El 22 de julio el CU escuchó derechos de palabra a profesores Edgar Morales y Efren Pérez del Núcleo Universitario Rafael Rangel de Trujilo (NURR), quienes expusieron al cuerpo la situación de violencia que se ha desatado en el Núcleo desde hace varios meses y que vivió su último capítulo con el ataque contra la sede de APULA el 9 de julio. Explicó el rector Mario Bonucci que se originó una discusión sobre la violencia en general dentro de la ULA, la cual calificó como “bastante fructífera” pues revela que la discusión se centra en la violencia, resaltando la necesidad de ubicar las causas y actuar sobre éstas.
El Rector mencionó como posibles causas la mala actuación de algunos vigilantes, la anulación de la vigilancia por medio de la violencia y armas de fuego, la impunidad, la indiferencia hacia la violencia por parte de la comunidad, la pérdida de una cultura de paz y cortesía, la carencia de recursos financieros y la falta de acciones disciplinarias para quienes actúan mal dentro de la institución. Explicó que algunos vigilantes no asumen su rol y no entienden que es su responsabilidad proteger la universidad por lo menos preventivamente, mientras que cuando se anula a los vigilantes por medio de las armas y la violencia se recurre sin éxito a las fuerzas de seguridad del Estado, lo que conduce a la impunidad.
“Cuando hay violencia lo primero que hace la ULA es recurrir a la fiscalía”, dijo Mario Bonucci, informando que hay múltiples denuncias de parte de la ULA sin respuesta, poniendo como ejemplo cuando saquearon el comedor y se detuvo un autobús con el botín, las tomas violentas del CU, la quema del carro del Vicerrector de Trujillo, la quema de un joven en Trujillo. “Pediremos a la Fiscalía que nos informe sobre todas estas denuncias sin respuesta”, dijo, ubicando el número de estas por sobre los 72 casos. A esto se suma la falta de respuesta por parte de la Inspectoría del Trabajo sobre múltiples calificaciones de despido contra personas que violan las leyes dentro de la universidad y las leyes de la universidad. “Si no tenemos respuesta vamos a solicitar un recurso de amparo por inacción pues estamos desprotegidos”, afirmó el Rector.
A todo esto se suma la imposibilidad de seleccionar a quienes ingresan como obreros en la universidad, pues la convención colectiva establece que los sindicatos son los que postulan el 75 por ciento de los obreros y la universidad no tiene la posibilidad de seleccionar a los mejores “hay que sentarse con quien corresponda para que entiendan que la selección tiene que ser la más apropiada”.
Asimismo, el Rector señala que existe inacción de los cuerpos de seguridad del estado, pues aun cuando se han declarado zonas de libre tránsito los lugares más neurálgicos no hay acción de los organismos de seguridad, “cuando ocurrió el ataque a la APULA en Trujillo se llamó a la policía de manera inmediata y esta no actuó, yo no estoy pidiendo que la policía esté dentro de la universidad, sólo que vigile las adyacencias y que cuando sea necesario actúe como lo establece la Ley de Universidades”.
Finalmente se refirió a la necesidad de que la universidad tome medidas disciplinarias en contra de empleados, obreros, estudiantes o profesores que incurran en delitos y violen las leyes dentro de la universidad y las leyes de la universidad, “hace falta un reglamento disciplinario. Este está en revisión por parte del Servicio Jurídico y estamos pidiendo que sea presentado a la mayor brevedad”, acotó, refiriéndose también a la necesidad de revisar a aquellos que llevan más años de lo normal sacando una carrera, “estamos pidiendo un régimen de rendimiento académico, está en revisión del Vicerrectorado Académico y estamos pidiendo que se presente rápidamente, si no hay más observaciones que se presente ya”, concluyó.