Todos son responsables del vergonzoso e inexcusable ciclo de errores relacionados con el cobro de los tributos en el Municipio Libertador del estado Mérida.
Así lo señaló José Luis Vásquez Crespo, ex Presidente del Concejo Municipal Libertador de Mérida (periodo 2016-2017) al señalar: en primera instancia la supuesta asociación de Alcaldes Bolivarianos no tiene competencia para dirigir la materia tributaria, además que no existe legalmente, el acuerdo de armonización tributaria por ellos planteada viola lo establecido en la Ley del Poder Público Municipal con respecto a ese tema y la sentencia 0027 del TSJ establece una unidad de cuenta para el cálculo de los tributos sobre la base del criptoactivo PETRO además de establecer cambios difíciles de cumplir para las ya depauperadas Alcaldías de Venezuela, en la sentencia establece que los alcaldes deberán adecuar sus ORDENANZAS de acuerdo a la realidad económica de sus Municipios y exhorta en el dictamen nro. 9 de la sentencia a los Concejos Municipales a declarase en emergencia Legislativa para cumplir lo establecido en el artículo 95 de la LPPM # 1 que establece la atribución de iniciar y consultar los proyectos de Ordenanzas Municipales.
El Alcalde usurpa las funciones del Concejo Municipal al emitir actos administrativos (decretos) que aumentan los tributos, pero dicho cuerpo Edilicio abandona su potestad Tributaria establecida en el # 4 del artículo 95 de la Ley del PPM cuando de forma recurrente durante los años 2019-2020 y 2021 le autoriza la publicación en Gaceta Municipal dichos decretos violentando el artículo 163 del Capítulo V relacionado a la potestad Tributaria el cual dice textualmente; “ No podrá cobrarse impuesto, tasa ni contribución Municipal que no esté establecida en Ordenanza”.
Ahora bien el Concejo Municipal al percatarse de su omisión legislativa recurrente e inexcusable emite el Acuerdo 48 donde exhorta al Alcalde Alcides Monsalve a dejar sin efecto los Decretos relacionados al cobro de los tributos, recomendación no atendida tampoco por el Síndico Procurador Municipal ni el Contralor en el cual les insta a comenzar las investigaciones e instruir el expediente respectivo en un plazo perentorio que tampoco fue acatado.
Finalmente los contribuyentes son los perjudicados al verse traicionados por los que deben defender la legalidad, imponiendo cobros elevados en un escenario de Pandemia, crisis económica bajo poder adquisitivo y de compra donde han quebrado negocios y cerrado empresas, además de las consecuencias que acarrea esta medida en el ambito jurídico , operativo y financiero para el ya mermado funcionamiento del Ayuntamiento Merideño.
Debemos buscar una solución, pero eso empieza por asumir responsabilidades y asumir las consecuencias que sus actos ocasionan.
Nota enviada por José Luis Vásquez Crespo
23-07-2021
