Jueces y fiscales han parado este miércoles ante las sedes judiciales de toda España para reflejar su oposición frontal a las reformas de la Justicia emprendidas por el Gobierno. En el comunicado conjunto de cinco de las siete asociaciones profesionales, leído durante el paro de 10 minutos, han denunciado que la independencia judicial «está bajo amenaza» con esos cambios legales, cuya retirada reclaman.
Han añadido que la tramitación de los cambios legislativos está teniendo lugar «en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos».
Así lo han sostenido al frente de los jueces y fiscales que han parado los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
«No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales», han añadido.
Una los cientos de sedes en las que estaban convocados ha sido la de la Fiscalía General del Estado, sacudida estos días por la decisión de proponer el enjuiciamiento del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Allí ha leído el comunicado el fiscal de Sala del Supremo Javier Zaragoza, número uno del escalafón de la carrera fiscal. Una Fiscalía imparcial y autónoma» es un derecho de los ciudadanos, además de «imprescindible para preservar la buena salud democrática de un país».
En la convocatoria del paro frente a las dos reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia, las asociaciones dejaban la puerta abierta a adoptar otras medidas de presión para frenar las reformas. En el comunicado de este miércoles, ya mencionan expresamente «la huelga».
Ante los simbólicos juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, los jueces y fiscales que se han sumado al paro han encontrado enfrente el apoyo de representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y del Sindicato Unificado de Policía, además de decenas de ciudadanos que coreaban numerosos lemas de apoyo, los más frecuentes los de independencia judicial y no estáis solos.
BOLAÑOS: «EL DILEMA ES REFORMAS O INMOVILISMO»
«Todas las reformas de calado en el sector de la Justicia durante nuestra democracia recibieron rechazo y opiniones discrepantes, y hoy son grandes consensos. Esta reforma de la Justicia no será una excepción. Hoy genera debate y en unos años será un gran consenso», ha subrayado en una comparecencia ante los medios en el Congreso.
Bolaños ha sostenido que su reforma es «necesaria» para «europeizar y modernizar» el Poder Judicial y para convertir la Justicia en un servicio público del «siglo XXI». Así, ha asegurado que la Justicia será gracias a esto «más ágil, más rápida, más eficaz» y tendrá «más medios, más jueces y más fiscales» y que mantendrá «la misma independencia y la misma imparcialidad de siempre». Por eso ha llamado a evitar «frases grandiolocuentes» para encauzar el debate en un término «sereno y riguoso» sobre el contenido.
«Tan pronto como se apruebe la reforma vamos a llevar a cabo la mayor convocatoria de jueces y fiscales de la historia: 480 plazas durante el año 2025, otras tantas en 2026 y otras tantas en 2027. Casi 1.500 jueces nuevos en tres años cumpliendo una reivindicación histórica de la carrera. Y cada año se convocarán 480 plazas tan pronto como la ley nos habilite para ello. De esas 480 plazas, 360 serán por oposición y 120 por concurso oposición», ha explicado el ministro de Justicia. De igual modo, ha destacado el blindaje a las becas para que todos, «con independencia de que sus familias tengan una renta baja o media», puedan optar en igualdad de condiciones a una plaza a juez, fiscal o abogado del Estado.
11-06-2025
https://www.elmundo.es/espana/2025/06/11/684961b4fdddff47958b457a.html