El sistema judicial venezolano ha comenzado un proceso de desmantelamiento de la polémica jurisdicción especial de terrorismo. Hay que destacar que esta instancia fue ampliamente cuestionada por organismos internacionales y defensores de derechos humanos. Además, fue utilizada durante años para procesar y condenar a dirigentes y militantes de la oposición.
El abogado Omar Mora Tosta informó recientemente que los expedientes de tres destacados representantes de Vente Venezuela fueron trasladados a tribunales penales ordinarios ubicados en el interior del país. Según el jurista, este movimiento revela una verdad que no puede ocultarse: la ilegalidad de origen de dichos tribunales, reportó Infobae.
Una jurisdicción «ad hoc» y sin respaldo legal
Mora Tosta argumentó que la jurisdicción de terrorismo nunca debió existir. La razón es que fue creada mediante una resolución administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y no a través de una ley formal. Por esta razón, estos son tribunales ad hoc, cuya única función real ha sido juzgar a ciudadanos por razones políticas.
El especialista en derecho penal, Joel García, respaldó esta postura al señalar que la jurisdicción especial arrastra un vicio de nulidad absoluta. García fue enfático al declarar que «distribuir los expedientes a jueces ordinarios no borra el pasado», ya que todas las privaciones de libertad y sentencias previas nacieron viciadas.
Exigencia de libertad y nulidad integral
La organización Acceso a la Justicia ha manifestado que, ante la inconstitucionalidad de estos juzgados, el Estado debe proceder con la anulación total de los juicios. Según la ONG, no existe posibilidad alguna de convalidar las decisiones dictadas por este tipo de tribunales.
Los expertos coinciden en que, para restaurar el Estado de Derecho en Venezuela, no basta con trasladar archivos de una oficina a otra. La exigencia es la libertad inmediata de los procesados. una declaración de nulidad integral para todos los procesos simulados que carecieron de garantías procesales.
Desafíos en la transición judicial
Aunque la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha impulsado una Ley de Amnistía que permitió la liberación de centenares de presos políticos, los defensores de derechos humanos advierten que el camino hacia la justicia plena es largo. Se estima que aún permanecen tras las rejas más de 400 personas por motivos políticos.
El debate ahora se centra en la necesidad de avanzar hacia una justicia transicional verdadera. Activistas y víctimas subrayan que la reforma penal no debe limitarse a cambios administrativos, sino que debe incluir procesos reales de reparación, verdad y garantías de no repetición que aseguren el desmantelamiento definitivo de la estructura de represión instaurada durante el gobierno de Nicolás Maduro.
30-05-2026
