la forma en la cual se distribuyen los recursos públicos. Este documento es muy importante porque allí podemos ver plasmados los compromisos adquiridos por el gobierno con los ciudadanos y así hacerle un adecuado control.
Cuando hablamos de satisfacción de necesidades, nos referimos también a la garantía de los derechos humanos por parte del Estado que es su principal deber. En el marco de las políticas nacionales del Estado, están establecidas las obligaciones en materia de derechos humanos.
El marco legal internacional sobre derechos humanos implica la existencia de principios básicos para analizar presupuestos públicos. Este tipo de análisis está orientado hacia la vigilancia del cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Un gobierno eficiente toma en cuenta cuando formula y ejecuta el presupuesto, en qué medida garantizará los derechos económicos y sociales, como por ejemplo, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la protección infantil, a la alimentación, a la salud física y mental, a la educación, entre otros.
Para ello debe utilizar los recursos públicos bajo tres principios básicos, el uso máximo de los recursos disponibles, la progresividad y la no discriminación. Por ejemplo, los recursos de un programa de gasto social deben ser ejecutados o gastados en lo posible en su totalidad priorizando desde luego dicho gasto es decir debe revisar la calidad del gasto.
Generalmente los derechos se concretan en bienes y servicios públicos como centros educativos, centros de salud, servicios relacionados con la seguridad social, protección laboral, vivienda, vías de acceso, y mucho más. Por este motivo, el análisis presupuestario es una herramienta muy importante para llevar a cabo el control social, nos permite ver dónde están las prioridades de los gobiernos. A su vez, el análisis presupuestario con enfoque de derechos puede identificar problemas en la asignación presupuestaria y gestión de recursos públicos. Este análisis nos permite promover la mejora en la asignación efectiva de recursos públicos para garantizar el cumplimiento progresivo de los derechos humanos, y lo podemos hacer siguiente estos sencillos pasos:
Primero identificamos el problema de cumplimiento de derechos humanos que se quiere investigar, como por ejemplo, el derecho a la educación. Luego revisamos en el presupuesto la provisión de bienes y servicios ligados a este derecho identificando, un sector, un programa o un proyecto en específico; el mismo que se considera pertinente estudiar para mejorar el acceso a un determinado derecho.
Posteriormente se recomienda revisar las regulaciones y leyes, así como los documentos de política pública del Estado respecto al tema que estamos tratando. Resaltar los compromisos de política realizados. Luego, reunimos la información presupuestaria y estadística lo más detallada, actualizada y completa que indiquen la situación actual sobre el cumplimiento y el acceso al derecho estudiando.
Luego, definir indicadores que reflejen el nivel de cumplimiento del derecho en cuestión. Finalmente reflexionar sobre las razones que impiden (si fuera el caso) del incumplimiento del derecho estudiado.
La visibilización y divulgación de los hallazgos de este análisis serán claves para comenzar el cambio, y exigir que nuestros derechos sean garantizados por el Estado. Ese es nuestro deber como buenos ciudadanos.
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16-11-2023 (107)