Por: Germán Rodríguez Bustamante
La preocupación de todos los seres humanos, al acercarse la etapa final de sus vidas, se encuentra vinculada a la edad, al desgaste físico que se hace visible por el paso de los años y, sobre todo, a las barreras sociales que se generan para poder desempeñar algunas actividades comunes y necesarias a los seres humanos. Poco a poco se van dando cuenta que, a pesar de contar con las condiciones mentales y físicas para realizar aportes importantes a la sociedad, fruto de la experiencia en el campo laboral, científico, académico y productivo, no se tiene un espacio donde interactuar y aportar a la comunidad, solo por el simple hecho de ser viejos. Por ello la gran mayoría se aferran de su pensión para vivir merecidamente esos tiempos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que, las pensiones y jubilaciones se aprueban y se pagan con cargo al presupuesto nacional, a través del IVSS y de los entes públicos que gestionan los regímenes jubilatorios. Lo cierto es que la diversidad de sistemas pensionales venezolanos se sostiene fundamentalmente por la actividad petrolera. Ello en la práctica sujeta la definición del monto y pago de las pensiones, a la disponibilidad de recursos. Sin embargo, la ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. El régimen argumenta el bloqueo y las sanciones para no reconocer y otorgar a los pensionados y jubilados, asignaciones financieras que les permita tener una vida digna, luego de haber cumplido el tiempo y los requisitos para contar con tal condición. La negligencia y la incapacidad en la administración del sistema de seguridad social, ha convertido a la población pensionada y jubilada en un triste ejemplo de vejez empobrecida, hambrienta, sin acceso a medicamentos ni salud, que muere exterminada.
La base contributiva del trabajador y del ente empleador, es decir, la cotización, debería constituir la esencia del sistema pensional complementado con el aporte de los impuestos, para facilitar la búsqueda de una equidad en la distribución social de la riqueza. Lamentablemente ese no es el caso venezolano: la base de cotización no importa, se desecha, contribuyendo a distorsionar el objeto de la pensión de vejez y la jubilación. De hecho, hace más de una década, la pensión y la jubilación se anclaron, indebidamente, al salario mínimo que es un concepto relativo al trabajo y no al derecho humano a una vejez digna. En esencia la pensión es el monto del pago periódico, que se debe hacer a una persona que ha cumplido con las condiciones preestablecidas para ello y que le permita mantener el nivel de vida alcanzado mediante su trabajo. No se trata de una gentileza o una prerrogativa del Estado, es un derecho conseguido por periodos laborales de 25 30 y 35 años, en los cuales se realizaron aportes para contar en el futuro con un pago periódico justo.
Las pensiones y las jubilaciones se constituyen en una prestación económica, resultado final de largos años de trabajo, ahorro forzoso en las cotizaciones a un sistema de seguridad social, cuando la disminución de la capacidad laboral es evidente. Su finalidad directa es garantizar la concreción de los derechos fundamentales de las personas traducidos en la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad social y la vida digna. En la actualidad la pensión de vejez se define como un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro necesario durante toda una vida de trabajo, es decir, que el pago de una pensión no es una dádiva súbita sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años es adeudado al trabajador. Adicionalmente, el desgaste físico, psíquico y/o emocional al que se encuentran sometidas las personas que a lo largo de su vida han laborado, encuentra su recompensa en la obtención de la pensión, la cual garantiza unas condiciones mínimas de subsistencia.
En doloroso observar como los pensionados y jubilados en su totalidad personas de la tercera edad en Venezuela, reclaman todos los meses para exigir un pago periódico que les permita vivir con decencia. Desafortunadamente, son vejados, humillados y maltratados por un Estado que no salvaguarda sus derechos. El sistema judicial ignora los reclamos quedando los pensionados y jubilados sin protección alguna. La tragedia no se limita al pago periódico, sino también arropa a la entrega oportuna de la liquidación y el derecho a la salud. En el marco del genocidio impuesto por el régimen, incorporan un concepto de ingreso mínimo vital, que se sustenta en la resistencia de una masa trabajadora envejecida, cansada y enferma. El resultado de tal sacrificio es fácil de predecir, la capacidad de resistencia está agotada en estos 23 años de destrucción institucional, en consecuencia, la remuneración para resistir es mortal.
Los casos de corrupción cubren también al sistema de seguridad social, los desfalcos de fondos de jubilación, los saqueos del IVSS y la estructura de salud son públicos y noticiosos. Pedir resistir a una masa trabajadora sin esa capacidad, es un insulto y una burla para unas personas que lo dieron todo, y esperan del Estado el pago que les corresponde por su esfuerzo de años de servicio. Aguantar por pensiones mejores en el futuro, no es una solución, ya que muchos de los pensionados y jubilados no tienen futuro, viven su presente día a día para buscar la manera de sobrevivir hoy. Los gobiernos deben asumir sus competencias y cumplir con los derechos humanos de sus ciudadanos. Los argumentos financieros son injustificados, los pensionados y jubilados exigen un tratamiento justo, con remuneraciones periódicas vitales, y un sistema de seguridad social que les garantice su vida. No pueden ser tratados como despojos o desechos de políticas laborales desastrosas y criminales.
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8-5-2023
