Por: Germán Rodríguez Bustamante…
Las medidas económicas son un conjunto de intervenciones o acciones armonizadas que realizan algunos gobiernos, en el marco de políticas económicas, tomadas en un momento coyuntural para corregir algunas distorsiones presentes o dificultades potenciales con la finalidad de mantener el crecimiento económico y el bienestar colectivo. Están constituidas por leyes, regulaciones, subsidios, ayudas, incentivos, gastos sectoriales e impuestos y tasas para obtener ingresos públicos.
El presidente Maduro, luego de una espera larga del país, anunció unas medidas con las cuales busca resolver las profundas distorsiones presentes en la economía nacional. Muchas de ellas eran esperadas; sin embargo, los problemas no fueron atacados en sus orígenes, en consecuencia pareciera un agregado de deseos y aspiraciones sin concreciones reales en el corto plazo para los ciudadanos.
En primer lugar, la política cambiaria fue abordada con la eliminación del sistema complementario de divisas (SIMADI); se incrementó la tasa subsidiada a 10 Bs/$ para productos esenciales, fundamentalmente para alimentos y medicamentos incluyendo materias primas y bienes y servicios intermedios y se creó un mercado aparentemente de libre flotación iniciando con una tasa de 200 Bs/$. Teniendo presente el valor de la divisa en el mercado negro, es cinco veces superior, la medida tendrá resultados positivos en la asignación de precios y por ende en la inflación si y solo si se suministran divisas suficientes al mercado de libre flotación, presionando la tasa del mercado negro a la baja; en caso contrario la tasa del mercado negro seguirá creciendo y la presión sobre la inflación se mantendrá.
Ante la sequía de divisas, producto de la renta petrolera, el presidente no mostró en cifras concretas los resultados esperados de la medida. Él mismo ratificó la caída brutal de los ingresos en divisas señalando que en el mes de enero de este año se recibió 77 millones de dólares por concepto de renta petrolera, lo cual desnuda la fragilidad de esta medida. En conclusión, no hay divisas ni para alimentar el mercado subsidiado y mucho menos para el de libre flotación, amén de los incentivos perversos para que el sistema continúe descompuesto.
En segundo lugar, se realiza un ajuste en el precio de la gasolina consumida internamente, medida aceptada y racionalmente esperada por los venezolanos. Sobre ello el presidente señaló que los recursos obtenidos por tal medida irían a un fondo para apuntalar las misiones, acción que me parece plausible, pero el argumento de la inviabilidad financiera para PDVSA de mantener una gasolina subsidiada no se resuelve. En este punto tampoco el presidente habló de estimaciones futuras de los efectos financieros; el impacto contable sobre la estructura de costos de la empresa se profundizará, con repercusiones graves en su flujo de caja. Debió de hablarse de un plan gradual para llevar el precio interno a un valor cercano al precio internacional o igual al costo de producción estándar.
En tercer lugar se declaró un incremento del salario mínimo del 20 % a partir del mes de marzo y un ajuste del bono de alimentación de 2,5 veces la unidad tributaria, con lo cual el monto del bono es superior al salario, generando una distorsión profunda en las prestaciones sociales. En este punto el presidente no explicó de forma clara y precisa los orígenes del financiamiento para cubrir estos incrementos; para todos está claro que la maquinita de impresión del BCV seguirá prendida con presiones bestiales en la inflación, en consecuencia la medida no recupera el poder de compra del salario, seguimos rezagados y cada día más. La inflación del año 2015 de acuerdo con el BCV fue de 180,9 % y la del mes de enero 2016 de acuerdo con estudios privados del 14 %. Estos ajustes no fueron incorporados en el presupuesto 2016, con lo cual no hay seguridad de cuándo la estructura pública recibirá los recursos para honrar los compromisos y por otro lado no se consideró el impacto en el sector privado.
En cuarto lugar habló del sistema tributario, de la importancia de la cultura de los venezolanos para cancelar los impuestos; es decir, las consecuencias de los desastres gerenciales en la estructura burocrática pública y las empresas estatales los pagaremos los asalariados y las empresas formales. La corrupción, la incapacidad, la ineficiencia tienen unos financiadores: los venezolanos formales clase media. Mientras esto ocurre, el presidente Maduro mantiene más de 30 ministerios, más de 100 viceministerios y una cantidad importante de autoridades territoriales.
Tremenda justicia y ejemplo para el pueblo. La violación de la obligación de los contribuyentes de concurrir no puede afectar el principio de capacidad contributiva a las cargas públicas y del cumplimiento de los deberes de solidaridad social. En conclusión, se trata de medidas parciales, desvinculadas y sin estimaciones futuras de los impactos para poder evaluarlas en el tiempo.
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