Por: Angélica Villamizar…
La democracia se distingue de la tiranía no por la mera celebración de comicios, sino por lo que sucede después del escrutinio. En el mundo existen dictaduras que maquillan su perpetuidad con simulacros electorales, pero la esencia del sistema republicano no se agota en el acto de votar; se perfecciona únicamente cuando el partido gobernante pierde, reconoce su derrota y cede el poder de manera ordenada a la oposición triunfante.
Durante 25 largos años, Venezuela ha sido la excepción dolorosa a esta regla; desde 1999, el Poder Ejecutivo no ha conocido la alternancia, y esa rigidez ha sido el principal síntoma de una institucionalidad fracturada y de una democracia que, aunque conserva la forma, ha vaciado su contenido.
La alternancia política es el verdadero termómetro de la salud republicana. No se trata de un lujo teórico, sino del freno más efectivo contra la arbitrariedad y el abuso. Cuando un gobernante sabe que su gestión tiene una fecha de vencimiento y que, al final del camino, deberá entregar el bastón de mando a quien venció en las urnas, se ve forzado a dialogar, a construir consensos y a administrar con una mirada prospectiva. Esa certidumbre de que el poder es un préstamo temporal, y no una propiedad perpetua, es lo que impide que el Estado se convierta en un instrumento faccioso. Sin embargo, para que este traspaso no dependa de la magnanimidad del líder de turno, debe estar blindado por una sólida institucionalidad.
Aquí radica la condición indispensable para que la alternancia opere en plenitud; la existencia de organismos electorales autónomos, un poder judicial independiente y un respeto irrestricto a la Constitución. Cuando las instituciones funcionan, el cambio de mando no genera incertidumbre, sino confianza. No hay espacio para la improvisación ni para las sospechas de fraude, porque todo está previsto, protocolizado y verificado. Por ello, la transparencia en los procesos electorales no es un aditivo deseable, sino el cimiento sobre el que se edifica todo el entramado democrático. Sin auditorías creíbles, sin padrones confiables y sin conteos verificables, el simple acto de ir a las urnas se transforma en una farsa que deslegitima a las autoridades y envenena la convivencia social.
Pero el principio de alternancia no puede circunscribirse únicamente a la disputa por la Presidencia de la República. Para que la democracia sea genuina y vibrante, debe ejercerse en todos los estratos de la vida pública. Las gobernaciones y las alcaldías deben estar sujetas a la misma lógica de rotación; de lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar feudos locales que replican los vicios del centralismo.
No obstante, existe un ámbito donde esta máxima cobra una relevancia estratégica que a menudo se subestima, las universidades. Estos centros del saber, llamados a ser la conciencia crítica de la nación, no pueden predicar la democracia si internamente coartan la participación o manipulan los mecanismos de elección de sus autoridades. Realizar comicios limpios y transparentes en las casas de estudio no solo garantiza el principio de igualdad política entre docentes, estudiantes y egresados, sino que también fortalece el control popular y forma ciudadanos que exigen, desde las aulas, el mismo estándar de rectitud que demandan para el resto del país. Una universidad intervenida o sujeta a designaciones discrecionales es una universidad que traiciona su esencia.
La alternancia de poder, sostenida por elecciones limpias, genera un círculo virtuoso; fomenta la paz social, atrae la inversión extranjera al ofrecer estabilidad a largo plazo y permite que la sociedad corrija el rumbo sin necesidad de recurrir a la violencia. Después de 25 años de estancamiento, Venezuela necesita urgentemente recuperar esa costumbre republicana de dejar ir el poder para volver a encontrarlo.
La alternancia no es el fin de una gestión; es el renacimiento periódico de la esperanza. Cada traspaso ordenado del mando representa la oportunidad de recomponer el tejido social, de oxigenar las instituciones y de demostrar que la convivencia es posible por encima de las diferencias ideológicas. Esa certeza de que las reglas del juego se respetan y de que los ciclos políticos tienen un principio y un final es lo que otorga legitimidad al sistema y fortalece la confianza de la ciudadanía en el futuro. Por ello, custodiar la transparencia de cada proceso electoral, sin importar su escala, no es un acto burocrático, sino el ejercicio más elevado de responsabilidad colectiva, porque solo así la democracia deja de ser una aspiración abstracta y se convierte en una realidad que se reconstruye y revitaliza con cada generación.
25-06-2026 (174-2026)
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