Por: Angélica Villamizar…
La democracia no se limita al acto de votar, su esencia radica en la participación activa y responsable de la ciudadanía. Ejercer derechos y cumplir deberes no solo fortalece el sistema político, sino que también impulsa cambios profundos, desde lo local hasta lo nacional. En Venezuela, este principio está consagrado en la Constitución (1999), que define al país como una sociedad «democrática, participativa y protagónica».
El marco jurídico venezolano garantiza este derecho desde distintas perspectivas. El artículo 52 reconoce la libertad de asociación, mientras que el artículo 62 consagra el derecho a intervenir en los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes. Pero es el artículo 70 el que despliega el abanico de mecanismos de participación: elecciones, referendos, consultas populares, iniciativas legislativas, cabildos abiertos y asambleas ciudadanas, entre otros. Además, en el ámbito socioeconómico, promueve formas de organización como cooperativas, empresas comunitarias y otras estructuras basadas en la solidaridad.
Sin embargo, pese a este robusto marco legal, persisten desafíos. Uno de los más urgentes es la inclusión efectiva de la juventud, un sector clave para el futuro del país. Si bien es comprensible que las prioridades de los jóvenes puedan inclinarse hacia otras áreas, es responsabilidad del Estado, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil en general crear espacios que fomenten su participación activa. Solo así se logrará una democracia verdaderamente representativa y transformadora.
La participación no es un simple formalismo; es el cimiento de lo público. Venezuela necesita más ciudadanos comprometidos, y para ello, debe asegurar que todos, especialmente las nuevas generaciones, tengan voz y herramientas para incidir en su destino común.
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05-06-2025 (133-2025)
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