La ONG defensora de derechos humanos alerta en una declaración sobre la situación procesal de algunos de los funcionarios privados de libertad que participan en la medida extrema, al señalar que permanecen encarcelados a pesar de haber extinguido la totalidad de las sanciones penales dictadas en su contra.
«Especialmente grave resulta la denuncia de que varios de estos militares ya habrían cumplido las penas impuestas por los tribunales y, pese a ello, continúan privados de libertad», advirtió el Instituto CASLA, que calificó la retención prolongada de vulneración directa del ordenamiento jurídico.
Denuncia de «secuestro institucional» y prolongación arbitraria de penas
La organización subrayó que mantener bajo custodia a ciudadanos que ya saldaron sus condenas sin que exista sustento legal constituye una modalidad agravada de privación ilegítima de la libertad ejecutada desde el propio aparato estatal.
Sostiene que ninguna instancia pública posee facultades para prolongar de manera discrecional el tiempo de reclusión fijado por sentencia firme.
«El Instituto CASLA considera que, de confirmarse estos hechos y la ausencia de cualquier otro fundamento legal para su reclusión, estaríamos ante una forma particularmente grave de detención arbitraria, que denunciamos como “secuestro institucional”, por tratarse de personas cuya libertad estaría siendo retenida mediante actuaciones u omisiones de las propias instituciones obligadas a garantizar sus derechos», señala.
Y añade: «Una condena cumplida no puede convertirse en una prisión indefinida. Ninguna autoridad puede prolongar arbitrariamente el encarcelamiento».
Pedido de verificación médica
Ante el deterioro progresivo que implica una semana sin ingerir alimentos, el Instituto CASLA formuló un llamado de urgencia a instancias humanitarias y de contraloría estatal para que acudan al recinto penitenciario militar en el estado Miranda.
La solicitud plantea el despliegue de delegados de la Cruz Roja Venezolana, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo de Venezuela, conforme a sus respectivas competencias.
El requerimiento apunta a que esos organismos constaten las condiciones de los huelguistas, practiquen evaluaciones médicas independientes, establezcan monitoreo continuo sobre su evolución clínica y verifiquen que no sean objeto de coacciones ni represalias por ejercer protesta pacífica.
Excarcelación inmediata y revisión imparcial de expedientes
Más allá de la asistencia sanitaria, la organización instó a las autoridades venezolanas a ofrecer respuesta jurídica inmediata mediante la aplicación efectiva de la ley. Reclamó la emisión de boletas de excarcelación para quienes cumplieron penas, y auditoría urgente e imparcial sobre los expedientes de militares que denuncian persecución política e irregularidades procesales.
«La atención médica es indispensable, pero no sustituye la justicia. La supervisión humanitaria es urgente, pero no puede convertirse en una excusa para ignorar las demandas de libertad», avierte el Instituto CASLA.
Exhortó a los mecanismos nacionales e internacionales a documentar el caso y actuar para prevenir daños irreparables respetando la voluntad y los derechos de los reclusos en huelga.
16-11-2026


