JEP informó que verificó la salida de prisión de 29 personas, aunque aclaró que 17 de ellas no figuraban previamente en su registro de presos políticos debido a los criterios metodológicos empleados por la organización.
Al menos 42 mujeres permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, de acuerdo con el registro actualizado de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP). El balance público de la ONG, actualizado al 2 de octubre, contabiliza 424 personas detenidas bajo esta categoría, de las cuales 42 son mujeres.
La cifra se conoce después de las excarcelaciones registradas tras la segunda ronda de conversaciones entre representantes del Gobierno y de la oposición. JEP informó que verificó la salida de prisión de 29 personas, aunque aclaró que 17 de ellas no figuraban previamente en su registro de presos políticos debido a los criterios metodológicos empleados por la organización.
Un registro de JEP facilitado a Efecto Cocuyo detalla las identidades, lugares de reclusión, fechas de detención y características demográficas de las mujeres que continúan detenidas. Entre los casos figura una ciudadana de 61 años, detenida en el Distrito Capital, cuyo estatus aparece registrado como desaparición forzada.
La mayoría fue detenida entre 2024 y 2025
De acuerdo con el documento, 31 de los casos corresponden a detenciones efectuadas durante 2024 y 2025: 17 mujeres fueron arrestadas en 2024, buena parte en el contexto electoral, y otras 14 durante 2025.
El resto de las aprehensiones se remonta a años anteriores: tres en 2019, una en 2020, una en 2021, cuatro en 2022 y dos en 2023.
JEP ya había documentado en agosto que la mayoría de las mujeres incluidas en su registro pertenecían a la sociedad civil y que los casos de mayor antigüedad se remontaban a junio de 2019. En ese momento contabilizaba 44 detenidas.
Entre el 29 y 31 de julio de 2024, según el registro actualizado, fueron detenidas nueve mujeres en el Distrito Capital, Miranda y Apure. El 8 de julio de 2025 se produjeron otras cuatro aprehensiones.
Inof y La Crisálida concentran a la mitad
La mayor concentración de detenidas se encuentra en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) y su anexo La Crisálida, ambos ubicados en Los Teques, estado Miranda.
Según el registro suministrado por JEP, 14 mujeres permanecen en La Crisálida y otras siete en las instalaciones principales del Inof.
Debido al temor de familiares a posibles represalias o afectaciones en los procesos judiciales, la identidad de buena parte de las detenidas permanece bajo reserva. Esta práctica ya había sido señalada por JEP en registros anteriores.
Entre los nombres autorizados para su publicación se encuentran María de los Ángeles Perdomo Torres, Kristyel Rosaline Andrade García y María Alejandra de la Trinidad Rodríguez Malavé, recluidas en el Inof. Gladys Orellana Martínez, de nacionalidad mexicana, permanece en La Crisálida.
El documento también señala que Maurelys Vilchez y Maryorie Plaza cumplen medidas de arresto domiciliario. Otros casos están distribuidos entre Yare III, Rodeo I, dependencias del Cicpc y comandos de la Guardia Nacional Bolivariana en distintas regiones.
Ocho pertenecen a cuerpos de seguridad
Ocho de las 42 mujeres registradas pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado y concentran algunos de los expedientes más antiguos.
Entre ellas se encuentra Carla Yancelys Antón Farías, detenida en junio de 2019. JEP ha señalado que permanece privada de libertad por un caso relacionado con un supuesto plan contra autoridades del estado Monagas.
Antón Farías y Anyi Andreina Azuaje Fernández, detenida en 2020, permanecen recluidas en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, según el registro.
Mujeres de entre 19 y 63 años
La sociedad civil constituye el grupo con mayor número de casos, con 31 mujeres, seguida por ocho integrantes de organismos de seguridad y dos vinculadas a organizaciones políticas.
En cuanto a las nacionalidades, el listado contabiliza 39 venezolanas, dos ciudadanas con doble nacionalidad —venezolana-italiana y venezolana-colombiana— y una mexicana.
En 27 de los 42 expedientes se conoce la edad de las detenidas: el rango va de 19 a 63 años. Registros anteriores de JEP ya situaban en esas edades los extremos del grupo de mujeres privadas de libertad por motivos políticos.
El Distrito Capital concentra la mayor cantidad de procedimientos, con 14 casos, seguido por Apure, Miranda y Zulia.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha reconocido que durante 2026 disminuyeron significativamente las detenciones arbitrarias por motivos políticos y se produjeron numerosas excarcelaciones, pero advirtió que persisten casos de desaparición forzada, denuncias de tortura y otras vulneraciones. También señaló que, ante la falta de datos públicos transparentes, las cifras sobre personas excarceladas y aquellas que permanecen detenidas continúan variando entre las organizaciones que monitorean la situación.
03-10-2026
