Tener comida disponible diariamente, que los salarios devengados alcancen para adquirir la canasta básica, que los alimentos aporten nutrientes necesarios para tener una vida sana, son características fundamentales para garantizar una seguridad alimentaria en la población.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), existe seguridad alimentaria cuando “… todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”.
Por otra parte, el artículo 305 de nuestra Carta Magna establece que “El Estado promoverá la agricultura tropical sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral y, en consecuencia, garantizará la seguridad alimentaria de la población…La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna”.
Sin embargo, en Venezuela el derecho a estar protegido del hambre y la malnutrición, no está garantizado, ya que gran parte de la población, especialmente aquellas que viven en sectores populares, presentan alto índice de inseguridad alimentaria y desnutrición, esto según cifras que arrojan diversos estudios, entre ellos el Programa Mundial de Alimentos (2020) que señala que 9,3 millones de venezolanos sufrían inseguridad alimentaria.
También la encuesta Encovi, informa que al menos 639.000 niños menores de 5 años presentan desnutrición crónica. De igual modo, Cáritas Venezuela ha venido monitoreando la seguridad alimentaria en el país, e indica que 34% de los niños evaluados tenía algún grado de desnutrición aguda o estaban en riesgo de tenerla.
A razón de la crisis humanitaria compleja que se vive en el país, aunado a la pandemia causada por el Covid-19, los venezolanos han disminuido en cantidad y calidad el consumo de alimentos y la mayoría de los habitantes de los sectores populares, simplemente esperan por la llegada de una bolsa de alimentos subsidiados (por lo menos 3 veces al año) que contienen 12 kilos aproximadamente y que no aportan una dieta balanceada, que solo contiene carbohidratos, para poder sobrevivir. Mérida no escapa a esta situación; según la Encovi este estado presenta un 76,7% de inseguridad alimentaria severa.
En las personas que padecen enfermedades crónicas, y en especial, los niños y los adultos mayores, una dieta balanceada es vital para su salud, y por el contrario, las dietas son de mala calidad y el consumo de vitaminas y minerales son deficientes.
Esta situación ha tenido un efecto severo tanto mental como físicamente sobre todo en las madres, que cada día pasan la angustia de pensar en cómo alimentar a su familia con lo poco que tienen en su despensa.
Afortunadamente, algunos actores políticos y de la sociedad civil han estado buscando ayuda internacional para combatir el hambre que se padece, por ello, organizaciones internacionales han venido haciendo aportes a comunidades en un esfuerzo de tratar de frenar el hambre en la población venezolana.
Recientemente, el Programa Mundial de Alimentos, por medio de una operación humanitaria, informa que atenderá a niños en las escuelas, esperando cubrir a 1,5 millones de estudiantes para finales del año escolar 2022-2023.
Se espera que esta ayuda no sea politizada y se mejore la situación nutricional de las personas, especialmente en los niños, ya que la desnutrición podría causar efectos irreversibles en su salud.
Para lograr buenos resultados, la sociedad civil deberá estar alerta y exigir a las personas que estarán al frente de esta ayuda, mantener información clara, completa y oportuna a los ciudadanos de todo el proceso, desde que arribe al país hasta las cifras de niños atendidos, qué consumen, los criterios de distribución, entre otros datos, para minimizar de esta manera los riesgos de ilegalidades.
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22-04-2021 (41)
