“Esta es la sentencia número 52 que produce que la Sala Constitucional, fraudulentamente constituida, contra la Asamblea Nacional… Viola un principio esencial del derecho público que es el principio de la indelegabilidad de la función pública, la facultad de sentenciar no la puede trasladar el tribunal a ningún otro órgano, la Asamblea Nacional no puede transferir la función de legislar”, explicó el diputado Henry Ramos Allup este jueves, 30 de marzo, en el programa del periodista César Miguel Rondón transmitido a través del circuito radial Éxitos.
Según Ramos Allup, los magistrados de la Sala Constitucional “no solamente se han burlado de la soberanía popular, sino que han interpretado la Constitución contra su propio texto”, y frente a sus decisiones los parlamentarios deben mantener una “actitud de resistencia firme, individual y colectiva ante este tribunal que está cometiendo esta barbaridad”.
“¿Qué vamos a hacer los diputados frente a este allanamiento de hecho a nuestra inmunidad?, pues seguir yendo a la Asamblea Nacional y seguir ejerciendo nuestras funciones porque nuestras funciones no derivan de que alguien nos dio particularmente el título de diputados, sino que fuimos electos por el pueblo. Lo único que no podemos hacer es retraernos y decir: “como los bandidos estos del tribunal dicen que no podemos legislar, pues no seguimos legislando”… Lo único que no podemos hacer los diputados ante esta adversidad es tirar la toalla”, aseveró.
Agregó que todos los parlamentarios deben defender sus funciones constitucionales por encima de “cualquier acto delictual” que cometa algún otro organismo público, debido a que a escala internacional el Poder Legislativo es reconocido como un ente legalmente constituido por la voluntad popular y, por ende, cada decisión tomada por el gobierno nacional que no sea aprobada en primera instancia por la Asamblea Nacional no será considerada por dichas instancias que desde un principio han sido advertidas del estatus “forajido” del régimen.
“Cada vez que el gobierno suscribe un contrato o cualquier negocio de los que según la Constitución deben ser aprobados previamente por la Asamblea Nacional, oficiamos a todas las embajadas para que sepan a qué atenerse y esto le ha causado al gobierno un daño terrible porque cuando van afuera a buscar dinero, lo primero que le ponen por delante es la Constitución” puntualizó.


