La reconstrucción del sistema judicial venezolano se ha convertido en uno de los principales desafíos planteados por especialistas y organizaciones de derechos humanos para avanzar hacia una transición democrática en el país. Durante la jornada sobre derechos humanos organizada por Amnistía Internacional en Caracas el 18 y 19 de mayo, abogados, académicos y activistas coincidieron en que la crisis institucional no puede resolverse únicamente con cambios políticos, sino mediante una transformación profunda de la estructura judicial y del Estado de derecho.
En una serie de ponencias enfocadas en visibilizar los desafíos que enfrenta Venezuela en la defensa de los derechos humanos, los expertos advirtieron sobre la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, el debilitamiento del debido proceso, la criminalización de la disidencia y la pérdida de independencia judicial. Destacaron que, pese a los cambios anunciados en el Poder Judicial tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, las instituciones venezolanas siguen operando bajo una lógica de control político que ha convertido el proceso penal en mecanismo de represión.
«El poder judicial se ha terminado convirtiendo en el brazo ejecutor de las decisiones del poder ejecutivo, sin autonomía de jueces e independencia de fiscales», señaló la destacada jurista y académica Magaly Vázquez durante el panel dedicado a la crisis del derecho a la libertad personal en Venezuela.
En el país se han documentado más de 19.000 arrestos arbitrarios por motivos políticos desde 2014. De acuerdo con los especialistas, el sistema judicial opera bajo la premisa de «detener primero e investigar después». Además, se ha institucionalizado la prohibición de defensores de confianza en casos políticos, imponiendo defensores públicos que actúan como subalternos del poder.
El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, denunció la opacidad jurídica en Venezuela. Alertó que existe un fenómeno de «gacetas desaparecidas», 93 desde 2021, de las cuales se desconoce el contenido porque no fueron publicadas como indica la ley. También destacó que bajo el chavismo se ha popularizado la aplicación de leyes «constitucionales» inimpugnables que anulan la seguridad jurídica básica.
Reinstitucionalización profunda del sistema judicial venezolano
Los participantes señalaron que la reconstrucción institucional no puede limitarse a reformas superficiales. A su juicio, el país necesita una reinstitucionalización profunda basada en el cumplimiento efectivo de la Constitución de 1999, la despolitización de los tribunales y la recuperación de garantías básicas como el derecho a la defensa y la seguridad jurídica.
«Lo sucedido en el caso de Víctor Hugo Quero Navas y su madre Carmen Navas es la radiografía de nuestro Poder Judicial. Yo no hablo de que se pueda reconstruir; se puede reconstruir lo que existe, si queda un cimiento por lo menos, pero en Venezuela no hay ni siquiera un ápice para poder reconstruir el Poder Judicial. Hay que hacerlo de cero«, manifestó el abogado defensor Joel García.
Uno de los principales planteamientos estuvo orientado a rescatar la independencia en el sistema judicial. Los expertos afirmaron que la provisionalidad de jueces y fiscales ha generado un sistema subordinado al poder político. Frente a ello, propusieron el establecimiento de concursos públicos de oposición para el ingreso y permanencia en la carrera judicial y fiscal. Según las exposiciones, estos procesos deberían contar con participación de la sociedad civil y jurados académicos independientes, además de mecanismos de transparencia que permitan evaluar públicamente las credenciales técnicas y éticas de los aspirantes.
Los especialistas también insistieron en la necesidad de eliminar la figura de los comisarios políticos en el sistema judicial y terminar con las prácticas mediante las cuales jueces consultan decisiones con actores externos al proceso judicial.
García aseguró que para poder avanzar hacia una transición democrática, en Venezuela «necesitamos jueces que teman a la historia, pero que no le teman al poder; mientras le teman al poder, no vamos a tener un sistema de justicia limpio».
Otra de las prioridades planteadas durante las jornadas fue el rescate del derecho a la defensa. Los ponentes denunciaron que desde finales de 2023 se ha consolidado la imposición de defensores públicos en casos políticos o vinculados con acusaciones de terrorismo, impidiendo a los detenidos acceder a abogados de confianza.
Las organizaciones participantes advirtieron que esta práctica ha generado aislamiento de expedientes y serias restricciones al debido proceso. También alertaron sobre casos de criminalización de abogados defensores por intentar ejercer funciones de representación legal.
«Uno de los primeros retos que tenemos entonces ahora es el de rescatar el derecho a la defensa; no hay derecho a la defensa en Venezuela», advirtió el abogado Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.
Entre las medidas propuestas figura la emisión inmediata de directrices que obliguen a los tribunales a aceptar defensores privados y garantizar el acceso a expedientes judiciales desde el inicio del proceso.
Los expertos plantearon igualmente la necesidad de reformar el Código Orgánico Procesal Penal para revertir normas consideradas regresivas, entre ellas la utilización de la presunción de fuga asociada a la gravedad de la pena como argumento para mantener detenciones preventivas prolongadas.
Durante el encuentro se cuestionó además la existencia de tribunales con competencia en terrorismo. Especialistas sostuvieron que estas instancias fueron creadas mediante resoluciones administrativas y no por ley, lo que a su juicio viola el principio constitucional del juez natural.
La eliminación de esas jurisdicciones especiales fue presentada como una de las medidas inmediatas que podrían adoptarse y que permitirían revertir violaciones al debido proceso y facilitar la liberación de detenidos cuyos casos han sido procesados bajo esquemas considerados inconstitucionales.
«Es imperativa la eliminación del tribunal especial de terrorismo. Eso es absolutamente inconstitucional. Además, se debe aplicar una política de tolerancia cero contra la corrupción», señaló Tamara Bechar Alter, abogada y profesora universitaria.
Justicia transicional y centralidad de las víctimas
Los participantes coincidieron en que cualquier proceso de transición democrática debe colocar a las víctimas en el centro de las políticas de justicia y reparación.
Por ello, una de las principales propuestas fue la creación de una comisión de la verdad integrada por personas técnicamente capacitadas e independientes, encargadas de investigar violaciones de derechos humanos, documentar responsabilidades y establecer mecanismos de reparación integral.
«Es necesaria la conformación de comisiones de la verdad. Las víctimas tienen derecho a saber qué es lo que ha sucedido para que podamos hablar de reparación y no repetición. Mecanismos como esos tienen que implementarse: hay necesidad de que se oxigenen las instituciones, de que haya pluralidad en las investigaciones, de que la sociedad civil pueda verdaderamente participar en este tipo de investigaciones», manifestó Vásquez.
Himiob coincidió en este punto y añadió que una comisión de la verdad deberá estar integrada con «personas que sean de verdad manifiestamente idóneas para el cumplimiento de su función y que además cuenten con el apoyo no solo del pueblo en general, sino de las instituciones».
«Si nos guiamos por los criterios de la ONU, las comisiones de la verdad son uno de los mecanismos que se utilizan para sociedades que ya han salido del conflicto, lo que nos deja sobre la mesa la pregunta: ¿en Venezuela hemos salido del conflicto? ¿Estamos listos para una comisión de la verdad en este momento? No lo sé», agregó.
Las exposiciones insistieron en que la reparación no puede limitarse a medidas simbólicas, sino que debe incluir garantías de no repetición, reconocimiento de responsabilidad y acceso efectivo a la justicia.
La necesidad de preservar la memoria y registrar pruebas también ocupó un lugar central en el debate. Himiob afirmó que “el principal enemigo de un preso o perseguido político es el olvido”, por lo que destacó que la documentación de violaciones de derechos humanos será determinante para futuros procesos de justicia transicional y rendición de cuentas.
También se abordó el impacto de la crisis institucional sobre grupos vulnerables, especialmente niños y adolescentes. Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Cecodap, denunció la detención de aproximadamente 220 adolescentes bajo acusaciones graves como terrorismo y alertó sobre retardos procesales y ausencia de mecanismos internacionales de protección.
«La situación de los niños es uno de los indicadores más precisos para medir si existe o no seguridad jurídica en el país. Porque cuando el derecho deja de funcionar, la niñez suele ser la primera en sentirlo, pero es la última en recuperarse», manifestó.
Trapani destacó que en la niñez, la reparación no comienza cuando termina una medida, un proceso o cuando una persona recupera su libertad.
«La reparación comienza cuando el Estado es capaz de revisar críticamente su actuación, reconocer los factores que permitieron esta situación y adoptar cambios para impedir que esos hechos vuelvan a ocurrir. La fortaleza de un Estado no se mide por su capacidad para ejercer el poder, se mide por su capacidad para limitarse», dijo.
Cooperación internacional y presión multilateral
Ante la falta de independencia institucional en el país, los ponentes resaltaron el papel que han desempeñado organismos internacionales en la documentación de violaciones de derechos humanos y en la protección de las víctimas.
Las jornadas destacaron el trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que ha investigado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela.
«El primer deber que tiene el Estado venezolano es investigar con sus propias instituciones, y nosotros debemos exigirle al fiscal general de la República que tiene que investigar a los que la misión de determinación de hechos ha señalado. Hay recomendaciones que ha hecho la misión que solo falta la voluntad política para que tengan efecto positivo», indicó Marino Alvarado, coordinador legal de Provea.
Se analizaron los avances de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre la situación Venezuela I. Los expertos recordaron que la CPI concluyó que existen fundamentos para considerar que el Estado venezolano no tiene voluntad ni capacidad de investigar seriamente a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
En relación con el sistema interamericano, los especialistas señalaron que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen una hoja de ruta para la reconstrucción institucional del país.
Entre las medidas inmediatas planteadas figura el reingreso de Venezuela al sistema interamericano, el cumplimiento de las decisiones de la Corte IDH y la autorización de visitas permanentes de relatores especiales de Naciones Unidas.
También propusieron permitir el ingreso de la Cruz Roja Internacional y de organismos multilaterales a centros de reclusión para verificar condiciones de detención y prestar asistencia humanitaria.
Modernización, transparencia y dignificación en el sistema judicial
Las propuestas discutidas durante la jornada incluyeron transformaciones técnicas y administrativas orientadas a reducir la corrupción y fortalecer la transparencia.
Entre ellas destacaron la digitalización total de expedientes judiciales para evitar pérdidas de causas y mejorar el acceso a la información, así como el uso de tecnologías de asignación aleatoria de expedientes para impedir manipulaciones políticas en la distribución de casos.
Los especialistas advirtieron, sin embargo, que la incorporación de inteligencia artificial debe limitarse a tareas administrativas y no sustituir el análisis humano en decisiones penales.
La autonomía de los órganos forenses y de criminalística también fue presentada como elemento clave para garantizar investigaciones imparciales. Los expertos propusieron separar orgánica y presupuestariamente estos organismos de los cuerpos policiales.
Otro de los puntos reiterados fue la necesidad de dignificar las condiciones laborales de jueces, fiscales y funcionarios judiciales. Las jornadas señalaron que los bajos salarios y el deterioro de la infraestructura judicial aumentan la vulnerabilidad frente a la corrupción, la extorsión y las presiones políticas.
Para los participantes, la reconstrucción del sistema judicial venezolano representa mucho más que una reforma institucional. Aseguraron que se trata de un requisito esencial para recuperar la confianza ciudadana, garantizar derechos fundamentales y construir las bases de una transición democrática sostenible.
21-05-2025
https://www.elnacional.com/2026/05/las-propuestas-para-reconstruir-el-sistema-judicial-venezolano/
