Cada 3 de mayo, cuando el mundo se detiene a hablar de la libertad de prensa, en Venezuela surge una dificultad para nombrar con claridad lo que estamos viviendo. Porque no es la ausencia absoluta de periodismo. Se trata de algo más complejo, un oficio que persiste en condiciones que lo obligan a retraerse, a medirse constantemente. Hay periodistas que ya no firman, que ya no están donde quisieran estar, que aprendieron con desgaste a moverse dentro de ciertos márgenes para poder seguir informando. En ese aprendizaje, se ha ido instalando una forma de hacer periodismo atravesada por el cálculo, la precaución y una incertidumbre que no se disipa.
Lo que documentamos a lo largo de 2025 permite dimensionar con mayor claridad ese cambio. IPYS Venezuela registró 111 casos que agruparon 139 violaciones a la libertad de expresión, una cifra menor que en años anteriores, pero que, leída en contexto revela algo distinto. El riesgo no desapareció, se desplazó. 25 detenciones arbitrarias y cinco desapariciones forzadas marcaron un punto de quiebre. A partir de ahí, el impacto dejó de ser individual y comenzó a extenderse sobre todo el ecosistema, reconfigurando decisiones cotidianas, agendas de cobertura y límites editoriales.
Este cambio no fue solo perceptible, fue asumido por la mayoría. Más de ocho de cada diez periodistas reconocieron haber modificado su manera de trabajar como respuesta a un entorno que impone límites. La cobertura se volvió más distante, la presencia en el terreno más excepcional. Lo que antes podía entenderse como una práctica de bajo perfil terminó convirtiéndose en una condición para seguir ejerciendo. Así, el impacto ya no se mide solo en agresiones registradas, sino en algo más difícil de cuantificar: los temas que se dejan de cubrir, las preguntas que ya no se formulan y las historias que nunca llegan a contarse.
En 2026 este patrón no se ha detenido. En los primeros meses del año, IPYS Venezuela ha documentado 36 violaciones a la libertad de expresión en un escenario donde persisten los mecanismos de control que combinan acciones directas y discrecionalidad estatal. Los acontecimientos del 3 de enero no solo marcaron un punto de inflexión coyuntural. También expusieron con claridad el estado real del país en materia informativa.
Detenciones de periodistas durante coberturas, revisión y borrado forzado de material informativo, agresiones físicas y verbales, cierres de emisoras y advertencias públicas contra medios mostraron que documentar y difundir información sigue implicando un riesgo inmediato, incluso en momentos de alta visibilidad.
Las excarcelaciones ocurridas a mediados de enero y febrero, aunque relevantes, no implicaron una restitución de garantías. Se produjeron bajo criterios poco transparentes y coexistieron con la continuidad de procesos judiciales abiertos con cargos desproporcionados, impedimentos para el ejercicio de la defensa privada y restricciones de acceso a los expedientes judiciales.
Periodistas como Carlos Julio Rojas, Rory Branker, Ismael Gabriel González, Jonathan Carrillo, Luis López y Omario Castellanos continúan judicializados o a la espera de la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía. En este contexto, la libertad no opera como un derecho plenamente restituido, más bien funciona como una concesión parcial y reversible. Lo que se configura no es el cierre de un ciclo de persecución, sino su reacomodo bajo nuevas lógicas, donde la amenaza no desaparece y se administra de forma selectiva.
Pensar en la libertad de prensa en Venezuela implica ir más allá del diagnóstico y plantear las bases para su restitución. La reconstrucción democrática pasa por recuperar un mínimo de garantías que hoy están ausentes, desde el cese de la persecución judicial y la liberación plena de quienes han sido detenidos por expresarse, hasta el desmontaje de los mecanismos que sostienen la censura estructural. Esto incluye el desbloqueo de medios digitales, la restitución de concesiones, el acceso efectivo a la información pública y el fin de la vigilancia e intimidación sobre periodistas y ciudadanos.
Son acciones inmediatas y posibles que no dependen de interpretaciones, dependen de voluntad política. La Alianza por la Libertad de Expresión ha planteado con claridad este camino a través de un conjunto de medidas concretas orientadas a restituir derechos civiles y políticos fundamentales. No es una agenda futura, es un punto de partida indispensable. Sin condiciones reales para informar y estar informado, no hay decisiones conscientes ni procesos democráticos legítimos.
Ipys 3-05-2026
